Los socialistas votarán contra el proyecto de ley     
 
 El País.    05/03/1980.  Páginas: 2. Párrafos: 18. 

Los socialistas rotarán en contra del proyecto de ley

Tras la intervención del ministro de Educación, se pasó a la defensa dé las enmiendas a la totalidad al

proyecto. Las dos enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas, fueron presentadas por los grupos

Socialistas del Congreso y de Cataluña. El proyecto de ley desarrolla el artículo 27 de la Constitución, en

torno al cual se inició en 1978 el consenso entre la izquierda y UCD sobre la Constitución. Según

manifestó ayer el diputado del Grupo Mixto Hipólito Gómez de las Roces, enemigo de aquel pacto en su

día el consenso constitucional en materia educativa fue más aparente que real, «como se compruebe con

el disenso de ahora, que ponga de manifiesto que aquél, como otros problemas, más que resolverlos lo

que hizo la Constitución fue aplazarlos».

Ataque socialista

En defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista de! Congreso intervino el diputado Manuel

Gracia, secretario general de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FE-TE-UGT).

Reprochó al Ministerio de Educación haber utilizado medios estatales en la campaña propagandística en

favor del modelo educativo de UCD.

Anunció que esta será la primera ley orgánica que los socialistas votarán en contra, con el pleno

convencimiento de defender no los intereses del electorado socialista, sino «los intereses de la

convivencia democrática en el pleno respeto a la Constitución». Negó que sólo los marxistas y totalitarios

estén contra el Estatuto de Centros y adujo el testimonio de muchas asociaciones de padres, e incluso de

sindicatos próximos a UCD.

Asimismo afirmó que los socialistas están a favor de la libertad de enseñanza, siempre que ésta no se

reduzca a la libertad de empresa.

Recordó la situación insatisfactoria de escolarización que padece nuestro país ante la que no es

económicamente racional dedicar el dinero público a los centros privados. Se preguntó cómo era posible

separar la intervención de la comunidad escolar en el control y gestión de los centros de los requisitos

para la ayuda a los mismos, o cómo se puede regular la libertad de acción de centros sin regular a la vez la

programación regular de la enseñanza. Seguidamente criticó con dureza el reconocimiento que el Estatuto

hace a los propietarios de los centros privados, del derecho a establecer un «ideario educativo y propio».

Respecto a la afirmación que había, hecho el ministro de Educación sobre la posibilidad de que el ideario

pueda ser elaborado por los padres, el diputado socialista preguntó que dónde se reconoce en esta ley ese

derecho.

EL PAÍS, miércoles 5 de marzo de 1980

PARLAMENTO

NACIONAL/15

Manuel Gracia fundamentó también la enmienda a la totalidad de su grupo en el desconocimiento que el

Estatuto hace de los centros privados sostenidos con fondos públicos, al establecer sólo dos ti pos de

centros: los públicos y los privados. Consideró que la existencia de aquellos implica, en definitiva, «poner

en manos de particulares un poderoso instrumento, que puede ser utilizado en beneficio de la comunidad

y de los principios de pluralismo, convivencia y tolerancia o, por el contrario, puede servir intereses

particulares de adoctrinamiento, decapitación de las conciencias y, por ello, de la intolerancia y de la

incomprensión». Frente al Estatuto, ofreció la alternativa socialista, fundamentada en un correcto

desarrollo del artículo 27 de la Constitución, sin ceder, como ha hecho UCD, a las presiones que, desde

dentro y desde fuera, ha recibido, asumiendo como propios los intereses de grupos, instituciones y

personas, que pretenden utilizar la escuela como un elemento más en el conjunto de su acción proselitista

en la sociedad». Por último, calificó de inconstitucional el Estatuto en su redacción actual y anunció la

presentación del oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional.

UCD responde

Por UCD contestó el diputado José García Pérez, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.

Aseguró que las campañas han sido hechas desde todos los ángulos. Frente a los calificativos de

anticonstitucional y regresivo aplicados por los socialistas al Estatuto, el diputado centrista dijo que

«flaco servicio se hace a la libertad cuando se intenta acallar una de ellas, la libertad de enseñanza».

Elogió la vitud clarificadora de las posturas políticas que había impulsado el proyecto de ley, y aseguró

que la pedagogía y la enseñanza no pueden ser neutras. Redujo el problema a la alternativa de la izquierda

en favor de la escuela pública y laica.

Negó que los centros subvencionados sean públicos, y defendió para ellos su carácter privado, aunque con

el control de los padres, profesores y, en su caso, alumnos que se establece en el Estatuto. Defendió el

nombramiento del director por la Administración como normal en el mundo libre. Respecto al ideario

declaró que no hay libertad «sin derecho a escoger el tipo de educación y no hay tipo de educación si no

se conoce previamente». Calificó de malicioso decir que el ideario que se defiende es sólo el católico,

cuando el Estatuto permite la creación de colegios laicos. Negó también que el proyecto de ley no respete

el espíritu ni la letra de la Constitución.

Por los Socialistas de Cataluña, Luis Puig defendió la enmienda a la totalidad de su grupo, insistiendo en

el sentido empresarial y autoritario de los colegios diseñados por el Estatuto. Atacó los privilegios que

concede a los patronos, que, con el dinero de todos los españoles, podrán montar colegios de los que

podrán despedir a los profesores que no coincidan con su ideario. Lamentó que un partido catalán,

Convergencia i Unió, estuviera a favor del Estatuto.

Contestó a esta intervención, por el Grupo Mixto, Hipólito Gómez de las Roces, quien aseguró que no

hay colegios sin ideario, sino «centros con ideario conocido y centros con ideario encubierto o

clandestino». Añadió que con dinero público se financian también otras empresas no aceptadas por la

mayoría de los españoles, entre ellas los partidos políticos.

Antes de la votación intervinieron los grupos que no habían participado en el debate y que solicitaron la

palabra. Comenzó, por el Grupo Andalucista, Emilio Pérez Ruiz, quien expresó el apoyo a las enmiendas

socialistas, especialmente a la posición expresada por Luis Gómez Llorente en la Comisión de Educación.

Defendió el derecho a que existan centros privados, pero no con dinero público, y consideró un sarcasmo

para los parados andaluces la libertad de creación de escuelas.

Por la Minoría Catalana, María Rubies suscitó risas en la izquierda del hemiciclo cuando justificó el

apoyo de su grupo al Estatuto en su defensa de la escuela municipal pública frente a la estatal. Para ello se

apoyó en el ejemplo de su maestro Ramón Fuster, por lo que más tarde fue replicada por la diputada

comunista catalana Eulalia Vintró, también discipula de Fuster. La señora Vintró dijo que el maestro

común era partidario de la escuela estatal, aunque por las circunstancias creadas por el franquismo se vio

obligado a crear una escuela privada.

La única deficiencia que detectó la señora Rubies en el Estatuto fue la falta de apoyo económico a la

educación preescolar. Lamentó que en el momento de su intervención no se encontrara presente el

vicepresidente segundo, Fernando Abril, para que resolviera el problema.

Tras otra intervención en apoyo del Estatuto, a cargo de Juan Luis de la Vallina, por Coalición

Democrática, intervino Eulalia Vintró, quien calificó irónicamente el proyecto de ley de maravilloso, y

recordó que fue elaborado antes de la Constitución, y que, a pesar de los compromisos adquiridos por el

Gobierno en los pactos de la Moncloa y de las promesas ministeriales, «ni se ha retirado lo obsoleto ni se

ha mejorado el texto». La diputada comunista expresó su apoyo a las enmiendas socialistas a la totalidad.

Entre otros puntos criticó el ideario, como inconstitucional, y preguntó dónde están las garantías de ese

ideario cuando uno de los acusados del asesinato de Yolanda García era titular de un centro de enseñanza.

La intervención de la señora Vintró fue premiada desde la izquierda con un aplauso, que unió ayer a

socialistas y comunistas en todas las intervenciones de diputados de ambos grupos.

Intervención Gómez Llorente

Luis Gómez Llorente, diputado socialista, acusó en repetidas ocasiones al ministro de Educación de

«faltar a la verdad notoriamente». Estas afirmaciones, que fueron acogidas con ostentosas protestas en los

escaños de UCD, se produjeron en el turno de explicación de voto, en el que Gómez Llorente explícito las

razones por las que se habían negado a aprobar el artículo primero del proyecto.

MARISA FLOREZ

El diputado socialista Manuel Gracia, durante la defensa de la enmienda al proyecto del Estatuto de

Centros Docentes

Elena Vintró, por el Grupo Comunista, pretendió introducir una enmienda al primer artículo del texto para

evitar, dijo, una excesiva libertad reglamentaria, en manos del Gobierno al desarrollar la ley. Se opuso a

su pretensión Manuel Díaz Pinés, en nombre de UCD, en una extensa intervención, que comenzó

saludando «a la cámara en esta primera ocasión en que intervengo; a este risueño grupo que tengo a la

izquierda», a los asistentes en las tribunas e incluso a la prensa.

La enmienda fue rechazada, el artículo se aprobó con 168 votos favorables, 108 en contra y cinco

abstenciones, y en turno de explicación de voto, Gómez Llorente anunció que habían votado en contra

con un cierto sentido simbólico para mostrar «nuestra oposición radical a esta ley».

Aseguró que el ministro había faltado a la verdad al afirmar en su discurso que las enmiendas

introducidas acercan el texto a la Constitución cuando, a su entender, lo alejan hasta el punto de que

recurrirán de inconstitucionalidad el artículo 5. °, que regula la libertad de cátedra. Dijo también que se

faltaba a la verdad al afirmar las grandes posibilidades de autonomía de la ley, que el ideario lo puedan

establecer los padres y concluyó leyendo el párrafo de un elogiosísimo editorial de la revista Educadores,

editada por la FERE, como prueba, dijo Gómez Llorente, de cómo se intenta «apuntalar el sillón vacilante

de un ministro y también de dónde provienen los apoyos a la ley».

 

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