Autor: Martín López, Enrique. 
   La misión política de las fuerzas armadas     
 
 Pueblo.    10/06/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

LA MISIÓN POLITICA DE LAS FUERZAS ARMADAS

EL intento de construir una ordenación política d« nueva planta en sustitución de la que anteriormente

existia, entraña dificultades innumerables, que será necesario prever y resolver aún antes de que se

planteen; si, como es lógico, se quiere evitar que las posibles lagunas o contradicciones de. terioren con

mucha rapidez (a estructura política recién lanzada i a la navegación. Uno de estos problemas —y no el

de menor importancia—, es el de la función de las Fuerzas Armadas en el contexto de la actividad política

nacional. Después de (a publicación del real de-creto-ley de 8 de febrero pasado, por el que se regula el

ejercicio de actividades políticas, y sindicales por parte de los componentes de las Fuerzas Armadas,

cabría interpretar —sin duda erróneamente— que el legislador excluye de cualquier actividad política a

los miembros d« las Fuerzas Armadas y a éstas a título institucional. Sin embargo, la lectura atenta del

mencionado real decreto-ley y su comparación con él artículo 37 de la ley Orgánica del Estado —aún

vigente y con rango de .ley Fundamental—, arroja mucha luz sobre el problema.

ES bien sabido que el articulo 37" de la ley Orgánica del Estado • dice así: «Las Fuerzas Armadas de la

nacién, constituidas por los Ejércitos da Tierra, Mar y Aira y las Fuerzas da Orden Público, garantizan la

unidad a independencia d* la Patria, la integridad da sus territorio», la seguridad nacional y la defensa del

orden institucional.»

EL real decreto-ley de 8 de febrero, que por fuerza ha de entenderse como una norma de desarrollo del

artículo 37 de la ley Orgánica del Estado, es obvio que no podrá derogar ni suspender nada de lo que

aquél expresa. Y ello estuvo presenté en la mente del legislador, ya que el preámbulo de la citada norma

enuncia conceptos que conservan en todo la linea teórica expuesta en la ley Orgánica del Estado. Se

afirma que las Fuer, zas Armadas «no son ajenas a la política en su más fundamental acepción», que

poseen una capacidad política potencial y todas las prohibiciones desarrolladas en el articulado responden

al principio de que «las Fuerzas Armadas y sus miembros tienen el deber de mantenerse unidos para el

mejor cumplimiento de su elevada misión...» DE la naturaleza da asta misión sa dice que «está más allá

de las opciones políticas concretas». No sa aclara, sin embargo, qué aa lo que al legislador antianda por la

política en su más fundamental acepción, ni qué significa y qua implica la afirmación de que la capacidad

política da las Fuerzas Armadas aa potencial. Tampoco sa dice cómo, cuándo, en qué circunstancias y por

quién s» va a decidir que sa actualice la capacidad política da laa Fuerzas Armadas. Lo que sí queda claro

as que sa alta misión qua exige al mantenimiento de su unidad interna y, qua a tal fin, las excluye da

cualquier intervención en la política opcional da los partidos, as la misma qua anuncia da modo concreto

y sin lugar a dudas al articulo 37 de la ley Orgánica del Estado y qua rápita el primer párrafo del

preámbulo del real decreto-ley da 8 de febrero da 1977: «garantizar la unidad y la independencia de la

Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y ta defensa del orden institucional.» Paro,

por otra parte, resulta difícil suponer que e) legislador reduzca la función de tas Fuerzas Armadas a su

intervención estrictamente guerrera, ya que aún en el caso de que se considere la guerra coma una

actividad política, no paraca qua la acción bélica pertenezca a la política en su más fundamental acepción.

ES urgente que el legislador determine con nitidez qué es lo .propio de ese nivel de (a política, que él

mismo sitúa por encima de las opciones políticas concretas. Tal vez no haya sido prudente, ni tampoco

justo, comenzar por la delimitación negativa de la función política de las Fuerzas Armadas, porque su

contenido estrictamente prohibitivo, podria hacer que algunos pensaran —sin duda, equivocándose— qua

el mencionado real decreto-tey reduce a tos militares a la categoría d« ciudadanos de segunda clase, al

privarles de derechos políticos que poseen los demás españoles. Y sería lamentable y doloroso que

pudiera pensarse tal cosa, cuando´ las limitaciones establecidas por [a disposición legal que comentamos

tal vez puedah quedan compensadas con creces, en la mente del legislador, mediante la atribución a las

Fuerzas Armadas de una alta función política inserta en acepción de la política botada más allá d* lo

opcional y mudable. Más allá y por encima de toda discusión. Más allá de lo sometido a la libre discusión

de los partidos en el juego democrático.

Enrique MARTIN LÓPEZ

Catedrático de la Universidad Complutense

 

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