Autor: Gil-Robles, José María. 
   Se siguió un mal camino     
 
 El País.    26/01/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

Se siguió un mal camino

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES

Sí. Se siguió un camino equivocado. La prisa que acució a grandes sectores de la opinión de Cataluña y

del País Vasco de obtener a toda costa un resultado, aunque fuera más espectacular que efectivo, y el

prurito gubernamental de preferir el método sinuoso de las conversaciones y contactos en la penumbra a

1a abierta discusión a la luz pública con intervención de los órganos que debieran ser la auténtica

expresión de la democracia, ha conducido a la fórmula de las preautonomías, que hasta ahora no ha

podido apuntarse en su haber resultados suficientemente satisfactorios.

Se han creado estructuras formales, pero hasta ahora no se ha determinado cuál será su contenido. Se ha

dado, sin necesidad, la sensación de que se prepara una discriminación entre unas y otras porciones de

España. El resultado no puede ser más triste. Se han avivado los recelos, se han despertado rivalidades y

se ha improvisado una carrera de autonomismos, en buena parte ficticios, que si no se encauzan

debidamente van a construir poco y pueden destruir mucho. La controversia suscitada en torno a unas

recientes declaraciones de gran resonancia son buena prueba de que estos temores no son infundados.

Comprendo muy bien que en Cataluña y en el País Vasco la carga sentimental originada por los dolores e

incomprensiones que caracterizaron la política de los últimos decenios haya ejercido una fuerte presión,

sobre sus representantes, para que consiguieran a todo trance una primera disposición favorable a sus

pretensiones, aunque no fuera mas que simbólica. Lo que lamento es que tos elegidos del pueblo no hayan

creído conveniente encauzar esa presión hacia soluciones más cuidadosamente elaboradas, aunque fuera a

costa de un mayor tiempo de reflexión, en lugar de ceder ante un empuje de quienes, en buena parte,

tampoco se encuentran satisfechos.

En la tarea de reconstrucción política de España ha debido darse prioridad a la Constitución, como base

obligada de las demás estructuras que la realidad aconsejara crear. El debate constitucional tiene que

entablarse en torno a los problemas básicos que el país tiene planteados, uno de los cuales es el de las

autonomías, lo que supone la definición y el reconocimiento de las diversas entidades infranacionales, la

delimitación de las competencias y la previsión de la diversidad de instituciones que, como consecuencia,

habrán de crearse. Todo, con criterios claros en cuanto a la determinación de los principios básicos y con

prudente flexibilidad en cuanto a sus posibilidades de realización.

No cabe argüir que la elaboración de una Constitución es tarea prolija, que exige por su propia naturaleza

muchas jornadas de labor parlamentaria, que habrían obligado a un aplazamiento peligroso de la solución

del problema autonómico.

Nuestra historia constitucional evidencia, sin embargó, que la discusión y aprobación de la mayoría de

nuestras leyes fundamentales no exigió demasiado tiempo, si sé exceptúa la labor dé las Cortes de Cádiz,

que necesitó trece meses para la aprobación de los 384 artículos que constituyen el monumento de

ilusiones e ingenuidades promulgado el 19 de marzo de 1812.

Después del golpe de fuerza que restableció la Constitución del 12, la reina regente convocó unas Cortes

que en escasas semanas aprobaron el proyecto de ley fundamental elaborado por una comisión de

notables. Desde la sublevación de los sargentos de La Granja, hasta la promulgación del nuevo texto

constitucional, en junio de 1837, no transcurrieron mas de diez meses.

Narváez consiguió de unas Cortes moderadas que aprobaran en menos de tres meses la Constitución de

1845.

La revolución de 1868, que destronó a Isabel II, convocó unas Cortes Constituyentes que en tres meses

discutieron y aprobaron una nueva ley fundamental, sobre un proyecto redactado por una comisión en el

plazo cortísimo de tres semanas.

Cánovas tuvo que tomarse un plazo de un año antes de convocar Cortes Constituyentes, pues era

indispensable «desescombrar para reconstruir» y, sobre todo, concluir la guerra carlista. Pero, una vez

reunido el organismo constituyente, no necesitó más de tres meses para dotar a España de la Constitución

que ha tenido más larga vigencia.

En cuanto a la segunda República, el proyecto del Gobierno fue dictaminado en veinte días por una

comisión especial del Parlamento, y discutida y aprobada en el Pleno en menos de cinco meses.

¿No habría sido posible obtener de las actuales Cortés Constituyentes un esfuerzo parecido, máxime

cuando las facilidades concedidas al Gobierno para legislar por medio de decretosleyes descargaban al

Congreso y al Senado de otras tareas consideradas cómo urgentes?

¿Estaba justificada la alarma de los autonomistas vascos y catalanes ante la exigencia lógica de que la

tarea constitucional obtuviera la obligada preferencia?

No lo creo en modo alguno. No recuerdo que en la propaganda electoral de las docenas y docenas de

partidos en que se fraccionó la opinión pública hubiera uno sólo que levantara la bandera antiautonomista.

Pudo haber, y de hecho hubo, diferencias en cuanto a la calificación de los núcleos infraestatales que

afirmaban su propia personalidad. No fallaron, porque no podían faltar. discrepancias en lo concerniente a

las facultades que el poder central debía retener o podía delegar. Pero no hubo uno solo que defendiera el

centralismo destructor de la riquísima y fecunda diversidad de las personalidades integrantes del todo.

¿Qué mal habría podido derivarse de una política prudente que hubiera arrancado de las bases

establecidas en la que se ha de ser la ley fundamental del país?

La apariencia de situación privilegiada que han dado los acuerdos preautonómicos han favorecido la

explosión de pretensiones autonómicas que en buena parte han obedecido más a un sentimiento negativo

de rivalidad que a la defensa de una personalidad todavía no bien definida en sus contornos geográficos y

en su sustancia histórica.

Es mas. Ciertas posiciones demasiado radicales adoptadas a raíz de las primeras conquistas autonómicas

han producido alarmas justificadas, avivadas por el contenido ambiguo del dictamen de la comisión de las

Cortes, que tiene todo el aspecto de una transacción vacilante deseosa de aplazar los problemas de fondo,

por falta de valor y dedecisión para afrontarlos desde el primer día.

El empleo de términos equívocos, los circunloquios para rehuir planteamientos inevitables, han dado ya

sus primeros frutos. Varios grupos parlamentarios, sin excluir al conglomerado que sos

tiene el Gobierno, admiten ya la necesidad de revisar el dictamen elaborado durante meses y meses en el

clarooscuro de las comisiones que en su elaboración han intervenido.

¿Cuál será el resultado del trabajo definitivo de las Cortes? ¿Entenderá el órgano de la representación

nacional que su obra esté condicionada por los proyectos preautonómicos, tras de cuyo texto es fácil

adivinar las serias reservas mentales de una de las partes contratantes? ¿Se atreverá, caso de que así lo

exija la mayoría, a establecer unas bases que no permitan extraer de los acuerdos de preautonomia las

consecuencias previstas o deseadas por los que las aceptaron no como una meta de llegada, sino, como un

punto de partida?

La reacción provocada por las declaraciones del presidente de la Generalilat de Cataluña ha puesto

bruscamente de relieve la realidad de unas discrepancias en que no se quiso creer o que no se acertó a

tener en cuenta antes de aventurarse por un camino erizado de obstáculos.

No ha habido hasta ahora la necesaria decisión en nuestros medios políticos para poner en claro los

peligros equívocos que encierran los terminen federalismo, autodeterminación, nacionalidades, Estado

regional etnias y pueblos. Al amparo de ese confusionismo, que no es sólo semántico, proliferan

autonomismos sin base, susceptibles de hacer malograr soluciones justas, que apetecemos todos los

españoles de buena fe.

Un motivo más para que, sin pensar en retrocesos que podrían ser catastróficos, se abra cuanto antes el

debate constitucional, que armonice las legitimas aspiraciones autonomistas con las posibilidades que

permitan las exigencias del bien común.

 

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