Autor: Morodo, Raúl. 
 En torno a la universidad. 
 Universidad, sociedad y Estado: el proyecto de ley orgánica de autonomía universitaria     
 
 El País.    03/01/1980.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

EL PAÍS, jueves 3 de enero de 1980

En torno a la universidad

Universidad, sociedad y Estado: el proyecto de ley orgánica de autonomía universitaria

RAUL MORODO

En la larga lucha por el restablecimiento de las libertades democráticas y, paralelamente, por la

modernización y secularización de la sociedad y el Estado, la universidad —en todos sus estamentos, con

diferentes ideologías— ha ocupado un lugar excepcional, no sólo ya durante la etapa política anterior,

sino desde el siglo XIX. Recuérdese, como ejemplos significativos, las actitudes críticas, de estudiantes y

profesores, durante la restauración canovista y durante los regímenes primorriverista y franquista. La

divergencia poder público y sociedad, que caracteriza gran parte de nuestra historia contemporánea, ha

sido un hecho que, deforma constante, la universidad ha analizado puntualmente, coadyuvando con

eficacia a la toma de conciencia general del país.

Esta reflexión critica, con los riesgos derivados de su testimonió activo, desde luego mucho más acusada

que en otros cuerpos del Estado, tuvo en la etapa última una doble proyección. En primer lugar, la critica

a la sociedad política en su conjunto, que, al descansar esta en supuestos no democráticos o restrictivos,

invalidaba cualquier reforma eficaz de las estructura d docentes e investigadoras. Desconectar sociedad

política y universidad sé entendía, con razón, como un intento baldío de institucionalizar un modelo

elitista y clasista, modelo que se rechazaba y que sigue siendo conveniente rechazar. La búsqueda de un

nuevo modelo era, pues, global y no meramente corporativo: una reforma o cambio universitario

implicaba el cambió del sistema o, al menos, el cambio de régimen político. En segundo lugar, la crítica

general se ampliaba a una autocrítica del propio funcionamiento de la universidad: no sólo se denunciaba

la escasa participación de profesores y alumnos en la gestión y gobierno y, por tanto, la exigencia de una

autonomía funcional, sino también la convicción de que sólo entre todos —poderes públicos, sociedad,

universidad— era posible sustituir la estructura y mentalidad clasista dominante por una universidad

pluralista, dinámica y progresista, con acceso a ella de todas: tas clases sociales y no sólo de los estratos

tradicionales de la burguesía, y, al mismo tiempo, funcionalizarla conforme a las exigencias de una

sociedad industrial, con despegue creciente al desarrollo y enmarcada dentro de una concepción no

centralista.

Constitución y universidad

La Constitución vigente, que expresa jurídicamente el cambio democrático realizado en nuestro país, en

su preámbulo y en el articulado, asienta los principios rectores que deberán presidir ésta relación sociedad

política y universidad. El preámbulo, en efecto, proclama genéricamente que se promoverá el «progreso a

la cultura» para establecer una «sociedad democrática avanzada»; en donde las estructuras universitarias

—de creación, de crítica y de transmisión de la cultura— obviamente tienen que cumplir un papel

importante. Así se reconoce y protege la libertad de cátedra (artículo 20. c). e igualmente los derechos a la

cultura y a la educación (artículo 27). Y es en este último artículo, complementado con el 49, en donde se

encuentra una de las claves para un desarrollo de una universidad progresista, autonómica y solidaria.

Así, la participación cívica en todos los centros sostenidos por la Administración, la libertad de enseñanza

y de creación de centros docentes, con el respeto a los principios constitucionales y al obligado

control/fiscalización por parte, de los poderes públicos y, de modo expreso, «se reconoce la autonomía en

las universidades, en los términos en que la ley establezca». Aunque de manera no sistemática y sin

precisión, lo que llevará a interpretaciones diversas, de modo especial en lo relativo a su desarrollo

normativo (competencias Estado-comunidades autónomas), La Constitución, en síntesis, fija los dos

grandes principios rectores —libertad y autonomía— que, en gran medida, configuran el carácter liberal-

progresista de nuestro texto constitucional. Estos dos conceptos básicos, complementados por la obligada

fiscalización estatal, que traduce el principio de democracia avanzada, a que aspira la Constitución, y que

se puede concretar jurídicamente en la idea de servicio público.

Raúl Morodo es catedrático de Derecho Político por la Universidad de Oviedo y embajador

extraordinario.

Un proyecto polémico de apertura progresista

El actual proyecto de ley que, como tal proyecto, tiene que pasar diversos trámites y tiene que recibir las

correcciones necesarias, es lógico que sea un proyecto polémico. Sería muy negativo que pasase

inadvertido, lo que indicaría una falta de respuesta intelectual y crítica por parte de una institución, como

la universitaria, una de cuyas funciones es precisamente la crítica. Se podría añadir más: la politización —

producto de la reflexión intelectual, y no de la violencia— no sólo no tiene que provocar suspicacias, sino

que debe aceptarse como un dato consustancial a toda democracia pluralista. Realmente sería

sorprendente que aspectos como las relaciones Estado y universidades libres. Estado y comunidades

autónomas, así como la problemática general universidad y sociedad, entre otros, no estimulase aun

debate amplio y reflexivo. Dos aspectos serían, así, básicos para en tender el actual estado de la cuestión:

eí contexto y condicionamiento de esta politización y, por otra parte, los principios generales y orgánicos

que estructuran y desarrollan el proyecto.

Por lo que se refiere al contexto de la politización, creo que hay vanos factores en juego. En primer lugar,

una proyección súbita de lo que se viene denominando «desencanto» y que en los sectores" universitarios

está más acusado. La universidad ha pasado de cumplir una función protagonista, eje de iniciativas y de

actuaciones, a una función más secundaria —desde el punto de vista político— y, en cierto modo,

aletargada. En algunos casos, esta nueva situación ha desviado a muchos cuadros a una participación más

directa en actividades parlamentarias, de partido o de Administración; en otros sectores ha provocado un

inicio de frustración o de intento de recuperar el protagonismo perdido. En segundo lugar, la politización

del proyecto de ley hay que inscribirlo dentro del actual período en lo que se podría llamar alteración

coyuntural solapada de la práctica del consenso y que lógicamente, afecta a las relaciones de los partidos

de Gobierno y de oposición. Alteración coyuntural a la que habría que añadir dos aspectos complementa-

rios: la coincidencia con otros proyectos estatutarios ajenos a la regulación universitaria —Estatuto de los

Trabajadores y Estatuto de Centros Docentes no universitarios— y la normal incidencia del proceso

constitutivo de los regímenes autonómicos con unas expectativas electorales que, en el caso catalán,

acrecientan este inicial nivel de politización.

Como proyecto de contenido ideológico reformista, en donde, como se verá, pretende regir los principios

de libertad, autonomía y servicio público (en definitiva, iniciar un proceso de democracia avanzada),

corresponderá á todas las fuerzas progresistas —con las enmiendas oportunas— conjugar democrática y

jurídicamente la viabilidad operativa de lo que, como resultado, será la primera ley universitaria del

nuevo Estado democrático.

¿Cuáles son los principios generales que informan este proyecto de ley en un desarrollo normativo? Sin

carácter exhaustivo; me voy a referirá algunos de ellas.

La modernización y consiguiente racionalización de la universidad actual es una histórica exigencia

motivada no sólo por el cambio democrático general, operando en el país, sino también una exigencia

interna para que el funcionamiento universitario —docente e investigador— sea eficaz. No se trata,

aunque es importante, que en la universidad queden plenamente garantizadas todas las libertades de modo

específico (de cátedra, investigación, estudio), recogidas en el artículo 4 del proyecto, sino, también, que

junto a estas libertades, heredadas de la tradición liberal-progresista, se complementen con los nuevos

derechos que tienden a configurar una «sociedad democrática avanzada» y con las ineludibles

reestructuraciones para un funcionamiento dinámico de nuestra institución. En otras palabras: se trata de

iniciar una modernización democrática profunda, abierta a sucesivas reformas, y no sólo una simple

modernización tecnocrática. Pasar de un modelo elitista a un modelo progresista exige, así,

modificaciones sustanciales que, entre otras, afectará a concretar nuevas políticas con respecto al acceso

de más amplios sectores sociales, hoy objetivamente discriminados, lo que debe llevar a una regulación

más racionalizada en las becas y tasas académicas, y al propio acceso a la universidad. Debe implicar

también una reordenación de los cuerpos docentes, el trabajo de investigación, así como una

reestructuración general del funcionamiento orgánico, que relacione operativamente universidad poderes

públicos (estatales y autonómicos) y sociedad. Reforma y autonomía están, así, indisolublemente unidas.

Y su eficacia dependerá no sólo de su desarrollo normativo-marco. que permita ir avanzando por un

camino progresista, sino también, y de modo muy especial, por una financiación adecuada. No habrá una

universidad seria si catedráticos, profesores y personal no docente siguen percibiendo unos sueldos de

país subdesarrollado, si no se acrecientan las disponibilidades económicas para una investigación a largo

plazo, si,en suma, el presupuesto general no se multiplica. Es, en este sentido, muy positivo que con este

proyecto reformista se llame la atención de la opinión pública y de los parlamentarios para una reflexión y

debate que puede llevar a Ja consideración de que salir del actual impasse, es decir, pasar del gremialismo

a la modernización democrática, sólo será posible si se aprueba paralelamente una financiación amplia y

correcta.

Este problema básico de la financiación estatal incide en un tema sobre el que la opinión estudiantil está

fuertemente sensibilizada. Me refiero al problema de las tasas académicas; concretando, en la

interpretación del artículo 23 del proyecto. Dicho artículo no habla de la implantación, aquí y ahora, de

unas tasas que cubran ios costos reales de la enseñanza, sino de una «conciencia», informada, en todo

caso, por el Consejo General de Universidades. Aun así, creo que el problema —e incluso la redacción—

no está, a mi juicio, bien enfocado. La norma podría, en base a los propios supuestos ideológicos del

proyecto, modificarse así: la gratuidad y la política de becas, como principios generales, comple-

mentándose con el racional aumento creciente de tasas, teniendo en cuenta las condiciones económicas

del estudiante. Suprimir las tasas o no gradualizar su incremento, abandonando una política de becas

amplia, sólo seguirá favoreciendo a unos estratos sociales bien determinados.

El tema de una eventual selectividad y condiciones de acceso es también uno de tos problemas cor-

porativos muy sensibilizados en el ámbito estudiantil. El derecho al acceso y a su permanencia en la

universidad, como derecho liberal, tiene que concretarse de alguna manera con algunas contrapartidas que

afecten al control de los poderes públicos sobre el estudio y su rendimiento. Derecho liberal y derecho

social no pueden deslindarse si se acepta el principio de una universidad progresista. Tanto en los países

socialistas como en los occidentales, más acusado en unos que en otros, este control social-estatal es muy

patente. Dado el carácter de transición de nuestra sociedad política, la vía tiene que ser forzosamente

ecléctica e indicativa. La actividad de los redactores del proyecto —en sus artículos 31 y siguientes—

discurre así por este camino: serán, en efecto, las Cortes Generales las que, «por motivos de interés

público, podrán autorizar al Gobierno para establecer un número máximo de estudiantes que puedan

cursar una carrera determinada en todo el territorio nacional» (artículo 32-2). Y paralelamente se remite a

las propias universidades, «para asegurar la calidad de la educación universitaria», la facultad de

establecer las pruebas para su ingreso, respetando así el principio de autonomía.

La segunda idea clave del proyecto reside en la consideración de la universidad como servicio público

referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional. El modelo liberal-individualista, con las

connotaciones de clasismo acentuado que caracteriza a la universidad tradicional, se ve así actualizado

por un principio de interés social general, nacional y solidario. La corrección individualista-centralista se

concreta operativamente en dos frentes de naturaleza polémica y con contenido político obvio. Por una

parte, la relación Estado y universidades privadas o libres, y por otra parte, la relación Estado con las

comunidades autónomas.

Dos supuestos previos y constitucionales enmarcan esta concepción, derivada de la aplicación de la

universidad entendida como servicio público de toda la comunidad: uno, la libertad de creación de centros

universitarios; dos, la fiscalización estatal sobre los mismos, compensado por las transferencias legales a

las comunidades autónomas y a las relaciones económicas tanto con respecto a las universidades

transferidas como a las universidades libres.

Por lo que se refiere a estas últimas —que remite del viejo problema secular Estado-Iglesia prefe-

rentemente—, el proyecto establece una normativa derivada del principio enunciado antes de la univer-

sidad como servicio público nacional; es decir, aceptando la libertad de creación de centros universitarios,

se exigirán unos requisitos específicos que garanticen su idoneidad. Y, dentro de esta concepción, dos

notas son explícitamente importantes: una, que su reconocimiento habrá de hacerse por ley, con lo cual la

garantía queda asegurada (artículo 14), y, por otra parte, «el reconocimiento oficial de una universidad

privada no implicará la concesión dé subvenciones económicas con cargo a los Presupuestos Generales

del Estado» (artículo 14-2). El respeto a la Constitución —libertad de creación dé centros docentes— y la

asunción del principio secularizado del centro estatal y de no favorecer centros que normalmente van

dirigidos a sectores sociales elevados quedan así correctamente normativizados.

El principio social de servicio público se aplica también al problema, más complejo, de las comunidades

autónomas. Las universidades públicas serían así de dos tipos: universidades públicas estatales y

universidades públicas de las comunidades autónomas. El Estado conserva la titularidad de las actúales

universidades públicas, pero con la posibilidad de transferirlas a las comunidades autónomas

competentes, con las limitaciones del control estatal referidas, fundamentalmente, a garantizar eficacia y

homogeneidad , (organización y régimen de profesorado). Pero, al mismo tiempo, respetando el principio

autonómico, las «comunidades autónomas que hayan asumido estatutariamente competencias en materia

de universidades podrían crear universidades, asumiendo íntegramente su financiación, por disposición

normativa con fuerza de ley emanada dé su órgano correspondiente» (artículo 11-1).

Conclusión

Es evidente que este proyecto de ley —sujeto, por tanto, en cuanto simple proyecto, a modificaciones y

enmiendas— tiene un carácter de transición, es decir, de respuesta indicativa global a una exigencia de

modernización democrática y de racionalización funcional: proyecto-marco que permite iniciar una salida

de profundización gradualizada en la meta establecida en la Constitución de instaurar en nuestro país una

«sociedad democrática avanzada». Será el actual Gobierno y Gobiernos, sucesivos los que tendrán que

ampliar las bases democráticas de esta reforma universitaria, asumiendo críticas y exigencias progresistas

que se vayan produciendo. Jurídicamente, el proyecto se inscribe dentro del principio general de servicio

público referido a toda la comunidad, desarrollando tanto la autonomía académica como la autonomía

regional-nacional.

 

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