Autor: Busquets Bragulat, Julio. 
   La justicia militar ante la unidad de jurisdicciones     
 
 Diario 16.    11/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

Jueves 11 agosto 77/DIARIO 16

La justicia militar ante la unidad de jurisdicciones Julio Busquets

Al intentar una valoración política del reciente nombramiento, por Su Majestad el Rey, del ilustre

magistrado don Angef*-Escudero como presidente del Tribunal Supremo, parece lícito deducir que existe

un deseo real de lograr la unidad de jurisdicciones por tres causas: Primera. Don Ángel Escudero ha

mantenido una posición muy clara contra las jurisdicciones especiales. Segunda. Televisión Española

aireó al día siguiente de su nombramiento frases sorprendentemente duras del nuevo presidente del

Tribunal Supremo contra una jurisdicción especial. Tercera. Para poderse realizar su nombramiento fue

preciso pagar un alto precio político al tenerse que renovar previamente el Consejo del Reino, contra el

parecer unánime de la oposición.

La jurisdicción militar

Es lógico que exista un real interés por lograr la unidad de jurisdicciones, ya que sin un poder judicial

independiente, único e igual para todos los ciudadanos, se pueden desarrollar situaciones de privilegio,

disminuye la seguridad jurídica y se dificulta la democracia.

En esta línea de pensamiento, las jurisdicciones especiales deben desaparecer o ser subsidiarias de la

ordinaria y, por tanto, sólo deben conocer materias muy específicas que no sean tratadas por la ley

general, llenando así los fueros especiales, lagunas legislativas clé"origen orgánico.

Al aplicar este criterio a las Fuerzas Armadas se observa que existen delitos, como la deserción, la

indisciplina o la cobardía, que, por ser específicamente militares, no están tipificados en el Código Penal

y, por tanto, deben figurar en el Código Castrense y ser juzgados en tribunales formados por militares, ya

que los jueces civiles tendrían, lógicamente, ciertas dificultades para valorar —por ejemplo— la gravedad

de la cobardía frente al enemigo o el abandono del puesto por un centinela. Es, pues, la existencia de

delitos única y exclusivamente profesionales la que hace necesaria la existencia de una jurisdicción:

militar especial y separada de la común.

El problema reside en que, debido en parte a razones históricas y en parte a hábitos de raíz política

desarrollados en las últimas décadas, la jurisdicción militar ha crecido desmesuradamente, y así, de los

2.927 delitos vistos por esta jurisdicción durante el bienio 1974-75, sólo 740 eran específicamente-

militares (el 25,3 por 100).

El origen histórico reside en que .al heredar et. militar la función .bélica de la nobleza incorporó también

su ideología (el culto al honor, al valor, etc.) y su posición de privilegio jurídico, ya que los nobles no

toleraban que tribunales formados por el pueblo juzgasen ni a sus personas ni en los lugares sobre los que

tenían jurisdicción. Y así apareció lo que actualmente se llama aforamiento por razón de la persona y del

lugar, que pone bajo jurisdicción militar todos los delitos que cometan los militares o que se cometan en

los cuarteles.

Con el transcurso del tiempo estas causas de aforamiento fueron aumentando sus esferas de competencia,

las cuales, ante la complejidad de la vida moderna, .dan lugar a auténticas anomalías. Por ejemplo, el

aforamiento por razón del lugar hace que la Marina tenga jurisdicción sobre todos los delitos que se

cometan en el mar, las, playas o los ríos, lo que lleva a juzgar ante consejo de guerra desde los polizones

de los barcos mercantes hasta los pescadores con explosivos. Análogamente, la jurisdicción, por razón de

la persona, puede llevar ante consejo de guerra a un soldado que tenga un-accidente de circulación con su

coche-particular y en su vida privada. O, como ocurrió hace pocos años en el regimiento de Ingenieros de

Barcelona, que la Policía Militar detenga a un soldado por adulterio. En resumen, del desbordamiento a

que ha dado lugar el aforamiento por razón del lugar o la persona es prueba el que, según se puede ver en

el cuadro adjunto, más del 50 por 100 de los delitos vistos por la jurisdicción militar durante el bienio

1974-75 lo fueron por esta razón.

La ley de Jurisdicciones de 1906

La hipertrofia que para la justicia militar significaban los aforamientos antes citados se vio agravada en

1906 al aprobarse la llamada ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la jurisdicción militar los delitos de

injurias u ofensas a las Fuerzas Armadas. Con ello se legalizó, además, una auténtica incongruencia

jurídica, ya que ninguna persona, física o jurídica, puede ser simultáneamente juez y parte dé un juicio.

Para comprender esta anomalía es necesario recordar que se produjo en un momento histórico, lejano y

totalmente superado, en el que el Ejército, quizá cómo consecuencia de la derrota del 98, sufría una grave

crisis ea su prestigio y era objeto de constantes ataques por parte de una prensa agresiva y poco

responsable. Esta actitud negativa de una prensa pequeño-burguesa, que profesaba un antimilitarismo

irracional y se complacía ofendiendo sistemáticamente a los militares con dibujos, caricaturas y chistes

llenos de mala intención, llevó a los oficiales a una situación de exasperación, que culminó con él asalto

al periódico humorístico y satírico el "Cu-. Cut", de Barcelona, en noviembre dé 1905, y dos días después

a "La Véu de Catalunya", que protestó por el hecho. Fue en este ambiente tenso en el que un Gobierno de

triste recuerdo, débil e inepto, presentó a unas Cortes que habían sido previamente abandonadas por los

diputados de la oposición, la citada ley de Jurisdicciones. Y fue esta debilidad inexcusable del Gobierno

la que alentó una indisciplina militar, que culminaría con la aparición de las Juntas de Defen^ sa en la

misma ciudad pocos años más tarde.

La jurisdicción militar durante la dictadura

Después de la guerra esta ley¡ desacertada, pero hecha exclusivamente para defender el prestigio militar,

pasó a ser sistemáticamen-te utilizada para reprimir a los que criticaban actitudes políticas

antidemocráticas de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Y así fueron acusados de injuriar a las

Fuerzas Armadas intelectuales (como Amando de Miguel), políticos (como Soler Padró, concejal de

Barcelona)) abogados por el ejercicio de su función (como Jaime Miralles} y hasta simples estudiosos,

como el autor de este artículo, que fue procesado por publicar su tesis doctoral. Lógicamente, el sector

que más .sufrió fue la prensa, y los nombres de Emilio de la Cruz Aguijar, Julio Camarero, Vázquez

Prada, Huertas Clavería y Alfonso S. Palomares son los más recientes que puedo recordar. Algunos de los

procesados, como Jaime Miralles o el que suscribe, habíamos demostrado con hechos nuestro amor al

Ejército, y esto era público, pero los gobernantes de la dictadura sembraban la confusión, identificando

sus intereses de partido con los del Ejército y de España.

Por otra parte, la dictadura utilizó los tribunales militares para reprimir los movimientos políticos que

existían contra ella, prorrogando el Estado de Guerra hasta 1963 y desarrollando una legislación fuerte-

mente represiva en la última década, que colocaba de nuevo algaras delitos políticos bajo jurisdicción

militar (leyes de 21 de septiembre de 1960, 2 de diciembre de 1968, 26 de agosto de 1974, artículo 294

bis, etcétera), con lo cual los tribunales militares vieron aumentar su trabajo, pero no su prestigio.

Por último, al estar bajo jurisdicción militar las Fuerzas de Orden Público y ser usadas éstas para reprimir

manifestaciones de estudiantes o de obreros, proliferaron los delitos de resistencia o desobediencia a

Fuerza Armada, como se puede observar en el eoSte adjunto, si bien a veces estos «etitas no tenían causa

política, ya qu´i las antes citadas razones de afaig5HÍer¡-to llevan también ante "el >ajnseio de guerra a

quien se enfrente .wS un policía armado en: la plaza de. toros o el campo de fútbol.

En resumen, los delitos cteiíjvadüa de la ley de jurisdicciones y las interpretaciones que de" la VnisiiM se

hizo durante la dictadura alcanzaron durante sus dos últimos años la cifra de 335 casos> lo que significó

el 11,4 por 100 de los vistos por la jurisdicción militar.

Conclusión

Los setenta años pasado^ -desde 1906 nos permiten afirmar, sin temor a equivocarnos, que en España la

situación ha cambiado, y ni la prensa profesa antimilitarismo irracional de principios de siglo, ni existen

oficiales que conciban la posibilidad de asaltar un, periódico. Al contrario, al clima de violencia social y

debilidad política de la España de ayer ha sucedido un clL ma de diálogo y colaboración en la España de

hoy que permite un normal y pleno funcionamiento de la ley y el derecho, sin necesidad de recurrir a

jurisdicciones especiales, subterfugio bajo el cual a menudo se encubren situaciones de larvada dictadura.

En consecuencia, la tristemente célebre ley de Jurisdicciones de 1906 debe ser de nuevo abolida (como.ya

se hizo en 1932), pues responde a una situación afortunadamente superada, siendo actualmente la

jurisdicción ordinaria más que suficiente para asegurar la defensa del honor de todas y cada una de las

instituciones o autoridades del Estado.

Simultáneamente debe abolirse el aforamiento por razón de la persona y del lugar, que. responden "a

concepciones de la justicia completamente anticuadas, a fin de racionalizar su organización, afianzar la

democracia y potenciar el prestigió de los consejos dé guerra, que lógicamente se desgasta, cuando ,se los

forma. constantemente, para juzgar delitos que socialmente tío. tienen suficiente importancia y además

.son ajenos a la guerra y las Fuerzas Armadas, como, el )p> lizonaje de los buques merefsáes, los

artículos que publica la pireasa o los problemas de desacató que puedan tener los policías armados en el

ejercicio de" sus funciones.

Delitos juzgados en consejos de guerra durante los dos últimos años déla dictadura (1974-75)

DELITOS ESENCIALMENTE MILITARES ... ... 7*0 25,3 %-

Deserción.....´.´... ... .................. ...... ......• 543

Indisciplina y sedición ...... ...... ... ... ... ...... 92 ,

Contra la actividad militar (negligencia, abando-

- ino de servicio, etc.).................. ... ------ 56

Concurso de delito militar y común............ 49

AFORAMIENTO POR RAZÓN DE LA PERSO-

. NA O EL LUGAR................ .:.......´... 1.565 53,4 %

Contra las personas, su libertad o seguridad ... 64

Contra la propiedad ... ... ... .... ... ... ... ......... 325 . "

Económicos, (cohecho, malversación, etc.) ...... 78

Concurso de varios delitos comunes .......... ... •• 86*

Relacionados con la conducción e imprudencia ... 829

Relacionados con el sexo (homosexualidad, violación, etc.).................................... 83

Cometidos en barcos mercantes o aviones civiles (polizones, etc.)-.,. ,..... .............•´. ... -89

Leyes especiales de caza y de pesca con explosivos. 11

CONSECUENCIA DE LA LEY DE JURISDICCIONES, POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA....

622 21,2 %

Injurias al Ejército, bandera o autoridad militar, 8

Ofensa, resistencia o desobediencia a Fuerza Armada......................... ............... ... 264

Contra la seguridad del Estado (propaganda ilegal, desordenes, etc.). ,..-,..... ... ......... ... 33

Bandidaje y terrorismo (art. 294 bis, ya abolido). 30 :

Negativa ´de prestación del servicio militar (ob-

jetores) ............... ¿..... .......... ... ...... 287

TOTAL ... ... ... ...... ... ... ......... ...... 2.927

 

< Volver