Autor: Otero Fernández, Luis. 
   La amnistía militar     
 
 El País.    14/10/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

EL PAÍS, viernes 14 de octubre de 1977

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

La amnistía militar

LUIS OTERO FERNANDEZ Ex comandante y ex militante de la UMD

Como resaltado de varios días de tensas y apretadas negociaciones en la comisión parlamentaria

nombrada al efecto, se ha obtenido un proyecto de ley conjunto de amnistía, con el consenso fina] de

todos los grupos parlamentarios a excepción de Alianza Popular que no quiso participar en el debate. Así,

pues, a). fin tendremos la tan esperada e imprescindible amnistía que los representantes del pueblo, en las

Cortes democráticas, sancionarán para ce-rrar un periodo de étífrentamien-tos y de injusticias motivados

por la dictadura. En ella se recogerán todos los casos, aspectos y matices que se han producido en los años

pasados (penales, laborales, civiles, etcétera), todos... excepto los de los militares demócratas que fueron

sancionados por serlo, tanto al principio (guerra civil) como al .final del régimen desaparecido. Porque, y

parece importante señalarlo, aunque se habla de excluir también a ciertos grupos terroristas, estos no

figuran explícitamente en el proyecto dé ley, por lo que su exclusión o no, dependerá de la interpretación

de los jueces, mientras que de los militares separados del servicio se dice, expresa y terminantemente, que

continuarán en la misma situación.

Creo que es; también necesario aclarar que, para ésos militares (entré los qué me cuento), el proyecto dé

ley no es de amnistía sino en realidad de sanción. Efectivamente, los efectos de recuperación de libertad o

de concesión de derechos pasivos a los que no los tuvieran por la ley ordinaria, ya habían sido concedidos

por el decreto ley de julio de 1976, por lo que, el nuevo proyecto de ley sólo añade la ratificación dé un

castigo: la separación del servicio. Dicho de otra manera, los militares sancionados .nos,: quedáremos

como estábarnos, pero con una trascendental diferencia: hasta ahora esperábamos, luchando por ello

junto a otros muchos españoles, que llegara la verdadera amnistía, ya que todo lo anterior sólo habían sido

concesiones parciales d« los gobiernos de transición, mientras que ahora ¿qué podemos esperar si los

representantes del pueblo soberano ratifican nuestra definitiva separación del Ejército?

Como demócratas de auténtica convicción no nos quedará en consecuencia más posibilidad que acatar la

decisión parlamentaria, si la ley es aprobada, pero, por lo mismo creo que tenemos derecho a pedir que se

nos expliquen las razones de ella. Sabemos que su origen ha estado en UCD, partido gubernamental, que

se ha mantenido irreductible durante las negociaciones, y también se ha dicho reiteradamente, incluso en

la prensa, que la verdadera causa de todo ello era la presión ejercida por las Fuerzas Armadas contra

cualquier posibilidad de reintegración en sus filas, dé los militares condenados por sus ideas

democráticas. Sin embargo, esto ha sido desmentido categóricamente por el Señor Suárez, que ha

afirmado que a él no le tía llegado ninguna presión militar y que, en cualquier casó, nunca admite ninguna

clase de presiones. Ante estas manifestaciones, por las que nos felicitamos, sabiendo que nuestro poder

ejecutivo es tan independiente en sus decisiones, no podemos, sin embargo, por menos que pedirle al

señor presidente del Gobierno (que también lo es de UCD e inspirador, por tanto, de su política), que

explique ante todo el país, las razones, sin duda objetivas y de justiciar pero desconocidas, por las que es

preciso discriminar en la amnistía a ios funcionarios militares castigados.

Porque, sinceramente a mí no se me alcanzan ninguna de esas razones, a pesar del detenido análisis que

he hecho del caso. Para facilitar y simplificar la-esperada aclaración de las causas excluyentes, enumeraré

rápidamente las que aparentemente podrían ofrecerse, junto con los razonamientos que las invalidan.

En primer lugar, podría pensarse en la falta de antecedentes históricos de casos similares. En absoluto es

así, pues, sin pretender ser exhaustivos, en nuestro propio país podemos citar multitud de situaciones, en

los dos últimos siglos, de militares, combatientes en guerras civiles o protagonistas de sublevaciones

armadas, integrados posteriormente en los ejércitos contrarios: carlistas de las guerras civiles, artilleros

enfrentados con el general Primó de Rivera, compañeros de pronunciamiento del general Sánjurjo contra

la Segun^da República, etcétera, y no digamos nada de los múltiples casos de militares separados del

servicio por discrepancias políticas o profesionales y reintegrados después en sus puestos, como por

ejemplo, con motivo.,de las Juntas de Defensa. Y todo esto sin cambio de régimen político, pues los

reingresos producidos, entre otros casos que se podrían citar; al proclamarse la República, de los militares

encarcelados y exiliados por sus ideas republicanas, se realizaron de forma pública y notoria;

Otro motivo qué podría aducirse, quizá fuera el problema de acoger en escalafones cerrados a un cierto

número de funcionarios a los que sería difícil acoplar por falta de destinos. Nada más falso. El grupo de

militares separados más numeroso, es el de los que sirvieron lealmente a la República y ninguno de ellos,

por razones -de edad, quedaría en situación de actividad, sino en la de retirado, reflejándose, por tanto, el

reingreso únicamente en los aspectos morales, económicos (trienios, empleos reconocidos, etcétera) y

asistenciales. El número del resto, formado por once miembros de UMD, cuatro alféreces expulsados de

la Academia de Infantería, y algún oíro caso aislado, difícilmente podría ser. considerado como un

problema, cuando el total de generales, jefes y oficiales en activo supera, con mucho, los 20.000.

Pudiera también pensarse que el tiempo de apartamiento del servicio activo hubiera mermado la

capacidad y el hábito profesional, dificultando su identificación con el trabajo a realizar. En primer lugar,

esto no ha sido obstáculo para la reincorporación a sus puestos de los funcionarios civiles amnistiados el

pasado año, y como ya hemos visto por otra parte, los militares republicanos no plantearían siquiera el

problema; por lo que respecta al resto (UMD y otros), su separación del Ejército es reciente, de pocos

años, por lo que ninguna capacidad han podido perder y, como es lógico, cualquiera de ellos estaría

dispuesto a someterse a las eventuales pruebas que sus compañeros en activo pudieran haber sufrido en

este espacio dé tiempo (terminación de estudios para los alféreces expulsados de la Academia, cursos de

ascenso, etcétera). Recuérdese que entre las situaciones legálmeñte posibles para un militar está la de

supermimerario,"que consiste en el alejamiento total del servicio activo durante varios años para

dedicarse a actividades civiles, y desde la cual puede recuperar su situación de destino militar sin más

requisito que solicitarlo.

¿Acaso el motivo estaría en que los delitos a amnistiar fueron de carácter vengonzoso, nefando, criminal?

¿Quizá produjeron daños a terceros, supusieron en-frentamientos violentos, cuestiones personales? En

absoluto, pues aunque la calificación jurídica en casi todos los casos fue de rebelión, en la realidad prácti-

ca la acción condenada fue para los militares republicanos permanecer fieles a su Gobierno, elegido

democráticamente, y cumplir sus obligaciones profesionales, y para el otro grupo de militares tener la

idea de que >?! sistema político más adecuado es la democracia y procurar difundirla por medios:

pacíficos entre sus compañeros.

¿Qué queda por analizar para encontrar razones de tan visible discriminación? ¿Los móviles, quizá, del

compromiso de todos estos hombres sinceramente demócratas? Pura y simplemente, defender la

democracia amenazada o; esforzarse, , ¡.en conseguirla, ¿Se puede entender entonces que sean apartados

por el órgano representativo de ella, las Cortes?

Pienso que no es una exigencia desmedida pedir al presidente del Gobierno una explicación convincente

de la inflexible actitud que los representantes dé su partido han mantenido en la comisión negociadora. Si

afortunadamente no ha sido motivada por presiones ajenas al Gobierno y a las Cortes, entiendo que la

credibilidad en sus propósitos democratizadores ganará sensiblemente con una exposición diáfana y

objetiva de jas causas que limitan el alcance de una amnistía tan largamente esperada.

 

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