Autor: Busquets Bragulat, Julio. 
   Los derechos humanos en las Fuerzas Armadas     
 
 Diario 16.    24/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Miércoles 24-agosto - 77/DIAAIO 1.6

Los derechos humanos en las Fuerzas Armadas

Julio Busquéts

La revista "Cambio 16", en sa número 296, correspondiente a la semana 7-14 del presente mes, publicaba

una relación de diarios y revistas cuya difusión ha sido restringida en los centros militares de la Primera

Región Militar (Madrid). Análogamente, con fecha 29 de junio, la Segunda Sección de Estado Mayor dé

la Capitanía deBeraí de la IV Región Militar (Cataluña) dio curso a una Orden Comunicada por la que se

prohibían algunas publicaciones ("Cambio 16"r "Interviú", "Fuerza Nueva", "Boletín de la HOAC",

"Barrabás", etcétera) "a fin de complementar lo dispuesto en los artículos 2.° y 6^° d«l R, D. 10/77", por

el que se regulan las actividades políticas y sindicales de los militares.

Estas prohibiciones, que posiblemente sorprendan al lector ajeno a la vida militar, no son, sin embargo,

exclusivas del Ejército Español, y asi la revista "Posible", en el número 134 (4 a 10 de agosto), publicaba

la relación de películas, discos y escritores que habían sido prohibidos recientemente por el general

Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército (Córdoba), de la Argentina. En consecuencia, al

hacer una valoración política conjunta de tales hechos, no parece válido quedarse en una crítica

superficial y fácil de lo que es síntoma visible algo más profundo: la existencia de una forma de entender

la autoridad militar, fuertemente enraizada y extendida, que considera que ésta tiene facultades para

organizar todo lo que afecta a la vida del militar, sin valorar suficientemente unos derechos humanos,

universalmsnte reconocidos, que limitan su ejercicio.

Dos conceptos distintos de la vida militar

La raíz de este criterio debe buscarse en el origen histórico de la profesión militar, que la hace derivar del

hidalgo o caballero, los cuales, como el sacerdote, no eran unos profesionales más, sino miembros de

unos estamentos dirigentes que "imprimían carácter" en quien los "profesaba", afectando a toda su

actividad. En consecuencia, el caballero, como el clérigo, lo era en todo tiempo, lugar o actividad, siendo,

por tanto, la potestad de la autoridad de estos dos estamentos prácticamente ilimitada. O, si se prefiere,

limitada por unos principios éticos, pero- ño por garantías jurídicas. Y este "concepto anli-guo,

tradicional, de la milicia sigue pegando en la actualidad en aquellos países, como el naesteo-, en los que

las aportaciones deí liberalismo fueron rechazadas por un proceso histórico regresivo (1936-75).

Por el contrario, en las modernas sociedades industriales, se tiende a entender que el hombre debe asumir

distintos papeles, variables en función de las actividades que en cada momento desempeña en la sociedad.

Si un individuo, por ejemplo, es padre de familia, es médico y además hace el servicio militar, como es

lógico,^ en cada una de estas tres funciones actuará en forma distinta y será sujeto de derechos y deberes

distintos.

La aplicación de este criterio, claro- y universalmente aceptado, -a la vida militar implica una "concep-

ción profesional" de la misma, que es totalmente opuesta a la anterior y limita los deberes y derechos del

militar a lo puramente castrense, de lo que se deduce que tiene absoluta libertad, como cualquier otro

ciudadano, para desenvolver el resto de su vida como quiera. En este sentido, y por citar otro ejemplo, si

un militar tiene un accidente de circulación con su coche particular, o un problema en una sala dé fiestas,

no resulta procedente que salga a relucir su graduación o que luego el problema se resuelva en juzgados

especiales, ya que el problema no lo tuvo como militar, sino cómo ciudadano. Dicho en otras palabras: la

autoridad y la disciplina militar sólo tienen vigencia en la esfera puramente profesional, siendo fuera de

ella el militar, cuadro o tropa, un ciudadano normal con los mismos deberes y, derechos que ios demás

ciudadanos. Pero, además, esta concepción profesional y no total de la vida militar implica que incluso

dentro del cuartel la obediencia no es ilimitada y la profesión debe estar jurídicamente regulada por leyes

aprobadas en las Cortes, y en lo que respecta a deberes y derechos por un Estatuto profesional en el que

éstos se concreten.

El Estatuto del Militar

Al no existir actualmente en España un Estatuto del Militar,. sino un conjunto de antiguas disposiciones

que contienen prohibiciones o limitaciones de algunos de sus derechos humanos, ocurre que "sin

permiso" de la superioridad no se permite al profesional de las armas hablar ni .escribir en los medios de

comunicación social sin pasar antes la censura previa de su Capitanía respectiva; ni salir del municipio en

que está destinado, lo cual resulta actualmente difícil de cumplir dada el área de acción del automóvil; ni

trabajar civilmente durante sus horas libres; ni celebrar reuniones o hacer peticiones colectivas mas de

tres militares (pues cuatro incurren en sedición); ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos; ni

participar como candidato en elección alguna; ni asistir a un simple mitin electoral; ni negarse a asistir a

ciertos actos religiosos considerados como "actos de servicio"; ni casarse sin que previamente el ministro

conceda la autorización oportuna en el "Diario Oficial del Ministerio" (lo que no se hará sin una

investigación previa); ni siquiera llevar barba (si pertenece al Ejército de Tierra) y, tras las disposiciones a

que se aludía al comenzar este artículo, tampoco leer cierta Prensa. Por último, otro derecho

umversalmente aceptado: eJ de recurrir contra la arbitrariedad o el error del superior aquí no existe, pues

el conocido articulo primer > de las Ordenanzas, según el cual, se puede llegar hasta el Rey, es sólo un

consuelo psicológico, ya que en la práctica casi nunca se ha usado, aún más raramente ha sido eficaz (en

veintiséis años de vida militar no conocí ni un solo caso) y, además, no se puede usar para las faltas

graves.

Ciertamente, en general existe una gran tolerancia ante algunas de estas disposiciones (como la de no salir

del municipio o no trabajar civilmente), que han caído en desuso por el general incumplimiento; pero en

los últimos años se aplicaron rigurosamente contra algunos oficíate sospechosos de ser contrarios a la

dictadura, creándoles una difícil situación que en ciertos casos les llevó a abandonar la carrera o pasar a

situaciones de m^irginaeión en el mando (destinos civiles, etcétera).

Si del oficial pasamos a analizar la situación de la tropa, encontramos una mayor desprotección en lo que

a garantía de los derechos humanos respecta, y. si. bien lo cierto es que él trato es correcto (salvo casos

excepcionales), se debe más a la bondad natural y espíritu ético de la oficialidad que a inexistentes

disposiciones legales. En efecto, sobre la- tropa, además de pesar algunas de las limitaciones de derechos

que tiene el oficial (respecto al matrimonio, a salir del municipio, a realizar actividades políticas,

etcétera), durante los años de la dictadura se produjeron —aunque en forma excepcional— hechos poco

acordes con la vida moderna, como el corte de pelo, por higiene o como castigo; la violación de

correspondencia a fin de informar a la superioridad; la utilización de soldados en tareas no estrictamente

profesionales, etcétera. Por último, desde hace un par de años, los soldadas cumplen su servicio

"precisamente" fuera de su.región de origen, norma que debería modificarse rápidamente, pues el pueblo,

ni la comprende, ni la desea y el Ejército está al servicio del pueblo.

Conclusión: urge promulgar un Estatuto

La explicación lógica de estas limitaciones está en el concepto antiguo de la profesión y en un cúmulo de

rutinas acumuladas. - (bancos pintados) que hacen que el militar (mando o tropa) se encuentre en nuestro

país, en lo, que a derechos humanos respecta, en una situación que contradice la Declaración de Derechos

del Hombre que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que

por haber sido ratificada por España se debe cumplir en todos y cada uno de los sectores del país.

Ciertamente, la peculiaridad de la profesión militar exige —en aras del bien común— adecuar y limitar

algunos derechos, por lo que los Parlamentos de distintos países han aprobado un Estatuto del Militar, que

en el nuestro es urgente realizar, porque debe .ser la voluntad soberana del pueblo, cuya voz es el Poder

Legislativo, la que concrete qué derechos y en qué circunstancias pueden quedar limitados a aquellos

ciudadanos que ejercen, en forma vitalicia o transitoria, la profesión militar, no pareciendo lógico que las

distintas autoridades de la cadena de mando,puedan decidir a su arbitrio .sobre unos derechos humanos

umversalmente aceptados, como, por ejemplo, .el de adquirir o leer lo que ha sido legalmente autorizado

en el país.

En consecuencia, es urgente que las Cortes emprendan esta tarea, que sé debe, además, realisar con el

criterio de que las renuncias o limitaciones de las derechos humanos de los miembros de la colectividad

castrense sólo pueden admitirse cuando respondan a exigencias de concreta e irrenunciable repercusión en

el buen funcionamiento de la institución. Con ello no se pretende ; alcanzar las altas cotas de

permisividad que tienen otros países —como Holanda—-, donde distintas condiciones objetivas han

¡levado a incluir en el Estatuto los derechos de sindicación, reunión y manifestación; pero sí una

racionalización de las limitaciones, que conlleva ´la supresión de algunas (como, por ejemplo, las que

afectan al matrimonio o a la libertad religiosa) que no guardan ´relación alguna con la operatividad de las

Fuerzas Armadas

 

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