Autor: Vega García, Pedro de. 
   ¿Qué va a hacer el presidente Suárez?     
 
 Diario 16.    15/12/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 25. 

Diario 16/15

¿Qué va a hacer el presidente Suárez?

Pedro de Vena García (*)

Si Suárez se somete al trámite de la investidura, deberá pagar costos políticos im." portantes, según el

catedrático de Derecho Político Pedro de Vega, que analiza en este estudio las salidas de que dispone el

presidente. La posibilidad de convocar elecciones generales parece más al alcance de la mano, pero

amenaza con el riesgo de la derrota. "La distribución geográfica de la absten ción en el referéndum ha supuesto un serio toque de atención para la UCD Pero aun así, Suárez tiene otras

soluciones. Pedro de Vega aventura una tercera vía con el texto de la Constitución en la mano. "Nada

tendría de extraño escribe que la sagacidad política de Suárez se manifestara nuevamente con un

golpe sorpresivo y audaz."

La ratificación popular en el referéndum del texto constitucional ha colocado ahora en el centro de las

inquietudes nacionales la incógnita de nuestro futuro calendario político, ¿Qué va a hacer el presidente

Suárez?

Conforme a la disposición transitoria octava de la Constitución, el actual presidente del Gobierno tiene un

periodo de treinta días, a contar desde el momento de la promulgación, para optar, o bien por la votación

de investidura, o bien por la disolución de las Cámaras lo que implicaria la convocatoria de elecciones

generales).

No deja de ser chocante, en principio, que después de aprobada y promulgada la Constitución, los

españoles tengamos que seguir en el peligroso y nada transparente juego de las conjeturas y las

adivinaciones. En lugar de preguntar sobre lo que piensa hacer el presidente Suárez, lo lógico hubiera

sido que a estu alturas nos preguntásemos, sin más, por el calendario político taxativamente establecido

en la Constitución. Los hechos, sin embargo, son como son. y así resulta obligado considerarlos.

Una primera precisión se impone. No se trata, por supuesto, de deshojar la margarita, ni de hacer alardes

de predicciones futuras, entre oíros motivos, porque bien pudiera sucede que el propio presidente Suárez

no supiese en estos momentos qué decisión va a tomar. De lo que se trata, simplemente, es de poner de

manifiesto cómo, más allá de las particulares intenciones y de los personales deseos del presidente,

existen una serie de circunstancias que han de condicionar de una manera importante su actuación.

Sin menosvalorar el significado y las consecuencias de la decisión presidencial, lo que acaso convenga

esclarecer ahora es el contexto en el que esa decisión se produce. A nadie se oculta que la opción por uno

u otro término de la alternativa que la Constitución establece, en la disposición transitoria octava, va a

afectar directamente a la estabilidad futura de nuestra democracia, al modelo de régimen parlamentario

que habrá de seguirse, y a la forma en que, por la legislación orgánica y ordinaria, va a desarrollarse el

texto constitucional. Quede, pues, claro que preguntar por lo que Suárez va a hacer, equivale, en cierto

modo, a preguntarnos por la suerte y el destino de nuestra democracia.

Posibilidades y riesgos

La primera posibilidad a tener en cuenta es, naturalmente, la votación de investidura. Entra en las

consideraciones de todo gobernante el tomar siempre el camino que estima más fácil y menos peligroso.

Y qué duda cabe que si Suárez se lo propone no topará con insalvables escollos pora lograr ser investido

como el primer presidente constitucional.

Ahora bien, la votación de investidura puede producirse de varias maneras. Cabe, en primer término.

pensar en una votación de investidura con el apoyo expreso o tácito de los partidos mayoritarios de la

oposición. Para ello sólo se requeriría que, en los subterráneos de la política española, siguieran

funcionando los esquemas del consenso de la etapa constituyente.

Son varias las razones que avalan esta posibilidad. Por un lado, constituye un poderoso argumento en

favor de la continuación de la política de consenso, la necesidad de dar respuestas conjuntas al problema

económico, a la incidencia letal del terrorismo en nuestra sociedad, y al propio desarrollo de la

Constitución, a fin de evitar que la legislación complementaria se convierta en un marasmo de

contradicciones y disposiciones caóticas. Por otro lado, entra en la estrategia política de algunos partidos

de la oposición ganar tiempo para consolidar socialmente su estructura y acrecentar politicamente su

credibilidad democrática.

Ocurre, sin embargo, que, a pesar de todas las razones y tentaciones varias en favor de un replanteamiento

de la política de consenso, la oposición no puede dejar de tener en cuenta las lamentables consecuencias

que de la misma podrían derivar. A la institucionalización de un sistema de componendas permanentes,

de ineficacia notoria y de acrecentada corrupción, acompañaría inexorablemente el hecho del alejamiento

de los partidos de sus naturales clientelas, asi como la potenciación de las fuerzas antidemocráticas que

encontrarían la puerta abierta para satisfacer sus aspiraciones demagógicas.

Por otra parte, no se debe olvidar tampoco que un apoyo, expreso o tácito, de la oposición en el trámite de

la investidura, en virtud de la política de consenso, exigiría compromisos y participaciones globales,

Pensar que el PC, sin la concurrencia de PSOE, va a prestar su confianza directa o indirectamente al

Gabinete Suárez, no pasa de ser una ingenuidad Ni UCD, ni el PC están en condiciones de permitirse el

lujo de dejar al PSOE en la privilegiada postura de ser el único y más relevante partido de la oposición. Si

las fuerzas de izquierda apoyan a Suárez en la investidura, bien o expresa o bien tácitamente, tendrían que

hacerlo necesariamente de una manera conjunta.

Investidura sin consenso

Por todo ello se hace muy difícil imaginar que la política de consenso prospere, al menos en el momento

de la investidura. Lo lógico es suponer que el presidente Suárez tendrá que conseguir la investidura desde

la fuerza parlamentaria que le proporcione su propio partido, y desde la confianza que, eventualmente,

podrían conferirle las minorías periféricas y los congresistas independientes. Esto quiere decir que, tanto

para lograr una mayoría absoluta en la primera votación como para obtener la mayoría simple en la

segunda, deberá pagar costos políticos importantes. Aparte de la obligada remodelación ministerial que la

operación llevaría consigo, dos son los interrogantes que, desde la óptica gubernamental, tienen por

fuerza que plantearse. En primer término, ¿no supondrá un Gobierno de coalición con las minorías un

deterioro notable para la estructura de UCD como partido? Y en segundo término, ¿podrá un Gobierno,

investido de esta forma, resistir du

rante mucho tiempo los embates de una oposición decidida a no practicar por sistema la política de

consenso?

Porque la oposición en realidad no ha funcionado hasta el momento, el aparato burocrático del Estado ha

podido dar impunemente pruebas de su ineficacia, de su concepción patrimonialista de la Administración

y de su arbitrismo. Y he aquí el problema: ¿Será capaz un Gobierno forjado en un compromiso

circunstancial y con una representatividad popular dudosa no sólo de afrontar los grandes problemas

nacionales, sino de cambiar los hábitos, modos y costumbres de un aparato estatal que exige

transformaciones profundas?

Ciertamente es innegable que si Suárez opta por la investidura tiene todas las posibilidades de lograrla.

Pero no es menos cierto que será a costa de asumir graves riesgos y de hipotecar seriamente su porvenir

político.

Razones para las elecciones

Porque Suárez sabe perfectamente que una votación de investidura, sin la participación activa o pasiva de

la oposición mayorilaria, no pasaría de ser un remedio transitorio, y porque sabe, además, que, planteadas

las cosas de este modo, el futuro trabajarla a favor de la oposición y en contra suya, no parece desdeñable

la hipótesis de que, en última Instancia, se decidiera por la convocatoria de elecciones generales. Con

ello, en primer lugar, ca

pitalizaría todavía al máximo su protagonismo en la transición; en segundo lugar, lograría ahormar y

vertebrar su propio partido, y, por último, intentaría soslayar el peligro de las elecciones municipales, que,

sin elecciones generales previas, pueden adquirir una resonancia política importante, al convertirse en el

indicador posconstitucional más significativo de los deseos y aspiraciones del país. No dejarla de ser

grave para un Gobierno con una base parlamentaria precaria y circunstancial el tener, además, que

enfrentarse a una oposición en cuyas manos hubiera recaído electoraímente el poder municipal.

La tercera vía

Son tan claras y tan evidentes las razones «n Cavor de la convocatoria de las elecciones generales como

para poder afirmar sin ambajes que si el presidente Suárez no opta por ellas, es por el muy simple y

comprensivo motivo de que corre el peligro de perderlas. La distribución geográfica de la abstención en el

referéndum ha supuesto un serio toque de atención para UCD. De todos modos, llevando el razonamiento

hasta sus últimos extremos, el dilema ante el que el presidente Suárez debe enfrentarse no admite otra

alternativa: o convoca elecciones, aun a costa de correr el riesgo de perderlas, o se decide por el callejón

sin salida de la investidura, que podría colocarle, a corto plazo, en el difícil trance de verse obligado a

disolver el Parlamento, con el consiguiente deterioro de su Imagen pública, y sin los recursos y

posibilidades que. hoy por hoy, todavía puede utilizar a su favor.

En cualquier caso, no debe desconocerse que en política no existe una lógica cartesiana. Nada tendría de

extraño que la sagacidad política de Suárez se manifestara nuevamente con un golpe sorpresivo y audaz.

Aprovechando la iniciativa que le confiere la disposición transitiva octava, bien puede suceder que se

presente a la votación de investidura a cuerpo descubierto, sin pactos previos, pero con el anuncio público

de que si no obtiene la mayoría absoluta en primera votación, en uso de sus atribuciones constitucionales,

disolvería el Parlamento antes de que se celebrasen las elecciones municipales. Con ello, intentaría forzar

al máximo el apoyo para la investidura de los partidos de oposición, y, en el supuesto de no lograrlo, haría

recaer sobre éstos los Inconvenientes y problemas que una acumulación excesiva de consultas populares

pudieran acarrear para el país. Por otra parte, y en el caso de no ganar las elecciones, quedaría en posición

privilegiada frente a cualquier partido que, aun resultando triunfador, no lo fuera por mayoría absoluta. La

razón es muy clara: si Suárez disuelve el Parlamento, y justifica dicha disolución en el hecho de no contar

con una mayoría absoluta: ¿cómo podría ser investido y gobernar otro partido que no obtuviera tampoco

la mayoría absoluta?

Llegamos así a la conclusión que me interesaba apuntar. Queramos o no el fantasma del consenso circula

por el horizonte político español Con lo cual la pregunta "¿qué va a hacer Suárez?", nadie, ni el propio

Suárez, puede contestarla sin resolver previamente el interrogante de "¿qué piensa hacer la oposición?".

Si la oposición claudica, y, a la postre, se dispone a pactar, tendremos investidura y posibles gobiernos de

coalición en una democracia y una vida parlamentaria seriamente amenazadas. Si, por el contrario, la

política de consenso se rompe definitivamente, Suárez se verá obligado a buscar sus aliados en sectores

más amplios de la derecha. Con ello simplemente se produciría lo que antes o después debe producirse.

Que 1a derecha se configure y actúe como derecha, y la izquierda como izquierda. La única manera de

asentar eficazmente una democracia es clarificando las fuerzas y partidos que actúan dentro de ella.

Es verdad que la formación de una gran derecha puede alejar al PSOE momentáneamente del poder. Pero

no es menos cierto que eso le permitirá consolidar su condición de primer partido de la oposición. Y el

PSOE no debe ni puede olvidar que, en una estructura económica capitalista que se pretende transformar

democráticamente, para que un partido socialista sea una efectiva alternativa de poder, lo que no puede

dejar de ser, en ningún caso, es la alternativa más importante de la oposición. Sólo de esta forma

podremos confiar los españoles en una democracia con gobiernos turnantes de izquierda y de derecha.

Con la política de consenso es evidente que el PSOE tiene en sus manos participar en un próximo

Gobierno de coalición. Pero una cosa es gobernar y otra muy distinta estar en el séquito de una coalición.

(´) Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca.

 

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