Autor: Sánchez-Gijón, Antonio. 
 Reforma militar y política de defensa/2. 
 Una política de la nación "para" las Fuerzas Armadas     
 
 El País.    12/10/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Reforma militar y política de defensa/2

Una política de la nación "para" las Fuerzas Armadas

ANTONIO SANCHEZ-GIJON Hay un párrafo del informe 1/77, presentado por el vicepresidente y

ministro de Defensa, general Gutiérrez Mellado, a todos los mandos de las Fuerzas Armadas, que

equivale por sí mismo al moderno axioma de que la defensa de un país políticamente evolucionado

trasciende el ámbito exclusivo de las Fuerzas Armadas, y afecta a la sociedad toda. Tal párrafo enuncia el

deseo de que «en su día, una vez determinados la política de defensa, la política militar y el

correspondiente plan estratégico conjunto, se fije, definitivamente, el objetivo de fuerza conjunto». El

ámbito reservado a la profesión militar es la consecución del objetivo de fuerza conjunto. Todo lo demás

es, en mayor o menor grado, terreno mixto de competencia civil y militar.

Que sean esas entidades: política de defensa, política militar, plan estratégico conjunto y objetivo de

fuerza conjunto, queda en parte iluminado por algunos puntos concretos del informe de Gutiérrez

Mellado. Permítasenos relacionar las referencias concretas a cada uno de aquellos grandes títulos.

Política de defensa. Apuntemos que esta política la define el Gobierno, de acuerdo con su apreciación del

ambiente político-estratégico en que vive la sociedad española. Un «input» importante de esta política son

las alianzas posibles o actuales; agente principal es el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con el de

Defensa. Pues bien, el informe anuncia un proyecto de ley reguladora de responsabilidades en materia de

defensa nacional, con la que se pretende «matizar las responsabi- lidades, atribuciones y funciones que,

en la determinación de la política de defensa y militar derivada, han de tener en el futuro los organismos

superiores de la Administración central de la nación».

En cuanto a la postura internacional de la defensa, el informe considera una opción, la alianza occidental

(con referencia concreta a la OTAN, si así lo acuerda el Parlamento), y una realidad actual, el tratado con

Estados Unidos. Sin embargo, el informe menciona «los acuerdos y relaciones establecidos o que puedan

establecerse en el futuros». El Ministerio de Defensa identifica como interlocutor especial al Ministerio

de Asuntos Exteriores.

Política militar. Parece que tal política se refiere a la posición institucional y funcional de las Fuerzas

Armadas en el Estado y la sociedad; a un modo específico de aprovechar y organizar los recursos

humanos y materiales; se ocupa también del mantenimiento de la moral de combate y profesional; y se

interesa por insertar la defensa en un esquema económico productivo y científico. Pues bien, el informe

hace continuas referencias a estos campos. Quizá la nota más fuerte de política militar del informe sea

ésta: «conseguir unas Fuerzas Armadas... capaces de constituir un eficaz instrumento de nuestra política

exterior y decisivo factor de disuasión contra todo lo que pueda atentar a la seguridad, unidad e

independencia de la patria y el orden institucional». Como se ve, se trata de una política «para» las

Fuerzas Armadas, no «de» las Fuerzas Armadas. La función militar puede quedar profundamente afectada

(y modernizada) por la revisión del Código de Justicia Militar, al reducir su ámbito de aplicación a lo

específicamente militar, y por la nueva redacción de las venerables ordenanzas de Carlos III bajo el «guia

obligado» del pacto internacional de los Derechos Humanos. Será parte de la política militar inculcar una

educación con «sólida formación humanística y social», porque «no es imaginable unos cuadros de

mando alejados del contexto general de su patria». En fin, se crearán organismos para la acción conjunta

en el terreno de las industrias de defensa, investigación, tecnología. Pían estratégico conjunto. Indiquemos

que éste se redacta a partir de las directrices del Gobierno; se trata de un muestrario de iniciativas

estratégicas, que se ofrecen al Gobierno para que elija una, ante una amenaza concreta. Es el documento

básico a partir del cual estructurar las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los recursos; éstos, a su vez,

condicionan la variedad y riqueza del muestrario. El informe 1/77 no se ocupa de puntos de

interés específico del plan estratégico conjunto, cuya formulación corresponde, por decreto-ley de 8 de

febrero de 1977, a la junta de jefes de Estado Mayor. Esta junta (que encarna la «rama militar» de las

Fuerzas Armadas) está, según se deduce del informe, bajo la dependencia del ministro de Defensa. Así

que el ministro tiene derecho, al menos, a supervisar la redacción del plan «con el rabillo del ojo».

Objetivo de fuerza conjunto. Constituye el esquema organizativo en el que se irán integrando los

diferentes ejércitos; determina, por tanto, el tamaño y dotación presupuestaria de aquéllos. Es la resultante

operativa del plan estratégico. Afecta directamente a cuestiones como servicio militar, voluntariado,

escalas, ascensos y edad de los mandos. Los puntos que en el informe atañen al objetivo de fuerza

conjunto son de enorme trascendencia. Baste mencionar la «reconsideración del actual sistema nacional

de reclutamiento», que no puede sino referirse al hecho empírico de que el país proporciona más hombres

de los que pueden y deben ser incorporados a filas, si se quiere elevar la eficacia. Este solo punto afecta a

ideas tan tradicionales cómo la de «pueblo en armas» y «el Ejército como escuela de la nación». Y

acabemos por mencionar las referencias a las medidas que es preciso considerar para rejuvenecer «uno de

los ejércitos más viejos del mundo».

 

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