Autor: Reinlein García-Miranda, Fernando. 
 Luis Solana, en el debate de la ley que rejuvenecerá a los Ejércitos. 
 UCD condena a los generales a trabajos forzados de por vida     
 
 Diario 16.    24/09/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Luis Solana, en el debate de la ley que rejuvenecerá.a los Ejércitos

«UCD condena a los generales a trabajos forzados de por vida»

El diputado socialista Luis Solana, ante el empeño del partido del Gobierno, por mantener para los

generales la situación de reserva activa con carácter vitalicio, manifestó que esto supone que UCD

condena de facto a «trabajos forzados de por vida». Esto ocurría en el debate, en la ^Comisión de Defensa

del Congreso, sobre el proyecto de ley que establecerá los mecanismos de rejuvenecimiento de los

mandos de las Fuerzas Armadas.

Fernando REINLEIN

Madrid — La Comisión de Defensa del Congreso abordó ayer el debate del proyecto de ley de Reserva

Activa y Fijación de las Edefdes de Retiro para el Militar Profesional, tal y como adelantó hace varios

días DIARIO 16- en declaraciones del presidente de la Comisión, Guillermo Medina.

Medina tuvo que abandonar la sesión mediado el debate, que comenzó a las diez de la mañana, aquejado

de un dolencia renal y fue atendido por un médico compañero del Congreso de los Diputados. Le

sustituyó, la vice-presidenta de la Comisión, María Dolores Pelayo.

Esta ley se enmarca en el paquete legislativo anunciado por el anterior ministro de Defensa, Agustín

Rodríguez Saha-gún, y afecta a los profesionales de los tres Ejércitos. Según- declaraciones del propio

Guillermo Medina a DIARIO 16, el deseo de la Comisión es activar la tramitación de los proyectos de ley

que afectan a las Fuerzas Armadas y que han tenido entrada en el Congreso,, así como de otros

anteproyectos que tiene previstos el Gobierno.

La ley cuenta con nueve artículos, seis disposiciones transitorias y cinco finales. El debate enfrentó a

socialistas y centristas, que, salvo excepciones, vieron estos últimos, junto con los comunistas, cómo eran

rechazadas la mayoría de sus enmiendas.

En enfrentámiento se centró en el carácter militar de la Guardia Civil, el mantenimiento de actividad

aunque sea en la reserva de los~ oficiales generales y la edad de pase a la situación de reserva activa en

los distintos empleos.

Retiro y reserva

El proyecto prevé la creación de una reserva activa dentro «de las Fuerzas Armadas, a la que pueden

acceder los cuadros de mando que hayan cumplido determinados requisitos a petición propia, por haber

alcanzado una determinada edad o por decisión del ministro de Defensa oído el respectivo Consejo

Superior de cada Ejército.

En está situación se mantendrán los oficiales y suboficiales hasta que les llegue la edad de retiro, o de

segunda reserva en el cato de los generales.

El peso de los debates corrió a cargo de los diputados Arce y Camocho, por UCD; Carro, por CD,

Sánchez Montero, por el PCE, y Solana, Mágica y Busquéis, por el PSOE.

Enrique Mágica pidió que se aclarase de una vez por todas el equívoco que supone utilizar la expresión

«carácter militar de la Guardia Civil». Para los socialistas ese carácter existe si supone que la ´Benemérita,

por su estructura, funcionamiento y armamento es un cuerpo militar, pero en ningún caso es aceptable si

se toma como señal de pertenencia al Ejército de Tierra. Los intentos socialistas para que la Guardia Civil

no se viese afectada .por esta ley fueron en vano y sus enmiendas al respecto rechazadas.

Los generales

Julio Busquéis hizo una exposición brillante y erudita, según calificativos utilizados por su compañero

Simón Sánchez Montero, para demostrar lo anacrónico e injusto, desde su punto de vista, de que los

generales mantengan la situación de reserva de modo vitalicio y aseguró que en ningún Ejército del

mundo se daba ese caso. Utilizó Tazones de tipo económico y explicó que mantener ese criterio supondría

una adición al presupuesto de seis mil millones de pesetas.

«Por eso disponemos ahora de 1.450 oficiales generales, lo que supone un número mayor qué el dé todos

los países de Europa occidental juntos», dijo el diputado socialista.

Arce (UCD), en turno de réplica, echó mano de la tradición y el estímulo del privilegio para los oficiales

que desean llegar al generalato y recordó a Busquéis que sí existen países que tengan una normativa

similar, y citó a Portugal y Rusia.-Busquéis le respondió que ese último ejemplo, naturalmente, no le

valía.

Luís Solana elaboró una estrategia diferente a la de Busquéis. Con la sonrisa eii los labios —sonrisa que

contagió a todos los diputados— acusó a UCD de condenar a los generales a trabajos forzados de por

vida, cuando «estos dignísimos representantes de nuestra milicia tienen el mismo derecho del resto de los

ciudadanos de, llegada una edad, retirarse a descansar». Pero los intentos socialistas fracasaron • ante el

voto en contra del partido mayoritario.

Se rebaja la edad

Las intenciones de rebajar la edad para el pase a.la reserva activa por parte del PSOE y del PCE tuvieron

como respuesta por parte de UCD una enmienda transacio-nal en la que se diferenciaban las edades de las

Armas combatientes y los Cuerpos y Servicios. Para estos últimos, la edad es mayor, y para los primeros,

se rebaja según se especifica en el cuadro adjunto.

Una enmienda al artículo cinco del proyecto presentada por Antonio Carro, de Coalición Democrática,

sup´ondrá un importante rejuvenecimiento de la cúspide militar y la marcha de los principales tenientes

generales que hoy ocupan el escalafón. Según esta enmienda, aprobada por unanimidad, los generales de

brigada pasarán a la reserva activa a los cuatro ¿años dé alcanzado el empleo; los generales de división, a

los siete años, contados los dos empleos y los tenientes generales, a los diez años, contados los de los tres

empleos. En todo caso, no podf%n permanecer en situación de actividad más de cuatro años por empleo.

La aplicación - en los casos de los oficiales generales será inmediata, en cuanto se dicten las normativas

que desarrollan la ley, y para el resto del escalafón tendrá una aplicación paulatina, con un plazo máximo

de cuatro años para su total puesta vigor.

 

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