Autor: Cabeza Calahorra, Manuel. 
 La ley de la Reserva Activa del Ejército. 
 El bien común     
 
 El País.    29/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

La ley de la Reserva Activa del Ejército

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley por la que se crea la reserva activa en el Ejército

supone un importante paso en la reforma de nuestras Fuerzas Armadas, iniciada en su día por el teniente

general Gutiérrez Mellado cuando desempeñó la cartera de Defensa y continuada luego por los ministros

Rodríguez Sahagún y Oliart. De todas las medidas adoptadas y leyes elaboradas por el Parlamento, esta

última, de creación de la reserva activa, que tiende al rejuvenecimiento y homologación con otros países

de los cuadros de mando, ha levantado algunas fricciones y polémicas en el seno del propio Ejército. El

teniente general Manuel Cabeza Calahorra y el capitán José Luis Pitarch escriben hoy sobre este tema y

las relaciones de las FF AA con los poderes constitucionales.

TRIBUNA LIBRE

El bien común

MANUEL CABEZA CALAHORRA

Acaba de publicarse en el Boletín Oficial la ley de Creación de la Reserva Activa para los militares

profesionales, la cual, a su paso por el . legislativo, provocó tensiones en medios castrenses, según

informó la Prensa, y a cuya aclaración salió el Cuartel General del Ejército con una nota explicativa

también reproducida por los periódicos. No voy, naturalmente, a cuestionar lo que ya es ley. Pero como a

nadie, civiles ni militares, interesa que se produzcan fricciones innecesarias, sí creo conveniente el insistir

una vez más a la opinión pública, en general, y a la clase política, en particular, sobre los porqués causales

y la lógica manera de que, como aboga el editorial de un importante diario, «las tensiones entre los

políticos y las Fuerzas Armadas se resuelvan conjuntamente y no con disputas». El lógico y sano

desasosiego que los españoles sentíamos ante el curso que podría tomar la nueva andadura política de la

nación iniciada hace un lustro requería una siembra responsable de confianza, un anudar cuidadoso de los

vínculos entre Estado e instituciones. Por desgracia, un fatal despartidero de rumbos político y castrense

se produjo tras aquella grave ocasión en que el entonces nuevo presidente Suárez prometió enfática y

claramente a tenientes generales y almirantes, cual representación cualificada de las Fuerzas Armadas,

algo que poco después iba a incumplir abiertamente; porque el militar, hombre que por ética profesional

rinde culto al honor, tiene fe en la palabra empeñada más que si de contrato escrito se tratara, y cree en

una verdad sin subterfugios ni dobleces, no podía caminar a gusto por sendas mudables,

sinuosas,.oportunistas. Rumbos que tenían, desafortunadamente, que seguir divergiendo mientras los

militares, en estricta fidelidad a nuestro deber y vocación, contemplábamos con profunda preocupación

un riesgo de desmembramiento de aquella unidad nacional tan gloriosamente completada por los Reyes

Católicos, que parecía no iba a encontrar barreras. ¿Puede alguien, hoy, defender como deseable en una

democracia que los militares se inhiban de su tan capital misión y se comporten cual simples mercena-

rios? Por añadidura, el torpe afán de copia de no pocos neófitos del nuevo orden había de llevarles a

asumir, con mayor fidelidad que si de doctrinas evangélicas se tratase, desconfianzas y recelos

antimilitares —de raíz histórica— tan difundidos en numerosos países democráticos: occidentales y

orientales. Y así, mientras el pueblo sencillo y sano sigue acudiendo multitudinariamente a actos tan

típicamente castrenses como los de jura de bandera, gentes de la política y la Prensa, con timidez,

primero; con creciente insistencia, luego; con grotesca torpeza como enel sonado atraco al Banco Central

de Barcelona, con el recurso cada vez más frecuente a titulares capciosos en la Prensa, han alimentado la

siembra de cizaña y avivado resquemores. Incluso plumas bien intencionadas están incurriendo en el

grave error de contraponer Ejército y democracia cual opciones de difícil conciliación. No contentos con

asistir a la perpetuación, hoy anacrónica, de aquella radical oposición marxista entre clases sociales que

tan difícil hace el quehacer común, ¿se pretende fomentar ahora esta falacia de milicia versus

democracia? Quizá pueda argüírsenos, y no sin razón, que la institución militar, como tal, ha dado pie con

sus silencios (otra grande muette) a que los civiles se sintiesen impulsados a llenar el vacío y atribuir

gratuitamente a las Fuerzas Armadas sentires y actitudes. Reconocer y constatar las desfavorables

secuencias que tanto para la sociedad como para el Ejército se han derivado de ese caminar desavenido es

un primer paso indispensable y honrado para su remedio. El bien común nacional, en la libertad auténtica,

se nutre prioritariamente de la confianza y comprensión mutuas entre el Estado y sus instituciones

básicas. En un Estado, como el español actual, que se proclama «de las autonomías» y cuando tanto se

propugna la delegación de funciones y responsabilidades, me parece incuestionable que las Fuerzas Ar-

madas merecen —por razones diferenciales que en nada quedan por bajo de las geográfico/históricas de

siempre impreciso límite— se les reconozca una autonomía que ahora no tienen, se les conceda una

plataforma de opinión y se creen o remocen los órganos representativos que deban encarnar/interpretar la

recta identidad institucional.

Cuando estamos atravesando un período legislativo tan importante para el futuro del país, el que todos,

civiles y militares, nos esforcemos en abrir y legitimar un diálogo sincero y leal nunca instituido entre

Estado y Ejércitos me parece de capital interés. Sin embargo, tal necesidad parecía totalmente ignorada

por la mayoría de los hombres públicos y los mass media, y por eso me ha alegrado muy sinceramente el

leer en un reciente artículo periodístico colectivo (presumo que civil): «...nos inclinamos a pensar que la

reforma del Ejército tiene que salir del propio Ejército, de sus mandos superiores». Pues que, según

afirman los sociólogos, la condición más importante para asegurar la continuidad de un grupo es la

conservación de su sistema central de significaciones/valores, toda reforma castrense debe dar prioridad a

mantener (o restablecer si preciso fuera) la dignidad del concepto «soldado», preservar ese anacronismo

que es el ethos militar y constituye la esencia y el orgullo de nuestra vocación. Tarea y responsabilidad

que, por lógica evidente, compete a los profesionales con mucho mayor título que a los políticos o a los

hombres de la información. He propugnado en diferentes ocasiones, como solución tan simple cual eficaz,

la de potenciar y hacer fructífera la actual virtualidad de los Consejos Superiores de los Ejércitos (incluso

formar uno nuevo, integrador de los tres) como órgano colectivo extraordinariamente idóneo para aquella

finalidad; órgano al que ninguna crítica democrática podría poner tacha en cuanto reúne las condiciones

de pluralidad, representatividad y colegialidad; órgano que sería el interlocutor válido con las comisiones

de defensa del legislativo, al cual aportaría una competencia profesional impar; órgano que sería la voz

más cualificada de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública en cuanto a su identidad institucional se

refiere. Todavía es tiempo, aunque urge, de que civiles y militares de noble intención y libres de

prejuicios pongan mano a la mancera y roturen conjuntamente, con ilusión, lo que de otro modo podría

ser el yermo en que conviviesen sin amor Estado e Institución. Porque un proyecto de convivencia que

pretendiese sustituir la debida armonía por «la arrogancia del poder» (*) y la virtud de la disciplina por la

mera coacción impuesta, sería un imperdonable error político, ya que desconocería totalmente la

psicología social del militar al atacar de raíz aquella lealtad inexcusable que los mandos militares

debemos a nuestros inferiores en sus horas difíciles. Y como más vale errar creyendo procede —según las

enseñanzas de san Pablo— instar una vez más a que esa solidaria responsabilidad por el futuro de la

patria que a todos nos compete sea impulsada a feliz término mediante un profundo respeto al «propio

don» que cada uno recibimos y que es, en nuestro caso, la vocación común de miembros de la institución

militar. Manuel Cabeza Calahorra es teniente general del Ejército.

(*) Título de la obra de J. William Fullbright.

 

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