Negociación de los estatutos de autonomía. 
 Diferencias importantes entre los estatutos vasco, catalán y gallego respecto a la financiación de la autonomía     
 
 El País.    29/06/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

POLÍTICA

EL PAÍS, viernes 29 de junio de 1979

Negociación de los estatutos de autonomía

Diferencias importantes entre los estatutos vasco, catalán y gallego respecto a la financiación de la

autonomía

Las diferencias más importantes entre los tres proyectos de Estatuto de Autonomía hechos públicos hasta

el momento -vasco, catalán y gallego— radican en la regulación de los medios de financiación de las

comunidades autónomas respectivas.

La Constitución enumera los recursos de las comunidades y, entre ellos, el de impuestos cedidos total o

parcialmente por el Estado, pero se limita a señalar que las asignaciones a las mismas en los Presupuestos

Generales del Estado estarán en función del volumen de los servicios estatales que hayan asumido y de la

garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos estatales en todo el territorio

español. Falta por establecer claramente qué criterios de proporcionalidad existirán para el reparto entre

cada una de las comunidades autónomas de las cantidades que sean asignadas globalmente en los

Presupuestos.

En el Estatuto catalán se dice que uno de los criterios para ese reparto debe ser el número de habitantes y

la renta de la comunidad autónoma, mientras que en el gallego el porcentaje se fija en relación inversa

entre la renta española y la gallega, por habitante. El caso vasco ofrece peculiaridades muy especiales,

puesto que se opta por un sistema exclusivo: los conciertos económicos. La comunidad recauda todos los

impuestos y entrega al Estado una cantidad global o cupo, que se fija por una comisión mixta

Administración-comunidad.

En términos generales, los estatutos vasco y catalán ofrecen muchos puntos en común. Las competencias

de las policías autónomas son uno de ellos, con una salvedad: la intervención del Estado en el

mantenimiento del orden público interior de Cataluña y el País Vasco debe ser aprobada, en el primer

caso, por el Senado (mayoría absoluta) y, en el segundo, por la Junta de Seguridad (mayoría de dos

tercios). La Junta de Seguridad, según el Estatuto de Guernica, estará integrada, en número igual, por

autoridades o representantes de los Gobiernos del Estado y del País Vasco. En el Estatuto de Sau, la Junta

de Seguridad, que es consultiva, está formada por «representantes del Estado y de la Generalidad», sin

otras especificaciones. El Estatuto gallego opta por decir escuetamente que la comunidad autónoma

tendrá competencias en materia de seguridad pública en los términos que establece la Constitución y que

podrá crear una policía propia «de acuerdo con lo que dispone la Constitución».

El Estatuto vasco atribuye en exclusiva a la comunidad autónoma 36 materias, así como el desarrollo

legislativoy la ejecución, dentro de su territorio, de la legislación básica del Estado en materia de

planificación de la actividad económica, ordenación del crédito, banca y seguros, reservas del sector

público de recursos o servicios esenciales, régimen minero y energético, contratos y concesiones

administrativas, comunicaciones, salud y seguridad social, prensa, radio y televisión y el ejercicio de los

derechos y deberes constitucionales. Se atribuye también la competencia exclusiva en materia de

educación «sin otra limitación que el respeto a los principios de la Constitución», y enumera una serie de

materias en las que corresponderá a la comunidad autónoma la ejecución de la legislación estatal. El

Estatuto catalán enumera también 36 materias exclusivas de la Generalidad, y le atribuye el desarrollo

legislativo y la ejecución de las mismas materias que el Estatuto vasco, excepto en el caso de la sanidad y

seguridad social, en el que se especifica «seguridad social y sanidad preventiva, curativa y

rehabilitadora».

 

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