Autor: Gil-Robles, José María. 
   ¿Maquiavelismo o torpeza?     
 
 El País.    28/04/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

EL PAÍS, viernes 28 de abril de 1978

OPINIÓN

¿Maquiavelismo o torpeza?

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES

Hace meses que el tema de las autonomías ha pugnado por saltar a los puntos de mi pluma. He frenado

ese deseo, pues no quería que mis palabras pudieran ser mal interpretadas y contribuyeran a avivar

polémicas estériles. Sin embargo, el nivel de las aguas revueltas está llegando a tales alturas que es

preciso que todos contribuyamos -aunque sea con un esfuerzo de tan modestas pretensiones como el

mío- a limpiar el cauce por donde aquéllas puedan discurrir sin causar estragos.

Una de las desdichas políticas que con más tesón he combatido durante toda mi vida ha sido la de los

excesos de un centralismo nivelador, dispuesto a destruir cuanto había de noble y constructivo en las

aspiraciones autonómicas de las sociedades ínfraestatates dotadas de una personalidad indiscutible. El

reconocimiento de esa personalidad en el seno de una misma nación soberana y la concesión de las

facultades de propia administración y gobierno proporcionadas al grado de su personalidad y dentro de

aquel limite infranqueable ha sido una tesis que vengo defendiendo públicamente desde los anos veinte.

El grado de esa personalidad y la exigencia, del reconocimiento de las correspondientes funciones

autonómicas nunca ha sido igual en todas las regiones españolas. Por eso la aspiración. que en algunas no

ha sobrepasado los linderos de lo cultural y literario, en otras ha alcanzado extremos de tensión

difícilmente admisibles. E1 ciego centralismo de los Gobiernos de todo tipo se mostró siempre

especialmente incomprensivo con aquellas regiones que mayores títulos ostentaban para pedir una

legitima autonomía, llegando en los últimos cuarenta años de dictadura a extremos persecutorios

indefendibles, que a su vez han engendrado situaciones de violencia que nada puede justificar. Las

consecuencias las estamos pagando y no sabemos huta dónde podrán llegar.

Que el problema del regionalismo era no sólo insoslayable, sino urgente, es cota imposible de negar, y no

creo que merezca censuras el Gobierno por haber deseado acometerlo. Lo que considero un gravísimo

error -a menos que sea un recusable maquiavelismo- es el procedimiento que se ha seguido para

alcanzar el deseable fin.

Lo normal hubiera sido esperar a que las Cortes, en cumplimiento de la misión específica para que fueron

elegidas, hubieran aprobado la Constitución y, dentro de ella, sentado las bases de la estructura del

Estado, de la definición sin equívocos, de la naturaleza de las sociedades públicas infraestatales, del

ámbito de las respectivas competencias, de la distribución de las funciones, de la habilitación de los

medios económicos y de las compensaciones entre unas y otras de las entidades dotadas de autonomía.

Habría sido posible así que los españoles alcanzaran un conocimiento suficiente antes de optar por alguna

de las posibilidades que la ley fundamental les ofreciera.

Los términos perentorios en que el problema se planteó desde el primer día en Cataluña y en el País

Vasco, y el recuerdo de pasados intentos de crear situaciones irreversibles -recuérdese la proclamación

del Estado catalán por Maciá en 1931, apenas instaurada la República tal vez hicieran temer al Gobierno

los riesgos que se corrían por el retraso descontado de ta tarea constituyente. Por ello seguramente prefirió

lanzarse por el camino de las soluciones provisionales. Creo que al hacerlo así reincidió en los errores que

en cierto modo le obligó a cometer la por tantos títulos desdichada ley de Reforma Política.

Si el retraso en la aprobación de la Constitución podía llevar el problema regional a un punto de tensión

peligroso, lo procedente hubiera sido dar una casi absoluta prioridad a la aprobación por las Cortes de la

que podría denominarse algo así como la leymarco de las autonomías. Una ley de rango institucional que

hubiera fijado para todas las regiones lo que antes dije respecto a la ley Fundamental del Estado,

es decir, las bases de una autonomía optativa con clara definición de la naturaleza, personalidad y derecho

de las entidades públicas infraestatales, de los posibles grados de una autarquía a la que todos y cada uno

de los núcleos regionales podrían aspirar, de los medios susceptibles de hacer viables las distintas

opciones, de ta íntersolidaridad de las mismas y, en una palabra, de las ventajas e inconvenientes de la

solución que cada cual pudiera elegir.

En lugar de ello se ha preferido el camino de ¡as negociaciones personales, de los forcejeos oficiosos, del

tira y afloja entre el que pide mucho y el que está dispuesto a conceder poco. Todo ello al margen del

Parlamento y encomendado con espíritu personalista a negociadores complacientes y de acusada

debilidad de carácter.

Han vibrado siempre nuestras regiones ante el recuerdo de sus instituciones tradicionales, de sus figuras

legendarias, de su personalidad desconocida, de su autonomía atropellada. Esos sentimientos latentes,

pero dormidos en buena parte de España, han despertado pujantes tan pronto como unas regiones a las

que se consideraba más favorecidas formularon sus reivindicaciones en tono exigente. Sobre el rescoldo

de ese estado pasional ha soplado el viento de las fáciles propagandas nutridas de halagos, las promesas

de un resurgimiento punto menos que milagroso, el aliciente del remedio de la postergación amargamente

sentida, la esperanza de unos beneficios económicos individuales y colectivos sin contrapartidas de

sacrificios a la vista...

¿Cómo extrañarse de que al conjuro de tan variados factores se hayan formulado peticiones autonomistas

con muy variado fundamento y muy diversa convicción, y se hayan congregado en unos y otros puntos

multitudes entusiastas, en las que fácilmente han logrado infiltrarse radicalismos de todo género y

activismos de toda laya?

Los tópicos fáciles, los equívocos y la falta de rigor critico de muchas convocatorias han pretendido dar a

algunos concursos multitudinarios una legitimación histórica y un enlace con fastos heroicos que ni han

tenido ni necesitaban tener para merecer el respeto y la adhesión de toda la opinión sensata.

¿Cómo ha podido decirse que el encuentro armado de los campos de Villalar y el sacrificio injusto de los

nobles caudillos castellanos que perecieron en el cadalso tiene algo de común con los actuales anhelos de

autonomía de una región, cuya delimitación geográfica como tal no admiten siquiera todas las provincias

que la integran?

Aparte factores sociológicos y económicos, que crearon un malestar soterrado en los últimos tiempos de

los Reyes Católicos, el factor más decisivo para el alzamiento de las Comunidades fue la defensa de las

libertades municipales y de su representación en Cortes, de tan gloriosa tradición en León y Castilla.

La inexperiencia del joven1 Carlos, educado sin el menor contacto con los reinos que estaba llamado a

regir, y los errores y rapacidades de validos extranjeros -los validos han sido casi siempre funestos para

los reyes- provocaron un creciente ambiente de rebeldía antes de que los comuneros levantaran el

pendón de los derechos conculcados de Castilla.

El Rey y las Cortes se enfrentaron en los primeros años del reinado de quien luego habla de ser llamado,

con sobrada razón, Carlos de Europa. El primer choque lo registraron las Cortes de Valladolid de 1518.

La fuerte oposición de los procuradores obligó al monarca a aceptar y a jurar condiciones harto duras

antes de que le concedieran los subsidios que precisaba para sus empresas exteriores. La política de los

favoritos flamencos de minar la rectitud de los mandatarios de las ciudades con favores y regalos en

dinero suscitaron la indignación general cuando se pusieron de manifiesto sus efectos, dos aftos más

tarde, en la mayor complacencia de las Cortes de La Coruña. Segovia llevó a la horca a su procurador

venal. Burgos, Sigüenza, Salamanca y Avila arrasaron las casas de sus representantes vendidos al oro de

los malos servidores del monarca. De estas represalias a la rebelión armada no había más que un paso, y

ése lo dieron Padilla, Bravo y Maldonado al frente de unas mal armadas huestes que fueron fácilmente

destruidas por la caballería real mandada por el condestable de Castilla en los tristes campos de Villalar.

¿Qué tiene que ver esa heroica aunque estéril defensa de las libertades de antaño con el improvisado

autonomismo de hogaño?

¿Cuándo sintió la región castellano-leonesa -la noble víctima de los desbordamientos de ta política

exterior del imperio- la menor rivalidad con los reinos de la Península, y mucho menos veleidades

secesionistas?

Pues lo mismo decimos de otras regiones amantes de su legítima personalidad y heridas por una

desigualdad inmerecida, sobre las que unos improvisados autonomistas están levantando una necia

polvareda de rivalidades personales y localistas, de reivindicaciones sociales y económicas mal

encauzadas, y de sordas malquerencias siempre latentes y en ocasiones desbordadas.

De seguir por el camino de las preautonomías, que despiertan tas apetencias de los que aún nada tienen y

la insatisfacción de quienes han recibido instituciones huecas, vacias de verdadero contenido, se llegará a

una situación caótica, en que podrá naufragar la autonomía misma y con ello quedar gravemente

comprometida la paz de España.

Estamos ante un error gravísimo, que es preciso rectificar.

A no ser que todos seamos víctima de un maquiavelismo de cortísimos alcances, que se haya propuesto

precisamente hacer descarrilar el autonomismo al encaminarlo por la vía del absurdo.

 

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