Autor: Moreno, Pedro. 
   El campo andaluz puede estallar     
 
 Informaciones.    08/07/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

8 de julio de 1978

EL CAMPO ANDALUZ PUEDE ESTALLAR

ABRIL MARTORELL ANUNCIA 2.000 MILLONES PARA PALIAR EL PARO

MADRID, 8 (INFORMACIONES, por Pedro Moreno).

LA preocupante situación del campo andaluz, con sus cien mil jornaleros en paro, fue ayer el tema central

desarrollado en los pasillos del Congreso, paralelamente a los debates constitucionales, debates que

cumplieron con lentitud, su primera semana, y que en la próxima, según todas las previsiones, tomarán un

importante impulso.

«La situación puede ser explosiva, ya que la suspensión de pagos por trabajos comunitarios hace que se

esté llegando al límite en la contención de movilizaciones populares.» De esta forma comenzó a expresar

la situación del campo andaluz el secretario general del P.S.O.E., don Felipe González. «Tal estado de

cosas —prosigue— hace que, aunque la solución no puede ser coyuntural, sean tomadas medidas

urgentes. Una cosa es cierta: si el Gobierno no ofrece una inmediata solución al problema, carecerá de

fuerza moral para condenar los hechos que se puedan producir.»

Acompañó al señor González durante la rueda de Prensa el diputado del P.S.O.E. don Carlos Navarrete,

consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, quien anunció que ésta tiene un plan de urgencia

establecido que hoy mismo expondrá al Gobierno: «Proseguir el pago de salarios con cantidades

destinadas al empleo comunitario, transfiriendo al mismo parte de los 60.000 millones de pesetas

destinados al paro en los pactos de la Moncloa; controlar mejor los recursos e iniciar, a más largo plazo,

una racional política agraria.» Señaló el señor Navarrete que la Junta de Andalucía considera que una

rápida transmisión de competencias administrativas serviría para "realizar un diagnóstico real de la

situación para atacar a fondo el problema".

EMPLEO COMUNITARIO

En el curso de una larga entrevista mantenida por el vicepresidente del Gobierno, don Fernando Abril

Martorell, con tres diputados comunistas, los señores Carrillo, Soto y Gallego, y varios dirigentes

sindicales de CC. OO. del campo, central agraria mayoritaria en Andalucía, el primero anunció que el

próximo lunes «se reanudarán los pagos al empleo comunitario suspèn d i d o s recientemente». Don

Antonio Romero, secretario general del Sindicato en Andalucía, que estuvo acompañado por dirigentes de

diversas provincias de la región, manifestó que la situación «es mucho peor tras la jornada de lucha

celebrada el pasado día 20. Él hambre, manejada por la demagogia, puede hacer polvo la situación

democrática. En cualquiera de los movimiento de protesta late el peligro de que resucite la tragedia de

Casas Viejas». Tras señalar que «el tope impuesto a la emigración multiplica el problema», el señor

Romero dio cuenta de qué ayer precisamente había tenido lugar un paro general en el campo de la

comarca malagueña de Antequera. El diputado sevillano don Fernando Soto expresó que, por fin, la

Administración se ha mostrado favorable al diálogo con las centrales sindicales del campo, e hizo

hincapié en la "dramática situación de nuestro campesinado. Hablar de hambre en muchos pueblos —

añadió— no es demagogia, sino realidad". Manifestó más adelante que el señor Abril, con quien

mantuvieron una entrevista de más de tres horas, les hizo ver la existencia de «problemas económicos,

problemas que conocemos». «Él paro andaluz hay que tratarlo como una catástrofe —prosiguió— para, a

partir de ahí, comenzar una negociación tripartita en la que estén presentes el Gobierno, los sindicatos y

los empresarios agrícolas, compromiso éste que ha sido aceptado por la Administración.»

ENCUENTRO POSITIVO

«El señor Abril nos anticipó una próxima partida de 2.000 millones de pesetas destinada a pagar el

empleo comunitario en los próximos meses», afirma el señor Soto. Finalmente, el también diputado

andaluz del P.C.E., don Ignacio Gallego, valoró "muy positivamente" la entrevista con el señor Abril. «El

gesto del vicepresidente, al sentarse a dialogar con los representantes obreros de Andalucía en plenos

debates constitucionales, es positivo y alentador. Es importante lo conseguido, porque se ha llegado a la

comprensión de un grave problema cuya solución pasa por que cada cual asuma sus propias

responsabilidades.» Terminando su intervención, el señor Gallego afirma que el vicepresidente del

Gobierno «se ha dado cuenta de que cuando los cantaradas de CC. OO. exponen los problemas no lo

hacen para gemir, sino para encontrar soluciones eficaces. No se amenaza con la venida del lobo, sino con

la evidencia de que el lobo existe».

MANIFIESTO CEUTI

«Deseamos afirmar que abandonaríamos inmediatamente U.C.D. si esta fuerza política pusiera en duda o

arrojara una sombra sobre la españolidad de Ceuta y Melilla.» Esta frase forma parte del manifiesto hecho

público ayer por tres parlamentarios ceutíes —los senadores Leria y Becerra Lago y el diputado

Domínguez García— respondiendo así a recientes informaciones aparecidas en la Prensa, que señalan la

posibilidad de que ambas ciudades sean internacionalizadas y entregadas a Marruecos en 1981. «El

decreto de 4 de agosto de 1925, desprovincializando a Ceuta y Melilla, fue un error histórico que debió

ser remediado. En este sentido, hemos buscado por todos los medios a nuestro alcance la integración de

Ceuta y Melilla en la región autónoma de Andalucía, a la que, por historia, ètnia y cultura pertenecemos.»

Tras acusar al P.S.O.E. «y a otras fuerzas políticas) de dicha exclusión, el manifiesto proclama que (da

actual campaña de Prensa, a través de ciertos medios, contra Ceuta y Melilla, responde a intereses de

determinadas fuerzas de izquierda, para las que las dos ciudades pueden representar un obstáculo en el

desarrollo de una política de claro sentido tercermundista. La tesis de internacionalización de ambas

ciudades y, en definitiva, del Estrecho de Gibraltar, son un exponente indudable de esta acttud». El escrito

termina señalando que «también nuestros pueblos tienen, en definitiva, el indiscutible derecho a que sea

respetada su voluntad».

 

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