Autor: Pitarch Bartolomé, José Luis. 
   ¡Viva el Rey!     
 
 El País.    04/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

TRIBUNA LIBRE

La necesidad de reformar el Código de Justicia Militar para hacerlo homologable con los que están en

vigor en los países europeos, concretamente en los ejércitos de la Alianza Atlántica, es una necesidad

urgente que plantea el capitán de Caballería José Luis Piíarch, quien, bajo el título de / Viva el Rey!,

escribe este artículo, en el que no están ausentes las últimas resoluciones de los tribunales castrenses.

Cuando se escriba la historia de estos años que nos ha tocado vivir, bajo e! signo de una democracia

balbuciente, descafeinada, vergonzante; cuando vean luz libros como aquel clásico de Stanley G. Payne

—que tradujo Juan Tomás de Salas para Ruedo Ibérico— referidos a esta década inicial del

posfranquismo, uno de los temas que sin duda habrán de subrayarse será el de la jurisdicción militar, sus

contradicciones (o, mejor aún, las contradicciones que encarna), sus diferentes modus operandi.

La sentencia de la operación Galaxia es sóio el ejemplo más comentado o notorio de esto que decimos,

pues lo que pronunció el consejo no lo compartió el capitán general, y lo que éste creyó en con-ciencia

fue desestimado por el Consejo Supremo, además de que el máximo implicado en aquellas

conversaciones de café luego fue destacadísimo participe en la rebelión del 23-F, ocupando el Congreso y

secuestrando a dos de los tres poderes del Estado en pleno. Pero ha habido otros casos de sentencias que

dejaron pestañeante y con la boca abierta a! pueblo ingenuo y soberano. Espero no incurrir en falta por

limitarme a recoger lo que está en ¡a calle y las conversaciones .de todos: ¡a gente no entiende, y lo que

entiende le asusta veces. Es éste un hecho al que hay que enfrentarse si de verdad se quiere salvar el foso

que supone un hecho que es preciso analizar honestamente, sin intenciones sesgadas para buscar las

fórmulas de ´ hacerlo variar. Y es que, una vez más, aquellos polvos trajeron estos lodos. La jurisdicción

castrense —que actuó en el anterior régimen a manera de cajón de sastre, cuando juzgó masones,

bandoleros y rojos— ha seguido después de Franco desbordando muy mucho el nuevo espíritu político y

social, y lo que es peor, discordando con lo prescrito en la Constitución, qué la mantuvo sólo para lo

estrictamente militar. Pero tal ha sucedido, paradójicamente, cumpliendo la justicia militar la ley vigente,

toda vez que los legisladores capaces de obtener mayorías en el Parlamento -que era a quienes

correspondía— no se han resuelto a modificar y poner en concordancia con esa Constitución el viejo

Código de Justicia Militar de 1945, a su vez heredero directísimo del canovista de !890. Tal dejación de

funciones por parte del legislador es el polvo que decimos causó los actuales lodos en este asunto del que

hablamos. En los Pactos de la Moncloa, octubre 1977, se con vino una pequeña, insuficiente pero

inmediata, reforma del código castrense, y tardó más de tres años en ser ley, hasta noviembre de 1980, y

eso posiblemente porque hubo lo de Els Joglars, lo del crimen de Cuenca, lo de Miguel Ángel Aguilar,

que no permitieron más demora. Así, el Código de Justicia Militar sigue siendo una pieza de tiempos

pasados —o que debieran serlo—, y la propia minirreforma de noviembre último exige expresamente al

Gobierno que, en un plazo cercano ya a cumplirse, elabore un proyecto de ley para cambiar en

profundidad dicho código, de acuerdo con lo que se lleva en Europa, en los países y los Ejércitos de !a

OTAN. La letra y e! espíritu de la Constitución española divergen de que una rebelión contra la autoridad

civil, contra el Parlamento y el Gobierno, sea juzgada por !a jurisdicción militar, y lo mismo ocurre con

un insulto al Jefe del Estado o una presunta transgresión en materia de libertad de expresión. Un juicio en

que el instructor, el fiscal, los jueces son todos militares, sólo tiene sentido —en un país que pretenda no

ser Guatemala o algo similar— para asuntos absolutamente castrenses, sin conexión con lo civil y lo

común. De lo contrario, el Ejército queda, en mayor o menor medida, constituido en juez y parte, y los

militares que intervienen en el proceso difícilmente podrían gozar, moral y/o fácticamente, de la absoluta

independencia que es precisa a la función de enjuiciar y juzgar cuando se trata de cuestiones en que todo

militar, todo el Ejército podría decirse, se siente aludido o concernido. Y esto se dice dando por cierta la

honestidad personal en grado máximo de cada uno de los intervinientes en el juicio, pues no se trata de

defectos de personas, sino de los de un sistema, de una ley que choca en demasiados punios, no sólo con

nuestra Constitución, sí que también con las leyes correspondientes de los Ejércitos de Europa

Occidental, de ia que se dice formamos parte, o queremos formar.

Exigencias en un Estado de derecho

También padece la Constitución de que, en asuntos como los citados, no sea posible, actuando la

jurisdicción castrense, el ejercicio de ia acción popular, básica en un Estado de derecho y prescrita en el

artículo 125 de nuestro texto fundamental. De este modo, los españoles encuentran cerrado el proceso y

han de conformarse con leer los periódicos mientras un juicio que interesa y atañe a todo ciudadano se

desenvuelve y resuelve intramuros castrenses, con la Policía Militar controlando el acceso al recinto del

tribunal. Esto es demasiado fuero militar. En esta materia, Europa acaba todavía en los Pirineos,

En parecidos términos cabría hablar, más específicamente, respecto a la querella, la intervención de

abogados representando a ías víctimas del delito, etcétera, garantías cercenadas, en la ley penal militar,

del abanico de derechos humano-procesales y constitucionales; lo cual puede entenderse para aquellos

supuestos (mínimos en todo caso) en que es comprensible la intervención de una competencia

jurisdiccional —tal que la castrense— especial y distinta de los tribunales comunes a todos los españoles,

pero no se entiende —hay que decir una vez más— en cuestiones que se salen de lo estrictamente militar.

Ni secuestrar al Gobierno y Parlamento, ni injuriar al Jefe del Estado, ni expresar opiniones públicamente,

de paisano y fuera de un cuartel, deberían dar lugar a consejo de guerra, sino a un juicio ante el tribunal

correspondiente de la jurisdicción ordinaria. Eso es !o que exigen el Estado de derecho y la democracia.

Lo demás son reminiscencias anacrónicas, hijas legítimas del privilegio y la desconfianza, impropias de

un Estado europeo de fines de! siglo XX. Mas, si en unas Fuerzas Armadas que pasan de la dictadura a

una democracia parlamentaria y coronada hubiese quienes no admitieran las condiciones más elementales

del nuevo sistema político querido por la inmensa mayoría del pueblo (sistema incompatible con

cualquier privilegio o discriminación), estarían los mismos obviamente en su derecho sintiendo asi,

mientras no desbordara su creencia eí fuero interno, como lo estarían también si abandonasen el

sometimiento profesional a unas banderas que pensaran no haber jurado. Pero el Estado, a su vez, y su

administrador, eí poder ejecutivo, tendrían desde luego que estatuir, para todo quien vistiera el uniforme,

jurar la Constitución y también fidelidad al Jefe del Estado, dejando opción, a quien no estuviera por

hacerlo, para dejar el servicio de ías armas, de la nación y la ley; respetando en todo lo posible sus

intereses económicos adquiridos. Porque en España, cuando nos adentramos en la penúltima década del

segundo milenio, bajo la clámide de una Corona leal a su pueblo y a su tiempo, es primordial que todo

militar esté dispuesto a decir, cuando sea preciso y muy fuerte, para quien quiera y quien no quiera oírlo:

¡Viva el Estado de derecho! ¡Viva ei Rey!

José Luis Pit&rch es capitán de Ca-baiicría y licenciado en Derecho.

¡Viva el Rey!

JOSÉ LUIS PITARCH

 

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