Autor: Dávila, Carlos. 
 Los partidos estudian el informe autonómico. 
 Fuertes discrepancias con los Estatutos Vasco, catalán y gallego     
 
 ABC.    19/05/1981.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Los partidos estudian el informe autonómico

Fuertes discrepancias con los Estatutos vasco, catalán y gallego

MADRID (Carlos Dávila). La Comisión de Expertos ha dado un gran susto. Y no será el último.

El informe, del que se conocen sólo las líneas generales, es tan radical en sus planteamientos

que cambia, ni más ni menos, que todas las formulaciones autonómicas que hasta ahora se

han venido siguiendo. Mejor hubiera sido, desde luego, haber formado este Comité apenas

aprobada la Constitución y no ahora, en que los males autonómicos tienen poco remedio. El

informe —hay que recordarlo— no es vinculante; es decir, no tiene valor obligado para nadie; ni

siquiera para los dos grandes partidos que se pusieron de acuerdo para formarlo y para

designar, nombre a nombre, a cada uno de los expertos en Derecho Administrativo, que al

cabo de casi dos meses han emitido su dictamen.

Lo más sobresaliente, el punto que va a desencadenar toda una polémica nacional, es un

consejo que habrá sentado, ya a estas horas, muy mal en las comunidades autónomas

constituidas: País Vasco. Cataluña y Galicia. La Comisión parte de una premisa: no existen

competencias exclusivas de las comunidades. Pues bien: sólo el Estatuto vasco contempla en

su título primero, en el artículo décimo, treinta y nueve de estas competencias, que van de las

demarcaciones territoriales y la organización y funcionamiento de las instituciones a la política

de espectáculos o de la tercera edad. Otro tanto sucede en e) caso catalán y en el gallego. No

se conoce la solución —que habrá alguna— que la Comisión ofrece para que su dictamen no

entre en colisión directa con unos Estatutos que tienen rango de ley orgánica, que han sido

aprobados en referéndum y que, en suma, parece que sólo pueden modificarse con la

convocatoria de otro referéndum.

SOLUCIÓN política

El caso, pues, tiene mala salida constitucional, por lo que resulta posible que los dos partidos

que pidieron árnica doctrinal a los técnicos se decidan, otra vez más, por acogerse a la pura

práctica política; práctica que puede volver a los orígenes, cuando en los inicios de escritura de

la Constitución muchas voces se levantaron en favor de considerar los tres casos autonómicos

que hemos mencionado como «especiales» y considerar los demás como solucionables en un

régimen general. En resumidas cuentas, se trataría de obedecer más a los planteamientos que

tiene el actual ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas (gallego, de Orense) que a los del

titular de Administración Territorial, leonés. Ni UCD ni el PSOE tienen en este momento la

menor intención de provocar sofocos en Cataluña y en el País Vasco y, en consecuencia, lo

más probable es que las cosas se queden como están y se haga la vista gorda sobre las

muchísimas competencias que los Estatutos mencionados recogen como «exclusivas y que, en

opinión de los expertos, «no deben existir en la práctica».

Y es que se ha acudido al consejo de los técnicos definitivamente tarde y, a estas alturas, ya es

muy difícil «reconducir», por no decir modificar, el proceso autonómico español. Ni siquiera en

las concreciones más sencillas, como aquella en que la Comisión se inclina por el artículo 143

de la Constitución (vía lenta de acceso a la autonomía) va a resultar fácil cambiar de rumbo.

Ayer mismo los comunistas canarios, dando una prueba más de su pésimo sentido político, se

oponían a la totalidad del proyecto de Estatuto por la sencilla razón de que «no se ha caminado

por el artículo 151». Como se verá, los partidos convocantes de la Comisión se las van a ver y

desear para convencer a sus huestes (el PCE no solicitó la opinión de los expertos, pero no lo

rechazó) de que hay que hacer caso a los que saben y no queda más remedio que someterse

a sus informes, aunque tengan mero carácter de consejo.

COMUNIDADES UNIPROVINCIALES

La principal dificultad con que se encontrarán los que quieran aplicar las puntualizaciones —

mejor dicho, las transformaciones— de ¡a Comisión es la imposibilidad de adaptarse al «tiempo

político», el concepto que repite machaconamente Martín Villa (sus tesis son,

sorprendentemente, concordes con las de los expertos), al momento histórico que vivimos, al

que se ha (legado después de recorrer en muy pocos años y a velocidad de vértigo un trayecto

autonómico que hubiera exigido más calma. ¿Qué decir ahora, por ejemplo, de la crítica a las

comunidades uniprovinciales? Las reacciones en contra ya han comenzado. En Santander, el

centrista miembro de la Ejecutiva, Justo de las Cuevas, ya ha dicho que «una cosa es la

opinión de los técnicos y otra cosa es lo que digamos los políticos», fase en la que coincide con

el socialista Jaime Blanco, también santanderino, y algunos otros parlamentarios de

comunidades como la riojana y la murciana, directamente afectadas por el informe de una

Comisión que no cree en estos entes uniprovinciales y que sugiere una «salida constitucional»

para «reconducir» —otra vez la palabra— los -procesos; ni más ni menos que el artículo 144 de

la Constitución, hecho famoso cuando los galanteos impresentables de Martín Villa con Rojas

Marcos, valieron para que los andalucistas, más impresentables aún, dieran su voto de

confianza a un Adolfo Suárez ya por entonces insostenible.

¿COMO HACERLO?

En resumen, el dictamen supone, de tenerse en cuenta, un giro copernicano en la dinámica

autonómica seguida hasta la fecha. Quien esperara de los expertos unos focos de compromiso

para salir del envite sin hacer demasiado ruido se ha equivocado de medio a medio. Los

partidos —díganlo o no— se han puesto en el brete de desobedecer a quienes llamaron para

solicitar luz y, de paso, cubrirse las espaldas ante la posible impopularidad de las medidas que

se vieran en precisión de consensuar. El grupo más afectado por la nueva orientación será

quizá el PSOE, comprometido, en muchos casos, por el mesianismo de sus dirigentes

provinciales, en una política ultra autonómica que se opone frontalmente a la «congelación»

que ahora proclaman los expertos. El PSOE se reunió ayer y el viernes lo harán los secretario

provinciales con Felipe González, presumiblemente acosado a preguntas que aún no podrá

contestar. También lo hizo Alianza Popular. No basta con decir que el dictamen es bueno o

malo —hasta que no se conozca en su totalidad no podrá hacerse una valoración de este

tipo—; hay que decir cómo puede hacerse lo que los técnicos aconsejan, cómo variar

radicalmente el rumbo, cómo, en definitiva, salir de la contradicción en que hemos quedado

sumergidos.

 

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