Autor: Damián Traverso, Juan. 
   La educación, en el borrador de Constitución     
 
 Ya.    01/12/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 33. 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA

la educación, en el borrador de Constitución

No puede decirse que las normas del borrador constitucional sean muy afortunadas. Vamos a verlo

pronto. Pero antes conviene dejar sentado que una Constitución de consenso, como la que se pretende, no

es una Constitución de omisión de los problemas fundamentales. La Constitución constituye la norma

jurídica fundamental, porque aborda los problemas fundamentales de la convivencia nacional. La

Constitución no puede convertirse en semillero de problemas constituyentes.

ESE TEXTO RESUELVE MAL PROBLEMAS FUNDAMENTALES, SUPONE UN RETROCESO

RESPECTO DE LA "LEY VILLAR" Y NO AFRONTA EL TEMA FUNDAMENTAL DE LA

EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DE HOY, QUE ES EL DE "ARMONIZAR LA IGUALDAD Y LA

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

PUES bien, el proclama fundamental de la educación en la España de hoy es la armonización de la

igualdad y la libertad de enseñanza, de tal manera que ambas queden constitucionalmente garantizadas.

El problema prioritario: la igualdad de enseñanza.

La igualdad de enseñanza constituye algo más que la "Igualdad de acceso" a los distintos niveles

educativos. La igualdad de la enseñanza, comporta que la prestación educativa se ofrece a todos los espa-

ñoles en igualdad d« condiciones. En tanto que la educación atribuye a la persona capacidades básicas, el

servicio de enseñanza tiene que ofrecerse con igualdad de medios organizativos.

En rigor, para que haya Igualdad de enseñanza tiene que existir, en alguna medida, escuela única. No

recomiendo —si desde luego—´resucitar este viejo concepto porque no se trata de organizar una sola red

escolar estatal y laica, pero escuela, única es, sin embargo, la escuela igualitaria, en el sentido de que

todos los centros están considerados con unidad d;e trato y porque reciben, sin discriminación al

alumnado que acude a ella. Ello implica, d» una parte, igualdad de condiciones materiales; de otra,

igualdad do tratamiento jurídico y económico del profesorado cualquiera que sea el centro docente donde

preste sus servicios.

Consecuentemente, en la medida en que esta escuela sea gratuita, toda la red escolares, según la

concepción da la ley Villar, obligatoriamente gratuita. La Igualdad de enseñanza, así entendida, no admite

una red de escuelas para ricos y otra para pobres.

Precisamente por todo lo anteriormente expuesto, la educación "tiene la consideración de servicio público

fundamental" (artículo 3.º de la ley Villar), declaración, que no significa que el Estado sea su titular, pero

sí el garante da su prestación igualitaria.

En definitiva, estimo que es esta igualdad la que debe garantizarse constitucionalmente con todas sus

consecuencias y desde ella alcanzar el necesario consenso,

LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

ES bastante probable que el debate constitucional de la educación vuelva a reproducir la vieja polémica

de nuestra historia educativa. Volverán a correr ríos de tinta y discursos enfáticos sobre el monocorde

tema; enseñanza neutra "versus" enseñanza confesional. El poder del Estado frente al poder de la Iglesia

católica. Tengamos paciencia con los viejos prejuicios.

Para los que van a manejar los viejos esquemas conviene —sin embargo—hacerles resaltar que el

problema de la libertad de enseñanza es hoy bien diferente. De una parte, la influencia ideológica de la

escuela ha decrecido notablemente. Frente a la escuela tradicional, el alumno recibe la mayoría de los

valores a través de la "escuela paralela" (cine, teatro, radio, televisión, prensa, carteles, canciones, artea

plásticas, reuniones, asambleas, ferias y, desde luego, el entorno de amistad y familiar). He aquí por lo

que no vale la pena resucitar la pelea por el dominio del aula. Ahí está, sin más, el fracaso de cuarenta

años da esfuerzo de conformación Ideológica, aun con una escuela paralela muy restrictiva.

De otra parte, ni los centros de la Iglesia controlan la enseñanza no estatal (no alcanzan ni el 50 por 100

de la enseñanza ño estatal y todos ellos con personal seglar) ni la Iglesia constituye una institución

reaccionaria, ni nuestros liberales y socialistas mantienen ningún sectarismo volteriano.

El problema de la libertad da enseñanza se centra hoy en aspectos más concretos: la diversa manera de

entender tanto la formación humana comió la instrucción pedagógica y científica.

Por lo que a estos aspectos se refiere, conviene no sólo respetar Sino fomentar todas las iniciativas

sociales. Hoy día no es posible una educación científica sin garantizar la plena autonomía pedagógica d«

un equipo docente homogéneo, y ello es imposible que sea organizado por el Estado.

Es en este contexto donde hay que inscribir el ineludible derecho de los padres a "elegir la clase de

educación que han de recibir sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas" de que hablan

todas las declaraciones internacionales de derechos humanos y que el borrador español omite

inexplicablemente. Els en este contexto donde hay que inscribir la autonomía pedagógica de todo tipo da

centros.

Finalmente, es en este contexto donde tiene sentido "el derecho a fundar instituciones docentes de todos

los niveles" y no meramente "escuelas" como dice el borrador de Constitución, como queriendo prohibir

la creación de centros docentes profesionales o universitarios.

Armonización de la libertad de enseñanza con la igualdad de enseñanza

HABRÁ, pues, libertad de enseñanza en la´ medida en que haya igualdad, y ese es el gran reto de la

política educativa de nuestra hora. En este sentido entendemos:

— Todos los centros, sean estatales o no estatales, han de ser financiados con el mismo coste por •

puesto escolar.

— La libertad de fundar centros está condicionada a la planificación pública (no a "la

programación", como dice el borrador) y a las condiciones establecidas para la prestación del

servicio público de la enseñanza, aunque cada cuai conserve su peculiar autonomía axiológica y

pedagógica. Todos los centros no estatales son homologados por el poder público. No existen centros

"privados" no homologados,

— En tanto que todo centro no estatal ejerce un servicio público, su prestación ha de ser acordada a

través del correspondiente contrato o concierto de servicio donde conste no sólo el derecho a la

financiación, sino las obligaciones del centro, según consta en la ley vigente.

— El poder público establece solamente los objetivos generales de instrucción y la planificación general

del sistema educativo, cuyo cumplimiento supervisa y controla. En lo demás, se garantiza la

autonomía de los centros.

Insuficiencia del borrador constitucional

EL borrador de Constitución no garantiza ni la igualdad ni la libertad de enseñanza. Antes al contrario,

constituye un paso atrás respecto de la ley Villar:

— No señala los fines generales de la educación, los cuales están recogidos en cualquier texto

internacional.

— Se limita a garantizar la mera "igualdad de acceso" y no la igualdad real del servicio público de la

enseñanza. Antes al contrario, establece un servicio público para "pobres" y un servicio privado para

"ricos" al que, en algún caso, los poderes públicos "pueden ayudar".

— Declara la gratuidad de tan sólo un nivel educativo: la enseñanza básica. Lo que procede es, cuando

menos, declarar la obligatoria gratuidad de todo el ciclo previo a la enseñanza superior, aunque sólo sea

en sucesivas etapas, como hace la legislación vigente.

— Se reconoce mal la libertad de creación de centros. En primer lugar, se establece una libertad

ilimitada. La libertad de fundar debe estar condicionada a los requisitos de la ley y una

planificación, como ocurre con la ley vigente. En segundo lugar, parece excluirse la libertad de

fundar centros en todo tipo de nivel educativo.

— Los poderes públicos no sólo "pueden" sino que deben controlar y supervisar que todos los centros

cumplan los objetivos establecidos.

— Se desconoce la libertad educativa en su aspecto de autonomía pedagógica, que entendemos

base fundamental de la educación moderna.

— No se dice nada del derecho de los padres a escoger para los hijos la educación que estimen

congruente con sus convicciones.

Por último, se omite un tema fundamental:, ¿cuáles son las facultades del Estado y cuáles las de las

nacionalidades y regiones autónomas? Pero sobre este tema hablaremos en un próximo trabajo al hablar

de la organización de la educación.

Juan Damián TRAVERSO

(Profesor de Política Educativa y secretario general de INCIE)

 

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