Autor: Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel. 
   Reforma en serio: balance y proyecto     
 
 Informaciones.    03/07/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

REFORMA EN SERIO: BALANCE Y PROYECTO

Por Miguel HERRERO DE MIÑÓN

CPL primer Gobierno de la Monarquía tenía una tarea prioritaria cuando no exclusiva: realiza: la reforma

constitucional, pasar, sin mengua de la legalidad, desde una constitución autoritaria -esto es, basada en

el Poder irresponsable y las instituciones oligárquicas- a una verdadera constitución democrática -es

deci, aquella de acuerdo con la cual gobierna la mayoría, se respeta a la minoría y el pueblo español

decide en elecciones libres y periódicas cómo y por quién ha de ser administrado.

Es evidente que el problema mas acuciante de la España actual no es, en modo alguno, la teoría

constitucional. La insolidarldad ciudadana, la crisis económica, son los verdaderos temas de gobierno. La

cuestión es, sin embargo, que dichas cuestiones no pueden ser abordadas eficazmente mientras no existan

previsiones válidas sobre quién y cómo ha de tratarlas. En otras palabras, sobre quién ha de gobernar, ante

quién ha de responder, cuáles son los procedimientos para su actuación.

Determinar estas cuestiones previas es la tarea de la Constitución. Por ello, el Gobierno del Rey, antes de

gobernar tenia que pilotar un pro ceso constituyente. Cualquier observador imparcial reconocerá que tal

Gobierno no ha gobernado -ni la inflación, ni el paro, ni el orden público, etc., han sido objeto de un

tratamiento sistemático-, pero es aún más grave constatar que tampoco fuera previsible su capacidad

para gobernar en el futuro, por no haber sentado ese cimiento de todo Gobierno que es la Constitución. El

Gobierno ahora en crisis no podía gobernar, porque no había sabido o podido constituir.

Pues, ¿no han abundado los discursos, las declaraciones, las comisiones y los proyectos de ley? Hagamos

balance de todo ello. La reforma constitucional que este país necesita puede resumirse en los siguientes

términos: revisión constitucional respetuosa de la legalidad constituida en cuanto a la forma y totalmente

innovadora en cuanto al fondo. En palabras de jurista, proceso constituyente disfrazado y controlado en

forma de revisión de la Constitución.

¿Era esto posible? Sin duda alguna. Los poderes del Rey son tan grandes, de acuerdo con las Leyes

Fundamentales, que puede forzar la mano al Consejo del Reino, prescindir del Consejo Nacional y saltar

por encima de los oligarcas reunidos en Cortes para convocar directamente a la nación a un referéndum

cuyos resultados son inapelables. Frente a esta opción, tan lícita como efectiva, el primer Gobierno de la

Corona optó por otra: la elaboración de la reforma a través de instituciones natural, mente opuestas a la

democracia -vieja guardia del Consejo Nacional, Cortes corporativas-, para conseguir un adefesio

técnico como sería la modificación, por dos Leyes Fundamentales nuevas, del actual conjunto de las siete

vigentes. Para completar el cuadro, no conviene olvidar que la famosa legalidad constituida no ha dejado

de ser violada (v. gr.: procedimiento de urgencia de las Cortes). El resultado es la lentitud y la

inseguridad, Mas de medio ano después de producirse la sucesión, los políticos españoles, en vez de

ocuparse de frenar el alza de precios o de remediar nuestra crisis agrícola, discuten sobre el número de las

Cámaras, la edad electoral o el carácter vitalicio de los senadores...

Es evidente que el Gobierno del Rey no ha gobernado, pero aún es más grave constatar que tampoco

fuera previsible su capacidad para gobernar en el futuro

Pero, mas allá de estos tecnicismos, ¿conduce a alguna parte la lenta y trabajosa via reformista

emprendida por el Gobierno que acaba de cesar? Una Constitución democrática -la única que

corresponde a España por la posición geogràfica y la edad de su Historia- requiere, al menos, los dos

extremos siguientes: 1. Reconocimiento y eficaz garantía de las libertades públicas, entre ellas, las de

asociación política y sindical. 2. Elección por sufragio universal y libre de unas Cortes con funciones

legislativas y presupuestarlas, v ante las cuales responda el Gobierno; es decir, que el Gobierno se designe

en razón de la mayoría de La Cámara. ¿Qué se ha hecho en seis meses sobre cada una de estas tres

cuestiones?

Las libertades públicas se nan ampliado notablemente de hecho, pero no de Derecho. Sin duda, esta nueva

situación, aun meramente táctica, es un paso importante y que los ministros mas directamente

responsables pueden colocar en su haber; pero es claro que se trata de algo insuficiente y a la larga de

todo punto inmantenible. Es cierto que, además, se han promulgado las leyes relativas a los derechos de

reunión y asociación, defectuosas, pero bastantes para permitir el ejercido de estas libertades elementales.

Ahora bien, su eficacia se ve entorpecida por la dilación en la reforma del Código Penal, pendiente de la

aquiescencia de unas Cortes cuya carencia de representatividad nacional nadie discute ya. Si hay quien no

es capaz de aprender ni de olvidar nada. Gobierno ya cesante pudo y el nuevo Gobierno debería recurrir

al instrumento del decreto-ley. Otro tanto cabe decir respecto de la reforma sindical, aplazada hasta

después de las elecciones con el fin de pro proporcionar a la democracia sindical el control de las

Corporaciones coles v de un eventual Senado.

Respecto de la segunda arriba suscitada -el gobierno de la mayoría- el proyecto gubernamental

pendiente de dictamen ante el Consejo Nacional y que el anterior Gabinete pretendía llevar ante las

Cortes, resulta de todo punto insuficiente. De acuerdo con dicho proyecto, el Gobierno seguiría siendo

designado pur el Rey. previa presentación en terna del Consejo de Reino. Pero ni un Monarca de1 siglo

XX puede pechar con la responsabilidad de nombrar discrecionalmente al primer ministro, que Consejo

del Reino, según dicho proyecto majoritàriamente compuesto por altos burócratas v senadores

oligárquicos representa democráticamente nada. Si acaso, tan sus propios privilegios. Por ello colocarle

entre el Gobierno y unas Cortes medianamente democráticas, como las ideadas en el proyecto en

cuestión, es cortocircuitar la democracia y privar al Gobiermo y a su jefe de la única base legítima en

Occidente la voluntad de la mayoría.

En consecuencia, sería de desear que el nuevo ministro enterrara en el olvido un proyecte insatisfactorio

para todos -inmovilistas y reformistas-- .que es insuficiente para democratizar nuestro sistema político v

que además, es susceptible de desencadenar un process constituyente incontrolado al establecer entre

instituciones autoritarias, una Cámara popular, elegida por sufragio universal y separada de las

resnonsabilidades del Gobierno.

¿Será, por tanto, preciso volver a empezar de nuevo? En manera alguna. Los siete meses pasados han

servido para enseñar lo que no debe hacerse verbigracia, reformas parciales, componendas con quienes

tan sólo a si mismos se representan, manipulación inútil cuando no peligrosa de instituciones fantasmales

como los Consejos del reino Nacional y las actuales Cortes-. Han enseñado también lo que puede

hacerse al mostrar ¿a debilidad extrema del inmovilismo. La sensatez de la comunidad nacional, la

moderación tanto de la base social del Franquismo como de la oposición. A estas alturas, pues resulta

posible emprender de una vea el camino de una reforma constitucional profunda, capaz de dar al pala un

marco sencillo de Institució net- democráticas dentro del cual pueden lugar las fuerzas reales, del país

coronado por el arbitraje del Rey.

Para empresa tal no faltan atajos. Muchas veces se ha insistida ya en la conveniencia de un referéndum

prospectivo que determinarla el ulterior acuerdo de las Cortes. También se podría someter a éstas una Ley

de Bases por su propia redacción difícilmente objetables, y que permitiese al Gobierno del Rey la

redacción de un texto constitucional objeto de referéndum ulterior. Para guiar este paso decisivo hacía el

alta mar de la política nacional, donde no sea ya preciso discutir de temas constitucionales, sino gobernar

y administrar de veras sirve un GOBlERNO-INSTRUMENTO. Sirve, sobre todo, UN REY PATRIOTA.

 

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