Autor: Hermosilla, Ramón. 
   Un abuso de autoridad     
 
 ABC.     Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

UN ABUSO DE AUTORIDAD

Por Ramón HERMOSILLA

RH. S. Crossman, en su libro «Biografía del Estado Moderno», editado por el Fondo de

Cultura Económica de México, analiza agudamente los procesos políticos culminantes en la

creación del Estado totalitario y escribe con ese motivo frases como ésta: «Se comienza por la

monopolización del Poder político.»

Los últimos acontecimientos que están ocurriendo en España deberían hacernos reflexionar

acerca de si nos están llevando pasito a paso por un camino que desemboque en una especie

de totalitarismo. Será, pues, indispensable desentrañar, descubrir, si efectivamente estamos

asistiendo a una primera fase, la denunciada por Crossman; es decir, a la monopolización del

Poder político, y atalayar desde ahí lo que pueda suceder er» el futuro. Sólo mediante ese

ejercicio de adivinación fundada, de intuición razonada, podemos prever lo que nos espera.

Para realizar el análisis y el descubrimiento es necesario, a su vez, dejar a un lado las

posiciones verbalistas. Los dirigentes que actualmente gobiernan España están demostrando

cada día cómo una cosa es lo que predican, defienden y anuncian desde las tribunas públicas y

otra muy diferente lo que se configura en los hechos concretos. Lo primero está destinado a no

defraudar o a retrasar cuanto puedan el desencanto y el desengaño de sus electores; lo

segundo, que es lo que importa —a nosotros y a ellos—, constituye los escalones de una

evolución premeditada e irreversible. Existe, es obvio, una contradicción permanente y no

casual, entre lo que se hace y se legisla en concreto y lo que se proclama y se dice. Ahora

como siempre es por los hechos por los que se conoce a tos gobernantes.

Para tomar como punto de referencia una situación característica pero actualísima, hablemos

hoy de la ley de Educación, empeño legislativo con el que se pretende enmendar

solapadamente el texto constitucional. El artículo 27 de la Constitución (artículo que no admite

eso que llaman «segundas lecturas», concepto que quiere decir que puede ser interpretado

«ad usum» de quien lo maneje) es bien explícito en cuanto a proclamar sin cortapisas el

derecho de todos a la educación, el reconocimiento del Estado a la libertad de enseñanza, y la

garantía de los poderes públicos «al derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Consecuentemente con estas expresiones, los líderes del partido hoy gubernamental nos

llenan cada día los oídos con manifestaciones de respeto y acatamiento al texto magno, que

ellos contribuyeron a redactar.

Sin embargo, la ley reguladora del derecho a la educación (LODE), elaborada en el despacho

de don José María Maravall, no responde a las expresiones publicitarias, ni refleja el espíritu

constitucional tan claramente definido; a pesar de que ambos elementos deberían ser la guía o

carril por donde discurrieran tes acciones legislativas y ejecutivas de este Parlamento y este

Gobierno. La LODE. digámoslo sin ambages, constituye una violación del citado artículo 27; no

soto por haberse pergeñado de espaldas a una realidad social que en manera alguna pueda

ignorarse, sino porque impide, de hecho, que los padres puedan elegir para sus hijos la

formación de acuerdo con sus principios.

Por tanto, tienen razón quienes aseguran que la ley que comentamos concibe la actividad

educativa y la organización escolar corno un reflejo de la organización política y dificulta la

iniciativa social en materia de enseñanza al reservarse el Estado el protagonismo de la

educación. Esto, agregamos nosotros, revela un plan para unificar la enseñanza, es decir, su

control, a través de una sola red de centros educativos, dependientes directa o indirectamente

del Estado. En esta cuestión, como en tantas otras —empresariales, agrarias, etcétera—, los

socialistas en el Poder desdeñan la propiedad pero se orientan al dominio de la producción, a

la gestión de la empresa, al rendimiento de la finca; y en el caso de la enseñanza, al control

orquestado de ésta. Todo ello evidencia, sin duda alguna, un propósito monopolístico inserto en

el programa de absorción global que, según la acertada tesis de Crossman, conduce sin

remedio al Estado totalitario.

Las atribuciones que la ley confiere al Consejo Escolar —por ejemplo— respecto a la

designación de directores de centros docentes recuerdan ¡a normativa que existía en ciertas

épocas no democráticas en relación con el nombramiento de directores de periódicos.

Entonces no se atacaba a la propiedad de las empresas periodísticas (e incluso se mantenían

ayudas y subvenciones), pero se las privaba de la facultad de nombrar a quienes creyeran

profesionales idóneos para ejercer la dirección de los diarios y revistas. La filosofía que

inspiraba aquel control o dominio por parte del Estado era totalitaria. basada en el propósito

de utilizar a los medios de comunicación, al servicio del Estado, como instrumentos de

adoctrinamiento Hoy, los mismos que ayer combatieron aquellas prácticas, aquellas leyes,

aquellos principios, los asumen descaradamente en este campo de la educación, al

asignar ai Consejo Escolar facultades que apuntan al mismo tipo de control, y con la misma

finalidad, agravada en el caso actual, por las características de fragilidad e indefensión de los

destinatarios.

Ramón Hermosilla /Abogado

La ley reguladora del derecho a la educación lo que verdaderamente pretende no es regular o

reglamentar tal derecho, sino impedir su libre ejercicio Y por ello es anticonstitucional. El

derecho en cuestión no fue inscrito en la Constitución como una expresión teórica y abstracta,

sino porque reflejaba y refleja una realidad social que es innegable, que está entroncada y

arraigada en el pensamiento, en la conciencia, en la costumbre y en la práctica; o. lo que es lo

mismo, en el derecho formal y en la consuetudine de nuestro país.

En consecuencia, atacar estos fundamentos de nuestra Constitución nacional, que son la base

de la Constitución escrita, revela la pretensión de destruir esencias inalterables e inmodificables

de nuestra manera de ser, de nuestra idiosincrasia, de nuestra fisonomía moral; en suma: de

nuestra condición de españoles. Hacerlo desde el Poder, mediante el ejercicio monopolístico

del Poder, es un abuso de autoridad. La sociedad pedirá cuentas de ello.

 

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