Autor: Pablo, F. L. De. 
   Discrepancias Gobierno - oposición sobre los críterios básicos electorales     
 
 Ya.    20/02/1977.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

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INFORMACIÓN NACIONAL

LA SEMANA POLÍTICA

Discrepancias Gobierno - oposición sobre los criterios básicos electorales

Las principales giran en torno a las listas abiertas o cerradas, sistema de votación para el Senado a

incompatibilidades e inelegibilidades

Todas las dudas habrán de ser despejadasantes del 4 de marzo

MADRID, 19. (Crónica política de Logos, por F. L. de Pablo.)

Los criterios políticos básicos para la normativa electoral aun están por decidir. El Gobierno debe

tenerlos, pero aún no ha dicho su última palabra. Los diálogos técnicos que mantiene con expertos de Los

partidos de la oposición y las entrevistas personales que el presidente; viene celebrando con

representantes de otros partidos no integrados en la autódenominada "oposición democrática", permitirán

al Gabinete decidir, teniendo en cuenta los puntos de vista de esas fuerzas políticas y sin olvidar los

intereses de la mayoría de los ciudadanos españoles que todavía no han tomado partido.

Listas abiertas o cerradas

El desentrenamiento electoral de los votantes aconseja simplificar la votación sin restar responsabilidad y

protagonismo al elector, ni impedirle seleccionar a los candidatos que más confianza le merezcan,

supuesto que en esta primera ocasión se votará más a. personas que a opciones ideológicas. Si al elector

se le imponen listas de candidatos cerradas y bloqueadas, es decir, confeccionadas por los partidos y sin

posibilidad de alterar el orden de presentación o tachar a alguno de los candidatos, puede que muchos

electores se sientan frustrados y tentados a la abstención, lo que no seria conveniente en esta primera

ocasión, en que serán elegidas unas Cortes constituyentes; que tienen que ´reflejar con exactitud las

corrientes mayoritarias del país.

Cierto que las listas abiertas, presentan el inconveniente de que muchos candidatos, sobre todo de las

ideologías a] margen del sistema político anterior, no serán conocidos. La lista abierta ofrece más

complicación para el elector despolitizado y puede dar lugar a errores tanto en la emisión del voto como

en su escrutinio. Sobre todo en los núcleos rurales será más difícil improvisar mesas electorales cuyos

componentes estén suficientemente capacitados si no sé confía en el apoyo técnico que puedan prestar

los representantes de los partidos tanto en las juntas del censo como en la tarea de intervenir en las más de

cuarenta mil mesas electorales que habrá en toda España.

La lista cerrada ofrece la ventaja de que habitúa al elector a votar en bloque opciones ideológicas y a

identificar a sus representantes, lo que será sumamente útil para el Congreso, mientras que el sistema

mayoritario del Senado es más propicio a que se vote a las personas.

Sistema de votación para el Senado

También en la votación para el Senado hay discrepancias de bulto entra el Gobierno y la oposición.

Mientras el Gobierno entiende que cada elector podría votar a IOB candidatos que se presentaran a sólo

tres de los escaños a senador por provincias-—cuatro en el caso de las provincias insulares—, la

oposición propone el sistema Japonés—voto único no transferible—, es decir, que cada elector sólo podrá

votar a un único senador, resultando elegidos los cuatro que tuvieran mayor número de votos.

Incompatibilidades e inelegibilidades

Hasta el momento, el Gobierno y la oposición sólo han tratado, a nivel técnico, sobre la mayoría de edad

para ser elector (que la oposíón estima debe rebajarse a los dieciocho años y el Gobierno mantiene los

veintiuno) y el tema de las inelegibilidades e incompatibilidades.

El Gobierno no se ha pronunciado sobre a quiénes afectarán dichas incapacidades, limitándose a señalar

que aceptaría dar un plazo, a partir de la publicación del decreto sobre normas electorales, para que

quienes resultaran afectados dimitieran de los cargos que tienen si desean presentarse a las elecciones.

La oposición entiende que son también inelegibles prácticamente todos los cargos provinciales y locales

del Estado y sus organismos autónomos, del Movimiento, de la Diputación o de la Organización Sindical

que implique autoridad o tengan jurisdicción, así como los militares a partir de suboficiales y los

magistrado, jueces y fiscales o miembros de las fuerzas de orden público, administradores de

concesionarias del Estado o que tengan obligaciones o intereses con él por cuantía superior a cien

millones de pesetas.

Este es quizá el tema más controvertido del diálogo Gobierno-oposición, ya que implica el desmonte de

toda la maquinaria residual del Movimiento y obliga & los cargos de libre designación de la

Administración Local a dimitir si desean presentarse candidatos. Aceptar esa tesis supondría una gran

renovación de los componentes de las Cámaras, así como la apertura de la gran oportunidad para muchos

candidatos desconocidos de los partidos de oposición, cuya principal desventaja será concurrir, sobra todo

a nivel rural y provincial, con aquellos candidatos que procedan del viejo establecimiento y que todavía

están en puestos provinciales de responsabilidad, en los que son más conocidos.

No es probable que el Gobierno acepte esas condiciones y que se limite, a establecer unas

incompatibilidades e inelegibilidades que obligarían a quienes les afecten a dimitir, una vez hechas

públicas las normas electorales, si desean presentarse a las elecciones.

Juntas del censo y tiempo de antena

EI Gobierno acepta la presencia de los partidos en las juntas del censo, siempre que se admita a la

representación vecinal de los muchos ciudadanos independientes. Más difícil será arbitrar el modo de que

los partidos estén presentes en la administración de los tiempos de antena o los espacios impresos de los

medios de difusión oficial. Habrán de confiar en que la representación de los partidos y los ciudadanos, en

la juntas del censo, fiscalice la administración de esos espacio por cada medio, marcando unos tiempos

específicos para la campaña y unas normas para los espacios de información general.

Estos temas serán abordados en la reunión que mañana lunes celebren los técnicos del Gobierno y la

oposición, junto con otros como la determinación del número de diputados fijos, que al Gobierno aún no

ha precisado, mientras que la oposición insiste que no deben ser más de dos, lo que le da ventaja en las

grandes aglomeraciones urbanas, al aumentar en éstas el número de diputados variable. De

lo contrario, sí fuera mayor el número de diputados fijos, se reduce el cupo de los variables, ya que no se,

puede aumentar el número de escaños, circunstancia que favorece a los partidos conservadores en

detrimento de la proporcionalidad, pues los candidatos por Madrid o Barcelona necesitarían más votos

para obtener un escaño que los de Soria o Cuenca.

Porcentaje de sufragios

Otra de las cuestiones básicas todavía sin decidir es la del porcentaje mínimo de sufragios para acceder al

Congreso, que "la oposición estima debe ser el dos por 100 a nivel regional—a fin de que puedan tener

acceso los partidos regionales—mientras que el Gobierno estima que debe ser el cinco por ciento de

sufragios del censo regional, para los partidos regionales y el mismo porcentaje, a nivel nacional para los

partidos nacionales. Aún no hay nada decidido sobre cual será la opción de los ministros del Gobierno.

Todas estas dudas habrán de ser despejadas no más tarde del 4 de marzo, ya que entre la convocatoria y la

fecha de las elecciones deben mediar dos meses, que pudieran reducirse, según la duración de la campaña.

Hay quien dice que treinta días son demasiado. Parece cierto que si las elecciones son en domingo, que

para el mes de junio se estima desaconsejable, habrían de celebrarse el 5 de junio, mientras que sí se

decide un día laboral, tendría que ser alguno de la última decena de mayo, aunque se reduzcan a veinte los

treinta días que hábitualmente se daban para los recursos, habrá que dar por lo menos una semana para

qua las Cortes citen a los nuevos diputados a la sesión constitutiva de la nueva Cámara, a la que la

oposición quiere atribuir la resolución; de los recursos electorales, aunque sea con el previo informe de

loa órganos judiciales que se estimen oportunos.

Otros condicionamientos

El Gobierno no puede aceptar la propuesta que formula la oposición de que aprobada por las Cortes la

nueva constitución, en el referéndum a que ésa sea sometida, se incluiría la cuestión de que las Cortes se

disolvieran pop iniciativa propia en el plazo d9 treinta días, y en el plazo de sesenta se convocaran nuevas

elecciones, conforme a la nueva constitución".. El Gobierno no está legitimado para comprometerse a esta

cuestión, porque competerá a las futuras Cortes. Igualmente el Gobierno deberá decidir con sumo

equilibrio sobre los anticipos o subvenciones que acuerden para ayudar a los candidatos en la campaña.

Parece aceptable la propuesta de atribuir un precio (una 200 pesetas) por voto obtenido, con una garantía

o aval respecto da los anticipos. Nunca entregar ayuda a los partidos, por respeto % la mayoría de

ciudadanos que aún no están afiliados.

 

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