Autor: ;Gallego-Díaz, Soledad. 
 Seís artículos y dos disposiciones se salvan del desacurdo centrista. 
 Tribunales propios y alta participación en los impuestos, puntos clave del Estatuto catalán     
 
 El País.    28/06/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

El documento centrista sobre motivos de desacuerdo con el proyecto de Estatuto catalán está redactado de

forma, paralela al que se refiere al Estatuto de Guernica. Expuestas las principales discrepancias del

partido gubernamental con el proyecto vasco (véase EL PAÍS de ayer), Bonifacio de la Cuadra y Soledad

Gallego-Díaz analizan hoy los desacuerdos centristas con el proyecto catalán.

Seis artículos y dos disposiciones se salvan del "desacuerdo" centrista

Tribunales propios y la participación en los impuestos, puntos clave del Estatuto catalán

Los principales motivos de desacuerdo con el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña de Unión

de Centro Democrático (UCD) giran en torno a la regulación del poder judicial autonómico y a la

financiación de la Generalidad. Los desacuerdos no se limitan, sin embargo, a estos aspectos, sino que

afectan a 49 de los 55 artículos del texto actual, tres de las cuatro disposiciones adicionales y cinco de las

seis disposiciones transitorias.

El proyecto de Estatuto catalán polariza el mismo rechazo centrista que el vasco, por lo que se refiere a la

atribución del poder como emanación del pueblo, sin más especificaciones, y por sus apelaciones a la

realidad nacional catalana. Con todo, el proyecto catalán suscita menos diferencias políticas para UCD, en

buena parte como consecuencia de una cierta mayor habilidad jurídica en su redacción. Fruto de ese clima

es el reconocimiento que el grupo centrista hace —y que no figura en el documento sobre el Estatuto de

Guernica— sobre el coherente esfuerzo del proyecto catalán «de continuidad con la historia de España y

de sus pueblos» sobre la voluntad de fidelidad a los principios constitucionales.

Por lo demás, entre ambos proyectos existen numerosas coincidencias, que suscitan el desacuerdo

centrista con los dos. Resaltan entre ellas la regulación de la condición del ciudadano vasco y catalán y las

atribuciones en materia de seguridad ciudadana, con competencias para la policía autónoma sobre el

orden público. También coinciden ambos estatutos en la reivindicación del desarrollo legislativo, si bien

en esta materia el proyecto catalán llega más lejos, al atribuirse también el desarrollo normativo de

competencias exclusivas del Estado.

Como supuesto específico del proyecto catalán, en su disposición adicional segunda se prevé la

constitución de un patronato, con participación paritaria de la Generalidad y del Estado, encargado de la

gestión del archivo de la Corona de Aragón, punto este que suscita el desacuerdo de UCD, por entender

que se trata de un archivo supraterritorial.

 

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