Autor: Garrigues y Díaz Cañabate, Antonio. 
   El gobierno y las elecciones     
 
 ABC.    18/01/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

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SERRANO, 61 MADRID

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EL GOBIERNO Y LAS ELECCIONES

EL R e feréndum ha quebrantado las posiciones del no da ta ultraderecha y las de las izquierdas

abstencionistas; ha reforzado las del Gobierno que, a su propia legitimidad de origen, ha sumado una

legitimación democrática; ha respaldado moralmente la institución monárquica —que instituciónalmente

no está sujeta al sufragio—, y ha abierto el camino de la democracia.

El Gobierno tiene que tener ahora más conciencia de que es Gobierno; que tiene la gloria del Poder, que

es escasa y buldiza, y la responsabilidad del Poder, que es tremenda La oposición tiene el derecho de ser

oída y respetada, pero no tiene derecho alguno a gobernar. No se puede pactar con la oposición la acción

de gobierno sin que el Poder quede Inerme entre el Gobierno y la oposición, es decir, en la calle. Esto

vale para esta Gobierno como valdrá lo mismo mañana cuando gobierne lo que hoy es oposición.

La nueva ley de reforma política es una ley fundamental más que se suma a las vigentes que conservan

formalmente esa vigencia, pero varias quedando ya total o parcialmente derogadas y todas "tocadas» en

su esencia.

La vigencia formal de lo que queda de las Leyes Fundamentales durará hasta que las Cortes elegidas por

sufragio universal elaboren prácticamente una Constitución distinta y distante. Distinta, porque la vigente

estaba basada en el sufragio orgánico —que ha sido un sufragio más teórico que real— y el Movimiento

como única fuerza política reconocida, basamento que ha quedado socavado por la Implantación del

sufragio universal y el reconocimiento de los partidos políticos. Distante, porque unas Cortes

constituyentes tienden a radicalizarse y, sobre todo, a dilatarse. Por eso hubiera sido mejor someter a

Referéndum una Constitución que, española en su espíritu, hubiera recogido las normas constitucionales

básicas que rigen en los países de nuestra cultura y área geográficas. Pero como esto no lo ha hecho ni el

primero ni el segundo Gobierno de la Monarquía, hay que preguntarse sobre cuál sea la situación política

en el "Interim; entre la pálida legalidad constitucional vigente y la que haya de sustituirla.

La vida política del presidente del actual Gobierno —su sustitución requerirá la intervención del actual

Consejo del Reino— debe durar hasta la constitución de las nuevas Cortes. Los ministros pueden, en

cualquier momento, ser removidos y sustituidos por otros. En principio no es conveniente una crisis, pero

en todo caso no se plantea con ello un problema de fondo.

Después de fas elecciones, las fuerzas políticas reales del país se habrán puesto de manifiesto y podrá

haber y deberá haber una mayoría parlamentaria, sea de un partido, sea de una coalición de partidos

atines. En una democracia estas ftrerzas son fas que tienen que gober"*> Y no sólo gobernar, sino

promover ia nueva Constitución, ya que la propia ley de reforma política encomienda al Gobierno

funciones de iniciativa constitucional.

Pero para constituir un nuevo Gobierno, el que sea, no habrá otro camino, hasta que la nueva Constitución

disponga otra cosa, que pasar por el Consejo del Reino. Este mecanismo en ese momento del "interregno»

constitucional no habrá cambiado ni puado cambiar. Lo que habrá cambiado es la composición del

Consejo mismo, que estará formado, a partir de la constitución de las nuevas Cortes, por un presidente

nombrado por el Rey, cinco representantes del Congreso de Diputados, cinco del Señado —tinos y otros

procedentes del sufragio universal— y cinco de los seis consejeros natos de la actualidad, puesto que no

figurará *ei prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean procuradores´.

Si no se tiene en cuenta después de las elecciones —cosa técnicamente posible en el sistema que estará

todavía en vigor— el resultado político electoral se producirá entre el legislativo y el ejecutivo una

dislocación que hará difícil, sino imposible, la acción de gobierno, precisamente en los momentos

nacionales más críticos. El que el renovado Consejo del Reino, abierta la crisis, someta al Rey una terna

que recoja los nombres más destacados del nuevo espectro político parece no sol o conveniente, sino

necesario, insoslayable.

El Gobierno así formado no será parlamentarlo, no estará sujeto al voto de censura de las Cortes, porque

asi lo disponen las Leyes Fundamentales, que estarán todavía videntes, pero siendo homogéneo con ellas

podrá gobernar. Precisamente, la forma y cíase de relación entre el Legislativo y el Ejecutivo —lo que

tiene dentro de las Monarquías democráticas diversas especificaciones— habrá de ser uno de los temas

claves de la reforma política, porque lo es de toda constitución.

La clarificación antes de las elecciones de esos extremos sobre la continuidad o no continuidad del

Gobierno, es decir, la aceptación por la Corona del resultado electoral, y la forma de actuar

del Consejo del Reino reconstituido, serian muy importantes.

Podría hacerse por una declaración del Gobierno sobre sus intenciones poselectorales v por un decreto-ley

que. completase la vigente Ley Orgánica del Consejo del Reino, estableciendo el procedimiento para la

designación, por parte de las futuras Cortes, de los consejeros electivos, asi como también el

procedimiento interno del Consejo, hoy desconocido, para la elaboración de ¡as ternas. Una y otra cosa,

sin comprometer el problema de fondo de la relación ejecutlvo-leglslatlvo, daria al electorado la

impresión de que el resultado de la contienda electoral no iba a ser afeno al mismo.

La posición poselectoral del Gobierno trae consigo la cuestión importante de si el mismo debe o no

participar en la contienda electoral. En unas elecciones, una vez establecido y en funcionamiento un

nuevo sistema constitucional, y sobre todo en unas elecciones que no fueran constituyentes, la respuesta

seria indudablemente si. Es lo que ocurre en América, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, o sea, bajo

todos los Gobiernos libres. En las circunstancias especiales de España, en estas primeras elecciones de

carácter tan excepcional y trascendente, la cuestión es más dudosa.

De un lado de la balanza, el temor de que los medios de acción que puede tener un Gobierno la

desequilibren en su lavor; de otro, el que siendo la democracia un medio de selección y decantación de

valores políticos tengan que quedar fuera del juego político, precisamente en un momento tan decisivo,

todo un grupo generacional como el del actual Gobierno, que está luchando y desviviéndose en el

alumbramiento final de ia democracia.

Sopesando ambas cosas con la máxima objetividad, sin prejuicio alguno, parece que debe prevalecer la

tesis de que no se debe cerrar al Gobierno y a sus miembros el acceso a las elecciones. La democracia

tiene que servir para la selección de los mejores. Los mejores por la bondad de la política que encarnan,

pero sobre todo por su calidad humana, porque los programas políticos pueden quedarse en ´palabras´,

mientras que el hombre con sus valores, creencias y comportamiento vital constituye la realidad radical

de todas fas cosas, y no se diga de la cosa pública.

£1 Gobierno tiene que asegurar ta ¡ustlcla y la no discriminación en las elecciones, cosa a la que

ciertamente no está el español acostumbrado, por lo que desconfia, pero que es una meta a alcanzar como

se ha alcanzado en otros países. Pero hecho esto no se puede privar ni a sus miembros ni al electorado de

su participación en el ¡usgo de la gran política que va a decidirse en las elecciones. £1 Gobierno y el

electorado tienen derecho a ello.

Antonio GARRIGUES Y DIAZCAÑABATE

 

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