Autor: Pitarch Bartolomé, José Luis. 
   Las reales ordenanzas de Juan Carlos I     
 
 El País.    07/11/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Martes 7 de noviembre de 1978

POLÍTICA

TRIBUNA LIBRE

Las reales ordenanzas de Juan Carlos I

JOSÉ LUIS PITARCH Capitán de Caballería

El pasado 28 de junio tenía lugar en el Congreso una sesión informativa consistente en la presentación del

proyecto de ley de nuevas Ordenanzas Militares. Asistía el ministro de Defensa y explicaron las líneas

maestras del proyecto varios oficiales miembros de la comisión que lo redactó.

El diputado Luis Solana destacó el «nuevo estilo en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el

legislativo», pidiendo que otros departamentos siguiesen el ejemplo del de Defensa. A preguntas de dicho

diputado, el presidente de la comisión redactora, general de Infantería de Marina Martínez de Galinsoga,

dijo que las diferencias entre las antiguas y nuevas Ordenanzas se centraban en tres aspectos:

La configuración de las Fuerzas Armadas al servicio de la Patria y no al personal del Rey, la profunda

transformación en los sistemas de reclutamiento acaecida desde entonces y el nuevo estilo de mando, que

tiende a ser más racional y explicativo, sin perjuicio de la disciplina.

El diputado Santiago Carrillo, por su parte, sugirió que algo parecido a aquella sesión se hiciera ante las

cámaras de la Televisión «para que los españoles se familiaricen con los principios que inspiran la

actuación del Ejército y con las Reales Ordenanzas». El diputado Manuel Fraga expuso su preocupación

de que, en la discusión ordinaria del proyecto, pudiese romperse su coherencia y trabazón, por lo que

propuso se arbitrase un procedimiento especial, aprobándose el proyecto mediante una ley de bases o bien

por títulos enteros. El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Enrique Múgica, respondió

que el Gobierno lo había enviado como proyecto de ley y así se tramitaría.

Ordenanzas y Código Penal

Como expone Rodríguez Devesa, militar y penalista, con anterioridad a la fase codificadora del Derecho

Penal castrense el Ejército se regia por las «Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina,

subordinación y servicio de sus ejércitos», dadas por Carlos III hace exactamente 210 años, el 22 de

octubre de 1768. Estas Ordenanzas llegaron a ser, con el tiempo, de difícil aplicación pese a múltiples

modificaciones y disposiciones complementarias, entre las que destaca la recopilación hecha para la

Armada por Mazarredo, en 1793.

Buscando remediar tal situación, tuvo lugar una fase redactora de «proyectos», en la segunda mitad del

siglo XIX, que culminaría con el «Código de Justicia Militar», de 1890; tema y evolución muy bien

estudiados por el auditor militar Faustino Muga (Revista Española de Derecho Militar, n.° 2). En el año

1850 se publica el «Proyecto Llórente», que pretende armonizar la Ordenanza General y el Código Penal

civil o común. Entre sus puntos más destacados citemos la supresión de castigos corporales (se aconseja,

incluso, eliminar la costumbre del cabo de llevar una vara) o la opinión de que debe limitarse la pena de

muerte para evitar indultos excesivos.

En el mismo año se presenta en Barcelona el «Proyecto Felíu de la Peña», que critica duramente la

legislación penal militar, «calcada en el Fuero Juzgo», e insiste en la necesidad de obediencia al

Gobierno, sin la cual el Ejército sería «la mayor de todas las calamidades». El «Proyecto Felíu» es, en

resumen, una mezcla de código, procedimientos y ley Orgánica, incluyendo materias de organización

militar.

Posteriormente se dan los proyectos del auditor de Guerra Núñez de Arenas y su oponente, del

funcionario civil Díaz Vela; el del almirante marqués de Rubalcaba (para la Marina); y el de Sichar y

Salas, antecedente inmediato del código de 1884, previa una ley de Bases (ley Martínez Campos) para la

codificación militar en 1882, siendo ministro de Justicia Alonso Martínez. Todos los citados proyectos no

llegaron a convertirse en leyes, pero abrieron camino a la posterior codificación e hicieron desechar la vía

de una nueva ordenanza.

Este Código Penal de 1884 sufrió, desde su aparición, ataques por los partidarios de las Ordenanzas, que

pretendían fuera revisado «por personas menos peristas y más militares», como pidió en las Cortes el 19

de febrero de 1885 el diputado Muñoz Vargas. Hubo también diversas consultas de capitanes generales

sobre la aplicación de artículos del código, hasta formarse dos comisiones reformadoras, una en el Senado

(presidida por el general Jovellar) y otra en el Congreso (que presidió el general López Domínguez).

Estas comisiones reformaron el código de 1884 y publicaron el de 1890, que ha llegado, con varias

vicisitudes, hasta 1945, fecha de promulgación del actualmente vigente.

Resumiendo, la codificación penal militar (que fue posterior a la civil y penal común) siguió un camino

muy lento, que arranca de la Constitución de 1812 y está marcado por las discusiones sobre reforma total

o parcial de las ordenanzas. El código de 1884-90 señaló el triunfo de una minoría de peritos en leyes

penales castrenses, y la opinión general dentro del Ejército le fue contraria. Si la redacción de 1884 no

llegó a duradera fue debido, en buena parte, al arraigo del espíritu de las Ordenanzas. Pero el hecho es

que el código afirmó, ya para siempre, su total independencia respecto a aquéllas y sirvió para consagrar

un ordenamiento penal militar de perfiles modernos, distinto y diferenciado de las normas de régimen y

servicio, propios de las Ordenanzas.

Actualización y seguridad jurídica

Las Ordenanzas, así, han seguido en vigor hasta hoy, comprendiendo las obligaciones de todas clases

propias de la profesión militar, las Ordenes Generales para Oficiales, el Reglamento del Cuerpo de

Suboficiales, las normas sobre honores, tratamientos militares y saludos y las del servicio de guarnición y

servicio interior de los cuerpos. Son y han sido, como dice el preámbulo del proyecto de ley de Reales

Ordenanzas (BOE n.° 138, de 1 de agosto de 1978), «el texto donde se han definido las obligaciones,

normas de conducta y derechos» de los militares.

Muchos de los artículos de las iniciales Ordenanzas fueron derogados (casi siempre de modo no expreso)

al desaparecer ciertas jerarquías de la milicia y crearse otras nuevas; al variar el sistema de administración

castrense, el armamento, la organización o el servicio militar; o como consecuencia de los cambios en la

legislación penal y los procedimientos militares. Los compiladores de legislación castrense han incurrido

a veces en errores, por estos motivos, presentando como desusados artículos que no lo estaban o

viceversa; agregando, ocasionalmente sin suficiente rigor, otros; o suprimiendo , algunos cuyo espíritu

permanecía claramente vigente.

En todo caso, el gran problema ha sido siempre armonizar las Ordenanzas con la legislación en vigor. Y,

desde otro punto de vista —a efectos no sólo de compilación normativa, sino didácticos, en academias y

escuelas militares, y prácticos, para la vida castrense diaria—, el grave inconveniente de que la ambigua

permanencia jurídico -positiva de ciertos preceptos («sociológicamente» no «eficaces», aunque «válidos»

como diría mi maestro Elías Díaz) llevaría a hablar un lengíaaje ininteligible y anacrónico.

Así, cuando el artículo 39 de las Obligaciones del Capitán de Infantería prescribe que, «para no gravar el

sueldo del capitán, ni el prest del primer sargento, con los gastos que corresponden a la compañía, se

abonarán a cada una catorce reales de vellón mensuales de la gratificación de hombres». O el 36 del

mismo título, según el cual «entre tambores, pífanos y clarinetes, nunca habrá mayor número que... en

cada batallón». O los artículos 9 y 10 del Coronel de un Regimiento, que le permiten «suspender de sus

empleos» a los oficiales del mismo (dando cuenta «al .comandante de las armas del paraje en que sirviere,

al capitán o comandante general de la provincia y al inspector general»), así corno «a los capellanes y

cirujanos».

En resumen, era bien precisa una actualización de las Ordenanzas de Carlos III (y de Fernando VI, su

hermano, predecesor en el trono, y Carlos IV, sucesor e hijo del rey ilustrado; pues las ordenanzas vienen

de aquellos tres monarcas, como advierte el preámbulo del proyecto de ley). Dicho preámbulo, en

interpretación «auténtica», señala un triple motivo para la renovación:

«La evolución de la ciencia militar, de las ideas sobre el ejercicio de la autoridad y los cambios de la

estructura social», a más de «las profundas transformaciones de nuestra Patria y. la conveniencia de

adecuar la legislación vigente a los pactos internacionales sobre derechos humanos».

Digamos finalmente (con la vista puesta en la discusión parlamentaria) que quizá no sería gratuito, en

bien de la seguridad jurídica, el que la «nascitura» ley de Ordenanzas se ocupase —o encargara al

Gobierno expresamente hacerlo— de derogar específicamente las viejas normas y preceptos inservibles;

preceptos aquellos que el proyecto de ley, en principio, no deroga, salvo cuando se oponen a los de la ley

o no concuerdan con ella misma.

 

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