Autor: Pitarch Bartolomé, José Luis. 
 La ley de Reserva Activa del Ejército. 
 La ley de Reserva Activa y la discrecionalidad del Gobierno     
 
 El País.    29/07/1981.  Página: 12-13. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

La ley de Reserva Activa y la discrecionalidad del Gobierno

JOSÉ LUIS PITARCH

El BOE del pasado 11 de julio ha publicado, por fin, la ley de creación de la Reserva Activa y fijación de

nuevas edades de retiro para los militares profesionales. El Diario Oficial del Ejército la recoge en su

boletín del 15 de julio. Acaban así trece meses largos de incertidum-bre (y eso que, al final, se ha ido a

marchas forzadas) desde que fue enviado a las Cortes el proyecto, siendo ministro del ramo Rodríguez

Sahagún. Empieza otra notoria incertidumbre en cuanto a la aplicación de la ley, porque el Gobierno está

autorizado (disposición transitoria primera) para establecer el calendario y normas de aplicación

progresiva, quedando facultado, por tanto, para hacerlos a su discrecionalidad en plazo de seis años.

Quiere decirse que el Gobierno puede poner la ley en plena aplicación dentro de seis meses o seis años,

que puede comenzar con un ritmo y después acelerarlo o lo contrario, que puede dejar «el muerto»

mayormente para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones legislativas, de una eventual

coalición, etcétera; o bien liquidar el tema antes que esos otros posibles Gobiernos puedan intervenir en

él; o bien aguardar a ver qué va pasando en otras dimensiones políticas. Por ejemplo, si entráramos en la

OTAN —esperemos que, en tal caso, lo digo en cuanto ciudadano, no fuese por la puerta trasera de una

mayoría simple, sino con un referéndum previo, porque, si no se hace refe-rendos para esto, para el

divorcio, para el aborto, no sabe uno para cuándo se dejan—, a lo mejor habría que rejuvenecer más

deprisa y despachar la ley a velocidad de misil intercontinental. O puede que no hiciera falta, pues ya se

sabe que lo que interesa, sobre todo a dicha alianza militar, no son las edades de los brigadas,

comandantes y generales, sino la fundamental situación estratégica de España (y de sus dos archipiélagos,

no lo olvidemos), sus puertos y bases, su espacio aéreo, su inmejorable frontera natural de los Pirineos,

equiparable al canal de la Mancha. O sea, que las islas Británicas y la Península Ibérica serían las bases

.naturales de reacción, a manera de inmensos pórtaviones—según estos deseos aliancistas—, frente a un

hipotético ataque, y España especialmente proporcionaría mucha más profundidad al actual teatro de

operaciones europeo de la NATO. Pero de ésta ya hablaremos otra vez, si cabe.

El viejo Ejército de Franco

La ley que comentamos era, en cualquier caso, una necesidad sentida prácticamente desde el día siguiente

de terminar la guerra civil; esa guerra que acabó justamente un siglo después que la carlista «de los siete

años -, pero, en vez de con un abrazo en Vergara, con el odio y los fusilamientos del vencido: la

diferencia entre que gane el bando más progresista o al revés (y no lo digo especialmente por los

militares, que suelen ser instrumento de otros intereses, ya lo dijo Clause-witz, aunque los militares,

puedan pensar otra cosa). Al final de la carlista se quedaron en el Ejército los oficiales de Zumalacárregui,

Cabrera y Maroto; al terminar la de 1939, sólo los vencedores, mas en tanta cantidad que hubieron de

hacerse varias leyes (la de la Reserva de 1953, la de Servicios Civiles de 1958, etcétera), buscando

disminuir y rejuvenecer los cuadros de mando. A los hijos de militar nos han salido los dientes oyendo a

nuestros mayores hablar de esta saturación de escalafones y envejecimiento en los empleos inferiores, y

además los hemos visto materialmente envejecer. ¿Por qué no se resolvió el asunto antes, en el anterior

régimen? Uno está convencido de que tanto por motivos políticos (no crear descontentos; respetar los

pequeños intereses creados, de tipo familiar y profesional, entre los encargados precisamente de

garantizar los intereses de poder y dinero más «gordos», etcétera) como por simple desidia de quienes

mantenían su poder gracias al Ejército, pero no hacían casas suficientes para los militares, ni les pagaban

dietas mínimamente dignas, ni les solucionaban elementales problemas inherentes a la mismísima

condición militar: traslado de vivienda, colegio de los hijos, etcétera. (Todavía hoy estamos cobrando los

militares trescientas pesetas por hijo y 375 por esposa, menos impuestos; herencia de un régimen que

tenía por prez la protección de la familia y titulaba de honor a la de quince hijos.) De la ley de la Reserva

Activa, merecerían comentarse o discutirse varios puntos. Aquí nos vamos a limitar, por razones de

espacio, a uno del que se ha hablado con abuso y la opinión pública temo que ha malentendido. Cuando el

general Marcelo Aramendi —persona a quien era difícil no querer si se le conocía— murió en su despa-

cho del Cuartel General del Ejército, por disparo de pistola, algunos medios de comunicación dieron a

entender que se había suicidado, trastornado por el indecente ataque a la ley que comentamos contenido

en un periódico/panfleto que, dicen, estaba sobre su mesa cuando acudieron al ruido del disparo, pues

dicho general habría tomado parte importante en la redacción de la ley.

Las facultades del ministro de Defensa

No soy quién para escudriñar lo que pudiese haber en la mente del general Aramendi; lógicamente,

existirían factores muy íntimos o personales, no conocidos sino por él. Sólo respeto me merece. Mas lo

cierto es que la ponzoña vertida en aquel ataque, y en otros similares, ha engañado a más de uno, al

decirse únicamente la mitad de la verdad, ocultando la otra media: a saber, la manera más vieja de mentir.

No se puede decir que cualquier militar podrá ser pasado a la reserva activa por la mera decisión del

ministro de Defensa, previo informe no vinculante del Consejo Superior del Ejército correspondiente

(artículo 4°, 1, d, de la ley), «explicando» a renglón seguido que de esta forma el ministro, el Gobierno de

turno, podrá depurar el Ejército a su antojo y omitiendo que el artículo 7°, que desarrolla precisamente lo

anterior, establece fortísimas garantías para impedir toda arbitrariedad del Gobierno, pues lo previsto en

el artículo 4° sólo «será de aplicación en aquellos casos en que exista insuficiencia de facultades

psicofisicas o profesionales». Omitiendo también que esta insuficiencia —sigue el articulo 1° — será

apreciada por órganos y autoridades exclusivamente militares (sin intervención alguna del poder civil), ya

que la psicofísica es determinada por un tribunal médico militar (compuesto por cuatro médicos militares)

con posibilidad de recurso ante el Tribunal Médico Superior del Ejército correspondiente; y la de

facultades profesionales exige que, durante tres años seguidos, el interesado obtenga calificaciones

negativas al ser conceptuado por sus jefes. Teniendo en cuenta que esta calificación la efectúa cada año

un general, jefe u oficial, que tiene que ser precisamente el superior inmediato natural del calificado o de

quien éste dependa directamente para prestar sus servicios. Tal calificación es «inspeccionada» por el jefe

superior inmediato del calificador. Si hubiera discrepancias entre ambos, resuelve el superior inmediato al

inspector. Luego se dan a conocer las calificaciones al interesado, quien, a su vez, puede recurrir ante el

siguiente escalón de mando. Y durante esos tres años, obviamente, cualquier militar puede cambiar de

destino, si se sintiera incómodo, perseguido, injustamente calificado; aparte otras defensas posibles

previstas con carácter general en leyes y reglamentos. Todo esto constituye la otra mitad de la verdad. La

discrecionalidad sólo podría venir, pues, hipotéticamente, de la propia institución militar, no del ministro

o del Gobierno, •que no son ni médicos militares ni calificadores anuales de un oficial o suboficial. Al

cesar, lo que es del cesar. El margen de actuación del ministro parece consistir, por tanto, en decidir

aceptar la insuficiencia apreciada por tribunal médico o determinada por calificaciones negativas durante

tres años, o bien denegar el pase a la reserva activa; en uno y otro caso, tras conocer el informe (no

propuesta) del Consejo Superior del Ejército, Armada o Aire. Cabe suponer, a falta aún de normas de

desarrollo reglamentario de la ley, que la denegación se basaría en apreciar discriminación u otra

anomalía. Lo que no puede hacer el ministro, según se ve, es enviar a nadie a la reserva por su mera

voluntad. Justamente en este asunto no permite la ley —tan discrecionalista en otros aspectos, como se

exponía al comienzo—la simple y plena voluntad del ministro o:gobierno de turno, mal que pueda pesar a

tirios o tróvanos. En cambio, en los vigentes expedientes gubernativos que culminan con la separación del

servicio existe bastante mayor ausencia de garantías para el expedientado y más poderes para el ministro.

Sin embargo, contra esto no se han alzado tantas voces.

José Luis Pitarch es capitán del Ejército.

 

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