Policías contra polícias     
 
 El País.    22/10/1980.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Policías contra policías

SEGÚN TODOS los indicios fiables, el Sindicato Profesional de Funcionarios del Cuerpo Superior de

Policía nació bajo los auspicios, o al menos con la benevolente simpatía, del Ministerio del Interior —en

la época de Rodolfo Martín Villa—, para cuyos altos cargos, en cambio, la Unión Sindical de Policías ha

sido en no pocas ocasiones fuente de recelos y suspicacias por su supuesta cercanía al PSOE.

Los sonados incidentes del fin de semana pasado, con la clausura de los locales de ese sindicato, hasta

ahora oficioso, en Madrid y Barcelona y las severas sanciones disciplinarias aplicadas a algunos de sus

más destacados dirigentes, han producido, en consecuencia, una considerable sorpresa y han suscitado

una serie de interrogantes en torno a los orígenes e implicaciones del conflicto.

Vaya por delante que parece sumamente grave confundir en un mismo tratamiento, las relaciones

jerárquicas en el funcionamiento de un cuerpo de seguridad del Estado, que deben servir de pauta para la

comunicación entre los jefes y sus subordinados cuando se hallan de servicio, y las actividades

propiamente sindicales que lleven a cabo inspectores o comisarios francos de servicio para ocuparse de

sus problemas estrictamente profesionales. Sin entrar en el fondo del asunto, y este es uno que

parece tenerlo muy oscuro y muy profundo, resulta difícilmente justificable que esas relaciones

jerárquicas puedan ser puestas en funcionamiento para desalojar de los locales donde un sindicato tiene su

sede a policías dedicados a discutir de asuntos propiamente gremiales.

O bien se prohibe a los funcionarios del Cuerpo General de Policía sindicarse, enfoque que contradiría no

solamente unos derechos adquiridos por el uso y por el anterior reconocimiento del Ministerio del

Interior, sino también garantizados por el texto de la Constitución, o bien debe respetarse el ejercicio de

esa libertad asociativa sin tratar de coartarla mediante el procedimiento de poner en marcha mecanismos

disciplinarios sólo adecuados para el servicio cuando lo que hacen o dicen disgusta a sus superiores.

El artículo 28 de la Constitución señala que la ley podrá «limitar o exceptuar» el derecho a sindicarse

libremente a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y

regulará en cualquier caso las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Pero esas

restricciones, comprensibles en atención alas responsabilidades, obligaciones y ventajas que comporta

siempre el acceso a grados desde los que se ejerce la autoridad sobre el resto de los ciudadanos, deben

quedar claramente expuestas y ser Las únicas que puedan invocarse para limitar las actividades sindicales.

Nada de esto parece que haya sucedido en los sucesos del fin de semana, y por eso los desalojos y cierres

de los locales sindicales nos parecen contrarios al derecho y a´ la racionalidad política.

Otra cosa, sin embargo, es el análisis de las eventuales manipulaciones específicamente partidistas —en

este caso de componente ultraderechista— de las que puede ser objeto un sindicato que surgió a la luz con

la célebre expresión «estamos dolorosamente hartos».

Sin duda, sectores policiales afincados todavía en la caverna gustarían de echar un pulso al Gobierno

democrático de nación y crear por su cuenta una crisis de imprevisibl1 resultados. Pero en tal caso no es

el principio de sindicación de los policías lo que tiene que ser puesto duda, ni sus locales los que deben

ser clausurados, ni sus dirigentes los que pueden ser sancionados. Antes bien, lo que entra en juego es el

concepto mismo de la profesión policial. Porque una cosa es el derecho de los funcionarios del Cuerpo

General de Policía a fundar y desarrollar un sindicato y otra muy distinta su obligación, también

constitucional, de respetar esas leyes que han de aplicar y tienen que hacer cumplirla resto de los

ciudadanos.

En cualquier caso, los métodos aplicados por la Dirección de la Seguridad del Estado, tanto en Madrid

como en Barcelona, con los dirigentes y afiliados del sindicato profesional de policía producen la mala

impresión que suscitan todos los comportamientos insuficientemente explicados.

 

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