Continúa el consejo de guerra por el "caso Lockheed". 
 El fiscal solicita prisión militar para el coronel Carlos Grandal     
 
 ABC.    11/06/1981.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

JUEVES H-6-81

NACIONAL

Continúa el consejo de guerra por el «caso Lockheed»

El fiscal solicita prisión militar para el coronel Carlos Grandal

MADRID. Las penas solicitadas por el fiscal ante el Consejo de guerra instruido contra el coronel de

Aviación Carlos Grandal Segade en relación con el caso «Lockheed» son las previstas en los artículos

198 del Código Penal y 391 del de Justicia Militar. A tenor de estos preceptos, el teniente coronel auditor

del Aire, Jaime Chavarri Zapatero ha solicitado la pena de inhabilitación especial y multa de 500.000

pesetas para el procesado por intervenir directa o indirectamente en empresas privadas con móvil de lucro

prevaliéndose de su cargo, y a tres años y un día de prisión militar o separación del servicio por

incumplimiento de deberes militares. La vista del Consejo de guerra se reanudó poco después de las

nueve y duró, aproximadamente, tres horas. En ella destacó la lectura del informe del fiscal en relación

con las actividades de la compañía mercantil Aviónica, S. A., constituida en Madrid en abril de 1979 para

representar a la empresa norteamericana Lockheed Aircraft y a la fábrica de motores Garnet y lograr la

compra de sus productos aeronáuticos por parte del Ministerio del Aire. Destacado interés tuvieron las

afirmaciones 1 del fiscal en cuanto a que no resulta de la causa que hayan mediado dádivas a persona

alguna, militar o civil, excepto los accionistas de Aviónica, en la distribución de las comisiones repartidas

por Lockheed en España, ni se ha apreciado cohecho ni soborno a mandos del Mando Aéreo por tales

conceptos. En la escritura de constitución de la entidad no constan los nombres de dos militares y un civil,

señores Luis Rey Rodríguez, Carlos Grandal y Luis Sáenz de Pazos, respectivamente, como accionistas

reales de la firma. Según el fiscal, el procesado participaba solidariamente en la gestión de Aviónica y en

la redacción de informes sobre materiales de carácter militar, a pesar de que posteriormente afirmara que

era un simple accionista. Después de Tirtriar un contrato con Lockheed sobre comisipnes a percibir por

cada venta de varios tipos de aviones ea enero de 1972, Aviónica suscribió un nuevo contrato con la

representación de Lockheed en Europa y con Garret, en los que ambas se comprometieron a pagar

quinientos y mil dólares mensuales, respectivamente, por la promoción de ventas de sus productos, asorno

determinadas comisiones en acuerdos complementarios. Por este concepto, Aviónica percibió 105

millones de pesetas de Lockheed por la venta al Ministerio del Aire de tres aviones Orion, cuatro C-130-

H, tres KG-130-H y por la venía de Garret a construcciones aeronáuticas y al Ministerio del Aire de 249

motores, piezas y repuestos aeronáuticos. Del citado dinero, tan sólo una cuarta parte, aproximadamente,

fue ingresado en entidades nanearías españolas, mientras que la mayoría de las comisiones fueron consig-

nadas en Bancos de Zurich y Ginebra, sin que aparezca acreditado, por razones de estricto secreto

bancario, que tales fondos fueran introducidos ilegalmente en España.

La distribución de los beneficios de Aviónica según el informe del fiscal fue el siguiente: Dieciocho

millones para gastos de la compañía y adquisición de dos pisos, casi seis millones, para los técnicos

civiles que intervinieron en las ventas de Garret, unos veintiuno para Fernando Herce, dieciocho para Luis

Rey, dieciséis para el acusado, dos y medio para Sáenz de Pazos y diez para Miguel Ángel Jiménez

Embún. Otros veinte millones se encontraban en la caja de la entidad, seis procedentes de Garret y catorce

de Lockheed. En cuanto a los pretendidos informes sin valor que Carlos Grandal proporcionó

supuestamente a Aviónica «no parecen justificar adecuadamente, manifestó el fiscal en sus conclusiones,

retribuciones tan elevadas». El!o ha dado pie al fiscal a establecer la parti-tipación indirecta del acusado

en la venta de avkines facilitando datos e informes a los que tenía acceso en razón de su cargo en la IV

Sección del Mando Aéreo, si bien de mayo de 1972 a julio de 1975 se encontraba destinado como

agregado aéreo en la Embajada de Londres. Finalmente, el fiscal señaló que el acusado no puso al

corriente a sus compañeros de su participación en Aviónica ni solicitó autorización expresa de sus

superiores para ejercer actividades privadas. Durante la. mañana prestaron declaración Ortiz, delegado en

España de Lockheed, que afirmó que sólo establecía contactos con Luis Rey y Herce Valdivia, que

conoció a Grandal en una ocasión y que no le constaba la participación de éste -en la venta del material.

Este punto fue confirmado por Alfonso de! Río y José Pellicer, jefes de los programas de adquisición de

aviones KC-130-H y C-130-H, así como por los superiores o subalternos del acusado, que no dudaron en

afirmar ía amistad que les unía o había unido a éste.

 

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