Autor: Gil-Robles, José María. 
   Desconfianza y disciplina política     
 
 ABC.    14/01/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

DESCONFIANZA Y DISCIPLINA POLÍTICA

Acualquier demócrata convencido le costara trabajo creerlo. Será penoso tener que admitir como cierta la

noticia, aparecida en la Prensa tan pronto como se anunció el período electoral y no desmentida hasta

ahora, de que la Unión del Centro Democrático exigirá a todo candidato que Incluya en sus listas la

renuncia previa y solemne del acta de diputado o senador que eventualmente pueda obtener. Renuncia

escrita y sin fecha que quedará en poder de los órganos directivos del partido para que puedan cursarla

cuando lo crean conveniente.

El tema no es nuevo, y ya ae ha dado, al parecer, el caso en algún partido todavía dominado por el espíritu

de dictadura clasista, aunque externamente se presente como adalid de un fervoroso idearlo democrático

de circunstancias.

El procedimiento es muy acorde con esa táctica oportunista que, hasta ahora, ha dado excelentes

resultados a partidos deseosos de colocarse en las vfas de acceso al Poder. Pero que se decida a emplearlo

un partido que se dijo nacido para facilitar el tránsito del totalitarismo a la democracia, resulta algo

sencillamente incomprensible.

Todo pacto que sujete a un representante del pueblo a cualquier voluntad ajena durante el periodo de su

mandato es, por su propia naturaleza. Incompatible con un régimen de democracia representativa. Con

apoyo en precedentes históricos y con fundamento en la doctrina de Rousseau de que el elegido por los

ciudadanos no es más que un simple mandatario suyo, titular de un poder revocable, llegó a admitirse por

algunos tratadistas el principio del mandato imperativo, en virtud del cual el diputado se obligaba a

desempeñar su función de acuerdo con las instrucciones de sus electores.

Pronto se vio que la institución, de imposible implantación en la práctica, era contraria al principio de la

soberanía del Estado. El diputado o representante, aunque sea elegido por el voto reducido de la minoría

de electores de un distrito o circunscripción, representa a la nación entera y no al grupo de ciudadanos que

le otorgaron su confianza.

El voto imperativo es hoy un simple recuerdo histórico y la propia Constitución que acaba de ser

proclamada es en este punto categórica: «Los miembros de las Cortes Generales -dice el artículo 67 en

su párrafo 2.«- no estarán ligados por mandato Imperativo.»

Y, sin embargo, pocos dfas después parece que el conglomerado gobernante se dispone a crear un

dispositivo según el cual sus diputados y senadores electos se someterán, durante toda la duración de la

legislatura, a las normas que en cada caso crea conveniente imponer la oligarquía directora del partido. El

candidato que luche bajo la etiqueta de la U. C. D. quedará indeleblemente marcado con su sello y

obligado, so pretexto de ser fiel a una doctrina, a acatar la disciplina del grupo incluso en aquello que sea

contrario a los dictados de su propia conciencia, so pena de quedarse sin acta.

Se pretenderá justificar esta Imposición con un fácil argumento. El candidato que procura los votos de sus

conciudadanos pide como es lógico al mismo tiempo la adhesión a la doctrina del partido en cuyo nombre

lucha; y debe seguir, por eso, siendo siempre fiel a la misma. Abandonaría mientras ejerce la función para

la que fue elegido sería tanto como traicionar a los electores que otorgaron conjuntamente su confianza a

la persona y a su ideario. Es justo, por lo tanto, que la deslealtad se pague con la pérdida del puesto desde

el que se consumó.

El argumento es sobradamente especioso. La doctrina en que un partido basa su propaganda electoral

sufre en su aplicación en el curso de una legislatura rectificaciones más o menos profundas y abandonos

más o menos notorios, por exigencias de una táctica política que muchas veces rebasa los límites de la

simple flexibilidad. ¿Por qué no admitir que existan uno o más representantes de ese grupo que,

precisamente por su más Intransigente lealtad a los principios, no acepten ciertos acomodamientos

pragmáticos y rompan temporal o definitivamente con la disciplina impuesta en nombre de los Intereses

del partido? ¿Quién confiere autoridad al grupo de oligarcas que cada vez manipula más descaradamente

a los partidos, dentro y fuera de España, para erigirse en jueces de las decisiones que un diputado puede

tomar con arreglo a sus convicciones e Incluso por respeto a lo que él cree que es la opinión óe sus

electores en el caso que motiva la disidencia?

La disciplina de un partido no se logra por procedimientos humillantes, inspirados, además, en un

sentimiento de desconfianza propio de quien se ve al frente de un conglomerado heterogéneo y por lo

mismo de escasa cohesión interna.

Todo partido político está integrado por hombres con las virtudes y los defectos de nuestra naturaleza. En

su seno se debaten los ideales y los intereses. Aquellos más o menos puros. Estos más o menos legítimos.

Cultivar los segundos con preferencia a los primeros equivaldría a dar el triunfo a lo que, desde luego, no

siempre es lo más noble y puede llegar incluso a ser lo más bajo y deleznable.

En nuestras Cortes tradicionales que. como es notorio, no respondían a la esencia de la moderna

democracia representativa, las villas y ciudades conferían a sus mandatarios en Cortes unos poderes -

incluso formal izados ante escribano- de los que no podían apartarse en sus representaciones ante el

Rey. El infeliz Rodrigo de Tordesillas, procurador por la ciudad de Segovia, fue ahorcado por haber

concedido, en contra de lo ordenado por sus mandantes, los subsidios pedidos por Carlos V en las Cortes

de La Coruña.

Suárez prefiere adoptar precauciones previas menos violentas, pero muy eficaces. Lo malo es que con

ellas aunque no mate los cuerpos deja maltrechas las almas. ¿Cree que al país podrá inspirarle gran

seguridad política un partido de diputados y senadores curvados bajo el peso de desconfianzas

humillantes?

José Mª GIL ROBLES

 

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