Autor: Checa, Antonio. 
   Andalucía: Autonomía política y contról de los recursos económicos     
 
 Informaciones.    08/11/1977.  Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

ANDALUCÍA: AUTONOMÍA POLÍTICA Y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Por Antonio CHECA

La casi totalidad de los partidos políticos con implantación relevante en Andalucía han dado a conocer

sus anteproyectos de Estatutos de autonomía para la región, lo mismo partidos con importante respaldo

electoral —U.C.D., P.C.E.—-que otros, como P.T.E. o P.S.A., que si bien no tienen representación

parlamentaria, alcanzaron buenas votaciones en algunas comarcas o provincias. Sólo P.S.O.E., P.S.P. y

A.P. no han dado a conocer todavía sus proyectos autonómicos.

«La carrera» hacia la autonomía andaluza —ya se ha hablado de un «presidente andaluz» en la persona

del diputado del P.S.O.E. por Sevilla, Rafael Escuredo—, corre paralela a la agravación de la situación

económica de la región; no es alarmismo destacar que Andalucía vive momentos dramáticos. A la eterna

crisis de trabajo —con los índices de paro más elevados del país, como es conocido—, se une la caída de

algunos sectores —como la construcción naval—, que hasta ahora figuraban entre los más dinámicos, y la

persistencia de serios problemas estructurales, básicos, en el campo. Añadamos a ello que ni la

construcción ni el turismo entran decididamente en un periodo de expansión.

Se comprenderá por ello que sea precisamente al abordar el tema de la economía, donde los proyectos

autonomistas encuentran las mas serias y las más significativas divergencias. No es extraño que un

partido de base agrarista, jornalera, como el P.T.E., incluya la expropiación de fincas mal cultivadas o sin

cultivar entre los temas que a su juicio debe contemplar el Estatuto autonómico, aspectos que

evidentemente están lejos de ser abordados, en otros proyectos.

ORGANIZACIÓN

Aparte del tema de Ceuta y Melilla, sobre el que no parece difícil un consensus entre las fuerzas políticas

andaluzas con representación parlamentaria, a base fundamentalmente de «no meneallo», esto es, de no

integrarlas de lleno en la región, pero dejar una vía intermedia de vinculación a ella, la definición de los

limites y el ámbito de la autonomía regional es el núcleo conflictivo de camino hacia esa autonomía. No

olvidemos que aquí la izquierda es en conjunto mayoritaría, y que el Partido Socialista Obrero Español es

el que cuenta con mayor número de diputados y senadores.

No parecen conflictives temas como la capitalidad o la composición de la Asamblea de Andalucía. El

anteproyecto de U.C.D. prevé una distribución por toda la región, y siempre que no se perjudique su

eficacia, de las sedes de órganos regionales, con una capitalidad de tipo simbólico que no está prefijada y

que incluso puede ser rotatoria. En cuanto a la composición de la Asamblea regional, U.C.D. incluye

todos los diputados y senadores, dos representantes por Diputación, uno por cada capital de provincia y

otro por cada provincia, excluida la capital. La fórmula parece razonable en cuanto los Ayuntamientos se

hayan elegido democráticamente.

El texto aprobado el viernes en Jaén por la comisión permanente de la Asamblea de Parlamentarios

andaluces, como proyecto de régimen preautonómico para negociar con el Gobierno, prevé un Consejo

regional limitado a los parlamentarios más un representante por cada Diputación provincial. Un número

más restringido, pues, que el auspiciado por U.C.D.

Sin embargo, y como era previsible, el texto no aborda para nada problemas de tipo fiscal o económico y

es ambiguo en otros aspectos. Se destaca que la región tendrá capacidad jurídica y en cuanto a las

funciones del Consejo regional se habla de impulsar y coordinar esfuerzos y asumir las competencias que

le sean asignadas, sin configurar el contenido de éstas.

LOS RECURSOS

¿Cómo ven los partidos el problema de los recursos? Andalucía es una región potencialmente rica,

coinciden los especialistas, pero sus recursos financieros, por ejemplo, escapan a otras regiones y los

naturales no son debidamente aprovechados, significándose la región entre las de menor inversión del

país. Para el P.C.E. deben ser de exclusiva competencia regional no ya la organización interna, sino

aspectos esenciales, como la reforma agraria, la ordenación del comercio, la pesca, el turismo, el medio

ambiente, la sanidad, la en-ñanza y el orden público. Al mismo tiempo, compartirían región y Estado la

competencia sobre la planificación regional, la administración de la justicia y la ordenación de los

recursos financieros e ingresos fiscales.

El proyecto de U.C.D. no va tan lejos, en general, pero en su articulo 14 especifica: «La región andaluza,

en cuanto corresponde a sus órganos y servicios propios, es una unidad financiera autónoma, dentro de la

unidad financiera del Estado. La región tendrá a esos fines un presupuesto especial que se consolidará en

el presupuesto unificado del Estado.»

U.C.D. reivindica para utilizar por Andalucía, amén de los ingresos propios de los servicios que, llevados

hasta ahora por la Administración Central, pasen a la región, el impuesto sobre el patrimonio de que

sean sujeto pasivo los andaluces, cualquiera que sea su domicilio, así como los impuestos sobre la

herencia y sobre vehículos de motor. La gestión de los ingresos regionales será regulada por la propia

Asamblea de Andalucía. En estos artículos (tres de los 18 de que consta el anteproyecto de Unión de

Centro Democrático) se evidencia la honda preocupación por el problema de los recursos, que

continuamente escapan de Andalucía hacia otras regiones y cuya envergadura recientemente ha explicado

en este mismo periódico («Informaciones Económicas») el profesor Rodríguez Alcaide.

Fuera del tema fiscal, el anteproyecto de U.C.D. es menos su-gerente que el del P.C.E. y deja muy en el

aire muchos aspectos de lo que llamaremos la autonomía económica. Hay, eso sí, alusiones concretas al

problema de la desigualdad interregional en España, otro tema al que la opinión pública andaluza se

muestra especialmente sensible. Se destaca asi que «Andalucía recabará ayudas financieras siempre que

sean inversiones necesarias para contrarrestar o compensar las desigualdades dentro del Estado o para

promover el crecimiento económico».

El P.S.O.E., por boca de Alfonso Guerra, ha ido más lejos que U.C.D., y pide una caja de compensación

interregional, idea que, evidentemente, es muy grata «a priori», pero muy difícil de llevar a, la práctica si

tenemos en cuenta que regiones consideradas ricas y que absorben recursos andaluces, como el País

Vasco, no atraviesan precisamente un momento boyante.

PASOS LENTOS

Es, por otro lado, bien conocido que en el seno de los grandes partidos no existe unanimidad en torno a

esos límites y características de la autonomía regional, y que declaraciones de diputados del Partido

Socialista Obrero Español, y en menor grado de U.C.D., han dejado ver importantes diferencias internas.

En general, no se puede decir que los parlamentarios andaluces se hayan movido con rapidez hasta ahora,

el problema ya aludido de Ceuta y Melilla o las reticencias del P.S.O.E. a la «institucionalización» de las

reuniones de los representantes andaluces han sido algunos de los factores que han retardado el avance,

pero al menos se ha conseguido ya la redacción de un proyecto de Estatuto y consiguientemente la

negociación de un régimen preautonómico hasta que, con la Constitución redactada, sea posible la

autonomía efectiva.

No faltan voces escépticas que afirman que la Asamblea de Andalucía no pasará de planteamientos

teóricos, ni faltan optimistas que hablan de «Generalidad andaluza» a dos meses vista. Entre ambas, una

izquierda, que superado su antirregionalismo de antaño (recordemos cómo el socialismo andaluz ignoró y

ridiculizó los intentos regionalistas durante la II República), busca en la autonomía regional la posibilidad

de una transformación sustancial de una región en la que es mayoría, y una derecha, que ha cogido un

poco en marcha el regionalismo andaluz y que busca sobre todo en la autonomía la eficacia y la

racionalidad de que ha carecido la economía andaluza en las últimas décadas, coincidiendo ambas al

menos en la defensa de una cultura amenazada.

Y la piedra de toque puede muy bien ser la reforma agraria. Tan importante, y tan conflictiva como hace

cincuenta años. Una reforma que la izquierda quisiera ver incluida en él Estatuto de autonomía.

 

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