Acotaciones a la declaración del episcopado     
 
 Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.     Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 24. 

ACOTACIONES A LA DECLARACIÓN DEL EPISCOPADO

En un largo documento los obispos españoles han manifestado su punto de vista sobre el problema de la

enseñanza. La declaración nos llegó cuando el pasado BOLETÍN ya estaba en prensa. No obstante,

expresamos en él nuestra primera impresión. Ahora, con algo más de tiempo, queremos profundizar en el

problema. Sin embargo, antes de entrar en el análisis de los temas, a nuestro entender más importantes,

hemos de precisar algunas cuestiones previas referidas al carácter y oportunidad del documento, por un

lado, y a ciertas cuestiones semánticas, por otro.

CARÁCTER Y OPORTUNIDAD

Los obispos han hecho oír su voz cuando aquellas otras, obligadas al silencio durante cuarenta años de

dictadura, se alzan cada vez más potentes. Contrastan las palabras episcopales de ahora con las

bendiciones de antaño cuando fueron segados los esfuerzos de renovación cultural y pedagógica que

supuso la coeducación, el laicismo, el reconocimiento de las lenguas y culturas nacionales, la unificación

de la enseñanza... En una palabra, considerar la escuela como un servicio público prioritario; cuando la

Institución Ubre de Enseñanza o la obra de la Generalitat de Catalunya eran cerradas; cuando cientos de

enseñantes eran encarcelados o se vieron obligados al exilio; cuando muchos perdieron sus puestos de

trabajo, quizá sólo porque las tristemente célebres comisiones depuradoras consideraron que el modo de

pensar de tantos sancionados no era conforme a "los principios religiosos, morales y patrióticos que

impulsan el Glorioso Movimiento Nacional" (Orden del 20 de enero de 1939).

Quizá sea coincidencia, pero mientras el Estado surgido de la trágica guerra civil cerraba centros creados

por la República y se desentendía del problema educativo, la Iglesia llenó el vacío en el sector medio sin

alzar ninguna voz de protesta, con una enseñanza de carácter clasista y totalitario, que algún día habrá que

analizar a fondo. Y no pensamos que a esto pueda llamarse labor de suplencia, porque lo que entonces se

hizo no fue suplir, sino suplantar.

Hemos querido coger las aguas en sus orígenes, que ciertamente se han ido amansando a lo largo de las

cuatro décadas de dictadura, porque dan luz al documento actual, cuyo carácter se manifiesta en los

primeros párrafos del mismo, y más en concreto cuando se preguntan si los proyectos defendidos en las

"Alternativas" surgidas en varios puntos del Estado español "respetarán los derechos básicos de la

persona". Hay como miedo a perder los privilegios acumulados cuando sea no ya un general, sino todo un

pueblo el que diga: "La guerra ha terminado".

ESCUELA PUBLICA-ESCUELA PRIVADA

Pasemos ahora a aclarar el significado de ciertos términos que leemos con enorme ambigüedad en la

declaración del episcopado cuando afirman: "De esta forma —centros estatales y no estatales como

integrantes en igualdad de condiciones de un sistema nacional de educación— se evitaría tanto la

estificación como la privatización de la enseñanza y se dejaría preferentemente a la iniciativa de los

grupos sociales la tarea de la socialización de la misma" (núm. 26).

No queda nada claro qué significa estatal, privada y socialización. Vamos, per tanto a precisarlos para no

enredarnos en cuestiones semánticas. Repetimos ahora lo que ya dijimos en nuestra ponencia sobre

"Escuelas Públicas" en las Primeras Jornadas de Estudio sobre la Enseñanza (Alcobendas, 27-29 de junio

de 1976).

"De una forma general podemos decir que la escuela pública es aquella que tiende a satisfacer las

necesidades sociales, las cuales deben ser decididas y controladas por parte de las instituciones

democráticas de la sociedad.

Su financiación corresponde al Estado que paga directamente a todos los trabajadores del centro y

suministra los fondos necesarios para su mantenimiento.

En razón de su propiedad formarían parte del sistema: en primer lugar los centros que pertenezcan al

Estado, a las instituciones políticas de las comunidades nacionales y regionales que se crearan en el

Estado Español, a los municipios y a aquellas instituciones públicas que a nivel de distrito tuviesen en las

grandes ciudades capacidad de gestión pública y de financiación. Estos centros son los que entrarían

dentro del área de la propiedad pública.

No se agota necesariamente aquí, en las formas de propiedad pública, la tipología de los centros del

sistema escolar que preconizamos. Este, en razón de la aportación de recursos materiales y pedagógicos,

debe aceptar la integración en él de aquellas iniciativas individuales o colectivas siempre que respetasen

las siguientes condiciones, características de todo centro público:

— Que sean gestionados democráticamente por profesores, personal no docente, alumnos y padres de

alumnos.

— Que se integren en el sistema de planificación y control democráticos de la enseñanza. Todo centro

deberá satisfacer unas necesidades educativas reales de la zona en que esté enclavado.

— Deberá respetarse la libertad y el pluralismo ideológico en el funcionamiento del centro."

Hablamos de Escuela Pública y no de Escuela Estatal, porque éste es el término que emplean las distintas

alternativas y porque como tal ha sido precisado, en contraposición a Escuela Privada y superando a la

actual Escuela Estatal.

Escuela Privada sería la que no se ajustara a alguna de las condiciones arriba indicadas. En términos

positivos podría definirse como aquella empresa que busca la obtención de beneficios económicos,

ideológicos, o ambos a la vez.

Los obispos anticipan la renuncia a beneficios económicos cuando piden para los centros privados un

estatuto especial "que los diferencie claramente de las empresas lucrativas (número 32). No vamos a

precisar, por tanto, la rentabilidad económica que puedan tener en el presente o en el futuro los centros

privados, sean o no de la Iglesia, dedicados a la enseñanza, porque la declaración episcopal no propugna

la perpetuación del indiscutido negocio que ha sido la enseñanza. Lo que defienden los obispos es el

mantenimiento de sus centros como medio para reproducir su propia ideología.

Y éste es el asunto central de la declaración. Defienden, por un lado, centros monolíticos desde el punto

de vista ideológico, que serían los de la Iglesia; por otro, defienden también la presencia de la misma en

los demás centros.

PLURALIDAD DE CENTROS-PLURALIDAD EN LOS CENTROS

Argumentan la necesidad de colegios propios en el derecho de todo grupo a crear centros de enseñanza;

en el derecho de los padres a elegir tipo de educación; y en la urgencia sentida por la Iglesia en extender

su doctrina.

La presencia de la Iglesia en los demás centros la apoyan en el derecho de todo bautizado a la formación

religiosa; en las raíces católicas de nuestra cultura; y, también, en que sienten la necesidad de predicar su

doctrina en todos los campos.

No vamos a valorar a fondo cada uno de los argumentos expuestos por los obispos, aunque más adelante

hayamos de detenernos en alguno de ellos —el derecho de ¡os padres—, va que es el reiteradamente

expuesto por todos los que no están de acuerdo con las "Alternativas". Queremos analizar en forma global

a dónde conduce e! centro privado con las características perfiladas por ios obispos, frente a la escuela

pública defendida en las Alternativas, y ello en el aspecto debatido, que es el ideológico.

Vaya por delante que ni la Alternativa aprobada en la última Asamblea General, ni la ponencia sobre

Escuela Pública, elaborada por el Colegio para las Jornadas de Alcobendas, ni la opinión del colectivo

que hace posible este BOLETÍN —otra cosa son las opiniones firmadas de las que se hace responsable

cada firmante, y que las hay para todos los gustos— en ningún momento niega la posibilidad de una

Escuela Privada, eso sí, que se financie a sí misma, no a costa del dinero público, máxime cuando éste es

insuficiente para cubrir las necesidades de la escuela pública, que, reiteramos, no quiere decir la actual

estatal.

Quede también claro que tanto los derechos de la Iglesia a expresar su doctrina como el de los padres a

que sus hijos la reciban han sido ya contemplados por nosotros. Ciertamente partimos del hecho de la

pluralidad ideológica existente en el seno de nuestra sociedad, lo que niega el supuesto de que todos los

niños son religiosos. "Pero —decíamos en la ponencia sobre Escuela Privada en Alcobendas— se

garantizará que todos los alumnos cuyos padres lo soliciten puedan recibir de forma gratuita enseñanza

religiosa. Esta podría ser impartida al final del horario escolar por el personal cualificado para ello que

cada comunidad religiosa, designara."

El claro que la escuela no puede ser nunca un lugar aséptico donde los conocimientos, previamente

elaborados, estuvieran archivados, en disposición de ser entregados a los alumnos. La escuela será reflejo

de la sociedad a que debe servir. Si esta sociedad —si toda sociedad— es ideológicamente plural, el

pluralismo ideológico debe estar presente en la escuela. Evidente que ello no significa que el niño o el

adolescente se van a ver acosados por proyectos contrapuestos de sociedad. La escuela pública que

defendemos no es aquella donde el panfleto político o religioso vayan a sustituir al análisis científico de

las distintas materias. Pero no es menos evidentes que la escuela no puede ser un lugar neutral. Entre otras

razones: no existe neutralidad en este terreno. Todos nos movemos desde nuestras convicciones o

intereses.

Porque el objetivo final del proceso educativo —argumentan los obispos— es la maduración del hombre

hasta que éste tenga capacidad para un discernimiento crítico personal es inconveniente someter al niño y

al adolescente al influjo contradictorio de opiniones diversas (núm. 12). Mientras el alumno no alcance

madurez —continúan— y autonomía, los padres tienen derecho preferente para elegir tipo de educación

(núm. 13).

El argumento, aparentemente lógico, conduce, sin embargo, al absurdo, ya que pretenden que los centros

sean subvencionados con el erario público. Un respeto veraz a dicho derecho supondría que en cada

barriada, pueblo, etcétera, habrían de crearse tantos centros educativos como ideologías o religiones

tuvieren allí implantación. Cada partido político y confesión religiosa tendrían derecho a promocionar

su centro, lo que significa que habría que dedicar a la enseñanza tales sumas, que ni lodo el presupuesto

nacional podría cubrir. Subvención para todos, que es la única justa, representa despilfarro irracional.

El derecho de los padres a la elección de centro para sus hijos se resuelve en la responsabilidad de

los mismos frente a los derechos del niño y el adolescente. En este sentido pensamos que los padres

representan un grupo implicado en la enseñanza con claras obligaciones a Intervenir en la gestión de los

centros. De modo que de meros receptores en sus hijos ds una línea educativa determinada, pasan a ser

agentes, al lado de sus hijos, profesores y demás sectores implicados, de un proyecto educativo,

donde se manifieste la pluralidad, que lejos de confundir al niño, ya que no es otra que la que se

manifiesta en su entorno, la potenciará cara a despertar su capacidad critica; le ayudará a crearse

sus propias convicciones, no las que otros artificialmente le imbuyen y que se borran como marcas en la

arena; despertará, por último, su espíritu de observación. Todo ello conducirá, sin traumas, a la inserción

progresiva del niño en el mundo de los adultos.

 

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