Autor: Vega García, Pedro de. 
   ¿Crisis de Gobierno o crisis de Estado?     
 
 El País.    17/07/1976.  Página: 6-7. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

OPINION

ELPAIS, sábado 17 de julio de 1976

TRIBUNA LIBRE

Nacido en Salamanca en 1936, Pedro de Vega es catedrático de Derecho Político en aquella Universidad,

donde cursó también sus estudios, siendo discípulo y colaborador del profesor Tierno Galván. Igualmente

ha sido profesor adjunto en Madrid en la cátedra del profesor Ollero. Vinculado intelectualmente al

pensamiento socialista, no está adscrito, sin embargo, a ningún partido. Tiene publicados varios trabajos

sobre temas de su especialidad, entre ellos: Para una teoría de la oposición política, La crisis de los

partidos socialistas, fuerzas políticas y tendencias ideológicas en la España actual...

¿Crisis de Gobierno o crisis de Estado?

PEDRO DE VEGA GARCÍA La última crisis de Gobierno ha dado lugar a los más variopintos y

peregrinos comentarios. Por un lado, se ha pretendido ver en la juvenil configuración del nuevo equipo

ministerial un factor positivo para el cambio y la democratización, olvidándose, consciente o

inconscientemente, que el hecho biológico de la juventud no es, en el plano político, definidor de nada. Es

cierto que en los estudios de Ciencia Política sobre actitudes se suele señalar un mayor radicalismo en el

joven que en el hombre ya maduro. Pero no es menos cierto que ese radicalismo puede ir tanto en favor

de la democracia como en su contra. Si jóvenes fueron los protagonistas del proceso revolucionario

democrático francés (Mirabeau, SaintJust, Danton, Robespierre... etc.), jóvenes fueron también los que, a

las órdenes directas de Hitler o Mussolini, protagonizaron las grandes aventuras antidemocráticas del

siglo XX. Hablar, por tanto, de la juventud del nuevo equipo ministerial carece políticamente de

significado, aunque pueda tenerlo, y en alto grado, para las revistas del corazón.

Ahora bien, por otro lado, y en ese cúmulo de observaciones reticentes y críticas dirigidas al Gobierno

Suárez, se ha incurrido en un error de signo contrario que no conviene pasar por alto. Porque se trata de

un Gobierno de desconocidos, de «leales desconocidos» hablaba hace unos días el rotativo londinense

The Guardian; no han faltado los comentaristas que han puesto en solfa su carácter representativo, dando

a entender que la designación de otras personas hubiera producido una tonalidad democrática mayor en la

actual situación política. Se ha olvidado, de este modo, algo tan elemental como es el hecho de que !a

democracia no es cuestión de designación, sino de elección, y que cualquier Gobierno nombrado

conforme al procedimiento prescrito en el ordenamiento constitucional es´pañol, hoy por hoy vigente, no

podría, en ningún caso, ser considerado como un Gobierno democrático. Preferencias personales aparte,

desde un punto de vista estructural y objetivo, los mismos problemas, contradicciones y limitaciones que

afectaban al Gabinete de Arias Navarro son los problemas, contradicciones y limitaciones con los que va

a topar eJ Gabinete de Suárez González, o ante los que hubiera tenido que enfrentarse cualquier otro.

Se quiera o no reconocer, la problemática política española es mucho más profunda y compleja como para

que pueda reducirse al simple anecdotario de una crisis ministerial. Lo que hoy se dirime en España no es

esa mera cuestión técnica en cuya virtud de lo que se trataría sería de encontrar los hombres más aptos

para cumplir y satisfacer las funciones del Estado. De lo que se trata, nada más y nada menos, es de lograr

la coherencia necesaria que asegure la estabilidad imprescindible para la propia forma monárquica del

Estado. Por eso la gran diferencia entre la crisis de Gobierno última y. la que en 1909 determinara la

dimisión de Antonio Maura, estriba, pese a los paralelos históricos que han querido verse en ellas, en que

Don Alfonso XIII operaba en el marco de una Monarquía Constitucional, con un mínimo de coherencia

interna, mientras Don Juan Carlos I opera dentro de un sistema de indefinidos e imprecisos contornos que

convierten en ambiguas todas las ´actuaciones del Monarca. De esta suerte, si el cese en 1909 del político

mallorquín pudo servir a la Monarquía como respuesta y solución a los acontecimientos derivados de la

Semana Trágica ydel fusilamiento del anarquista Ferrer, el cese de Arias Navarro ha servido de muy

poco.

Se llega por esta vía a la tremenda y paradójica conclusión de que una crisis deseada por amplios sectores

de la opinión ha convertido en una operación inútil y, en cierto modo, políticamente peligrosa. Veamos

por, qué.

Para íograr un mínimo de coherencia y estabilidad política, admitido, como tantas veces se ha repetido,

que la Monarquía es más una forma de Estado que una simple forma de Gobierno, es obligado comenzar

por definir con claridad con arreglo a qué supuestos se desea articular, en nuestro país, el principio

monárquico. En este sentido, sólo caben dos alternativas a las que, en definitive, se reconducen todas las

clasificaciones de los regímenes políticos. O se defiende una concepción autocrática del Estado,

representada, en los Estados monárquicos, históricamente, por el absolutismo y actualmente por las

Monarquías del Tercer Mundo afroasiático, o se defiende una concepción democrática del poder,

simbolizada por las llamadas Monarquías nórdicas europeas. Lo que no cabe, en ningún caso, son los

términos medios. La autocracia tiene sus reglas, como la democracia tiene las suyas, y ambas son

incompatibles entre sí.

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ELPAIS,sábado 17 de julio de 1976

¿Crisis de Gobierno o crisis de Estado?

Viene de la página 6

A nadie se oculta, y el propio Monarca así lo ha manifestado en diversas ocasiones, el deseo de la

Monarquía española de construir una Monarquía Constitucional al estilo europeo. Proceder de otro modo

sería impensable a la altura de los tiempos que vivimos. Ocurre, sin embargo, que, pomo existir un

régimen constitucional homologable a los ordenamientos constitucionales europeos, todas las acciones

emprendidas por la Corona se ven sometidas a un proceso lleno de contradicciones y ambigüedades.

Mientras los monarcas del norte de Europa, por operar en contextos políticos democráticos, pueden

neutralizar al máximo su acción política hasta convertir en realidad el consabido principio de «los reyes

reinan, pero no gobiernan», el Monarca español, convenido por imperativo legal del propio sistema en su

pieza medular, se ve obligado a reinar y gobernar. Y he aquí e! problema: como quiera que esa forma de

gobierno que las leyes establecen responde a los modos y procedimientos autocráticos del franquismo, los

deseos democratizadores de la Corona no sobrepasan el mundo de las buenas intenciones. En este sentido,

lo menos significativo de la crisis ministerial última son los nombres que han sustituido al equipo

anterior. Lo verdaderamente importante es que la crisis se ha provocado, se ha desarrollado y resuelto de

la misma forma y obedeciendo a los mismos esquemas en que las crisis se producían bajo el mandato del

General Franco.

Se comprende ahora su perfecta esterilidad histórica y hasta, me atrevería a decir, su peligrosidad política.

Por una tremenda ironía del destino, lejos de constituir un paso en el camino de la democracia, para lo que

probablemente fue pensada, en su configuración estructural más profunda, presupone una inevitable

marcha atrás. De poco servirán las declaraciones y proclamas democratizadoras de un Gobierno que, por

su origen, carece de toda legitimación democrática, mientras no esté dispuesto a patentizar públicamente

su vocación y su destino de Gobierno transitorio. El paso de la autocracia a la democracia no es solamente

cuestión de proclamas ni de declaraciones grandilocuentes, sino que es, ante todo, una cuestión de hechos

y de realidades. Si las Monarquías europeas han podido conservar ese prestigio casi mítico y religioso que

caracterizó siempre a la institución real, hasta el punto de que sigue teniendo vigencia en ellas el viejo

aforismo de la tradición inglesa según el cual «el Rey no puede equivocarse» (the King can do no wrong),

ha sido porque los imperativos populares y democráticos han venido a suplir las decisiones del Monarca.

Justamente porque los Reyes se despojaron de muchas de sus atribuciones, haciendo de la prerrogativa

regia una especie de reliquia histórica, es por lo que se puede seguir apelando a su infalibilidad. Como es

obvio, si a lo que se aspira para España es a un régimen político similar a los existentes en Europa

Occidental, será necesario seguir su ejemplo y romper con el conjunto de ambigüedades a que hoy

estamos sometidos. Si para construir una Monarquía estable es necesario el cumplimiento de unas

exigencias democráticas mínimas, hora es ya de que se vayan realizando. Proceder de otra manera, y

perpetuar, consciente o inconscientemente, los procedimientos autocráticos constituiría un lamentable

error.

 

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