Autor: CARRANZA. 
   Justicia y política, una vez más     
 
 Diario 16.    29/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Justicia y política, una vez más

Carranza (*)

La detención de varios dirigentes destacados del PCE el 22 de diciembre y su

posterior procesamiento y

prisión por el TOP, ha ocupado desde entonces la cabecera de noticias y

editoriales. El enfrentamiento del

Gobierno con d PCE y sus dirigentes ha sido deferido a la Justicia, la cual,

según se nos dice, determinará

el alcance del texto del art. 172, 5.° —tal y como quedó redactado en la

reciente reforma— del Código

Penal. La Justicia queda sola en la escena mientras el Gobierno —y el ABC— se

aprestan a escuchar

respetuosa y dócilmente la voz de los jueces,

Pero la "Justicia" que va a pronunciarse —que se ha pronunciado ya

provisionalmente— sobre la

"dependencia internacional" y tas propósitos de implantar "un sistema

totalitario" del PCE no es Dike,

hija de Zeus y de Temis. Es un sector reducidísimo de la presente organización

judicial española

encarnado en órganos y personas heredados de la época anterior al 20 de

noviembre de 1975. Dos

Juzgados —hoy servidos por un solo funcionario— y un Tribunal especializados —

(se evita el término

especial para esa jurisdicción)— en el enjuiciamiento y castigo de la

delincuencia política, desempeñados

al parecer por especialistas elegidos por el Ministerio de Justicia.

Nadie ignora que la creación de los Juzgados y Tribunal de Orden Público fue un

reflejo de las actitudes

políticas que prevalecían en España hace más de doce años. El mantenimiento de

los mismos órganos

con las mismas personas es parte de una postura política, una peculiar

apreciación de lo que es oportuno

políticamente por ahora. De las declaraciones del ministro de Justicia se

desprende el convencimiento de

que esta "especialidad" no es defendible en nombre del ideal de un Estado de

Derecho, pero que por

consideraciones de oportunidad no parece prudente precipitar la supresión del

JOP y el TOP.

Por otra parte, esa Justicia especializada, abastecida por una parte de la

Policía también especializada, se

pone en marcha casi siempre a instancias de lo* agentes del Gobierno, La

incoación, "de oficio" está casi

olvidada.

Basta leer la Prensa, escuchar la radio o ver TV para darse cuenta hasta qué

punto JOP y TOP dependen

de la excitación de la autoridad gubernativa. Es más, la "sabia" dosificación de

la tolerancia es exhibida

como mérito político de nuestros gobernantes. Precisamente esa mezcla de

tolerancia y persecución

ocasionales convierten los casos concretos que se someten a esa justicia en

actos políticos en el sentido

más ingrato de la palabra, en el de medios utilizados para doblegar, dividir y

desorientar a los adversarios

políticos.

La función esencial de la Justicia, en este caso y en todos, es la de examinar

de rafa, con ojos nuevos y

limpios de adherencias del pasado, a la luz de la ley y de las pruebas, el

sentido de las normas y la

certeza de los hechos. Los orígenes y condicionamientos expuestos son

forzosamente un obstáculo para

realizar esta clase de examen. El Gobierno, que conoce todo esto, ha puesto en

marcha una máquina

sancionadora que ha venido funcionando como un resorte mecánico cuya reacción

puede calcularse al

milímetro. Al poner a disposición del JOP loa detenidos del 22 de diciembre ha

dado un paso político

prefigurado ya en las discusiones en las Cortes de la última reforma del Código

Penal. No se trata, pues,

de que haya que callar la política para que hable la justicia, sino que, dentro

del desarrollo concreto de la

vida política española, «e ha introducido una vez más la carga del oportunismo

político dentro de esa

reducida nómina que desempeña los cargos de jueces y magistrados de Orden

Publico.

La institución judicial es siempre política. No nos cantaremos de repetirlo

frente a las vestales de la

pureza de lo» jueces y tribunales. La cuestión está en que se opte por la buena

política, la política elevada

de los principios éticos y jurídicos, o por la de plegarse en silencio a los

deseos manifiestos, u ocultos de

los que ocupan el poder político. La primera opción prestigia a la Justicia. La

segunda la empobrece, y

ninguna invocación de normas legales libra a los tribunales y jueces de

representar en ocasione? el menos

brillante de los papeles de la alternativa indicada.

Estamos asistiendo al desarrollo de un episodio político por esa vía judicial

especializada. Un episodio

espigado entre otros miles tolerados y aún alentados. A "Carranza" no te incumbe

la defensa técnico-jurídica de los detenidos, aunque lamente que les haya tocado

esta lotería de la represión, y repudia este

aspecto del panorama español. Tampoco media en la apuesta del Gobierno contra el

PCE, si bien en la

situación actual esta apuesta Impide el establecimiento de una democracia

verdadera. Pero es imposible

evitar la preocupación por el papel que se reserva a un sector de la Justicia en

estas incidencias de las

luchas del poder contra sus adversarios. Sabemos que hay una legislación

formalmente válida y unos

hábitos muy arraigados que señalan ciertos jueces ese deslucido papel. Razón de

más para pedir la

vuelta a la unidad jurisdiccional y el abandono de esos hábitos.

(*} Con el seudónimo Carranza escribe un grupo de juristas

 

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