Autor: Damián Traverso, Juan. 
 La educación en la Constitución. 
 Texto para un consenso     
 
 Ya.    08/12/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 43. 

La educación en la Constitución

TEXTO PARA UN CONSENSO

El pasado jueves examinábamos el borrador de Constitución y habíamos concluido en que NO

GARANTIZA LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA DE LOS ESPAÑOLES; antes al

contrario, sostenemos que constituye un paso atrás respecto de la ley Villar.

TRES PREGUNTAS CLAVE:

7. Qué pape/ se reserva ef Estado respecto de fas regiones autónomas

2. Si debe establecerse constitucionalmente el ciclo único obligatorio.

3. Si debe incluirse algún precepto sobre la gestión de los centros docentes

TEXTO QUE SE PROPONE

1 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la

persona humana y su integración en una sociedad solidaria, libra y democrática.

2 La educación tiene la consideración del servicio publico fundamental, que el Estado garantizará en

igualdad de condiciones a todos los alumnos, profesores y centros da enseñanza. La enseñanza obligatoria

será gratuita.

3 Corresponde a los padres el derecho de escoger la claae de educación que ha de darse a sus hijos

conforme a sus convicciones religiosas e ideológicas.

4 Las instituciones, entidades y particulares tienen el derecho de fundar centros de enseñanza de

conformidad a loa requisitos que se establezcan en la planificación publica.

5 El Estado planifica y coordinar el sistema educativo, establece y controla los objetivos de instrucción y

homologa los títulos. Asimismo garantiza la autonomía de los centros y la participación de profesores,

padres y, en su caso, alumnos.

Las líneas maestras de la ley general de Educación, como base de consenso

En efecto, pueden encontrarse en la -ley general de Educación las siguientes líneas maestras:

— Por una parte y, ante todo, la educación tiene la consideración de un servicio público fundamental,

concepción que ei borrador omite. Es servicio público porque constituye una prestación igualitaria

cuyo objeto es la formación integral, el libre desarrollo de la personalidad y 1» integración social de

los españoles, prestación que sólo el Estado puede garantizar tanto jurídica como económicamente.

Es fundamental porque constituye el fundamento de los demás repartos sociales. He aquí la razón de

su denominación y no porque la ley haya tratado de introducir una clase especial de servicios públi-

cos, a la manera italiana.

— Pero este servicio público es compatible con la libre creación de "centros no estatales" (la ley no

habla de "enseñanza privada") cuyos titulares no son unos concesionarios del Estado y tienen facultad

primaria para fundar, limitada a requisitos de la ley y a una planificación pública. Servicio público no

es servicio del Estado; esto ya es de clavo pasado.

— No existen dos "clases" d« enseñanza, como en el borrador, sino una sola que es obligatoriamente

gratuita en los niveles obligatorios. Está garantizada la gratuidad de la educación preescolar de dos

a cinco años y la prestación igualitaria en la enseñanza superior.

— La gratuidad se garantiza mediante un obligatorio concierto donde, además de prescribirse la

igualdad de trato económico con el Estado, se establecen los derechos y deberes del titular del centro.

La ley Villar tiene todos los errores y contradicciones que se quiera, pero no hay duda de que éstos son

sus pilares fundamentales, ciertamente inaplicados.

Excesos en derecha e izquierda

Creo que tanto la derecha civilizada como la izquierda democrática bien pueden aceptar estos supuestos.

Me parece poco serio, por parte de cierta derecha, que se solicite igualdad de trato financiero dentro de

una omnímoda libertad de creación. Libertad de enseñanza para todos, sí, pero dentro de un ordenamiento

público. Igualmente, me parece inadecuado dentro de cierta izquierda, que se reconozca la libertad de

crear centros docentes con un ideario determinado y luego exigirles una discutible neutralidad si

pretenden ofrecer el servicio en igualdad de trato. Es más, me parece un atentado a la igualdad de

enseñanza. Socialismo es libertad —precisamente—porque pretende garantizar tanto las libertades

formales como las materiales.

Con el texto del borrador quedan las espadas en alto para que cada partido pueda hacer su política pero,

desde luego, está claro que lo único que garantiza es que habrá una enseñanza "pública" y otra "privada".

Los problemas de la organización de la enseñanza.

Para completar el análisis del borrador debo referirme a tres temas organizativos que creo esenciales:

Primero: ¿Qué papel se reserva el Estado respecto de las regiones autónomas?

Si hay un servicio público que ´el Estado tiene que garantizar, en igualdad de condiciones para todos los

españoles, es evidente que deben constituir competencias exclusivas del Estado las siguientes:

a) El establecimiento de los objetivos de instrucción necesarios para la homologación de títulos,

así como el régimen de control de los mismos.

Nivel Estado ni los demás poderes públicos deben establecer los contenidos de instrucción. Tan sólo se

deben establecer los objetivos, garantizarse a nivel de Estado una homologación de los títulos.

b) La planificación, y coordinación del sistema educativo. Un sistema educativo es un todo

productivo básico del sistema social. Solamente a nivel de Estado, puede obtenerse un orden general

del sistema. Creo que sobran explicaciones.

c) El Estado debe garantizar la autonomía de los centros, derecho fundamental que, repito, debe

quedar recogido constitucionalmente. No puede permitirse que el ."nacional-catolicismo" sea

sustituido por el "nacional-regionalismo".

Pues bien el borrador constitucional tan sólo se refiere como privativo del Estado a la facultad de

"establecer los requisitos de expedición y homologación de títulos" y su convalidación (articulo 143.2,

apartado 27).

Como sucedía con la Constitución del 31, creo que pueden recogerse las facultades del Estado en el

propio texto del artículo o artículos que aborden la educación.

Segundo: ¿Debe establecerse constitucionalmente el ciclo único obligatorio?

Desde luego hay consenso en todas las tendencias en estructurar el sistema sobre la base de un ciclo único

obligatorio preclüir constitucionalmente la autogestión, aunque ya el borrador señala el camino para la

promoción de lo que a mi juicio es la valedera empresa cooperativa (artículo 36.3). Como todos saben y

pocos quieren decir, es impensable la autogestión sin autorresponsabilidad, y ello lo vamos a ver pronto—

lo estamos viendo ya—en las Universidades. Ahora bien, creo que sí debe establecerse en la Constitución

y

BORRADOR DE CONSTITUCIÓN

1 Se reconoce el derecho a la educación.

2 Los poderes públicos garantizan en condiciones de igualdad) el acceso de todos a la enseñanza

mediante una programación general de la educación y de las instituciones docentes de todos los niveles.,

3 La enseñanza básica será obligatoria y gratuita.

4 Se reconoce la libertad de creación de escuelas dentro del respeto a los; principios constitucionales.

5 Los poderes públicos podrán inspeccionar el sistema educativo en su conjunto.

6 Los poderes públicos homologarán y podrán ayudar eficazmente a las escuelas que reúnan los requisitos

que la ley establezca.

profesional. No creo, sin embargo;" que deba figurar constitucionalmente ninguna indicación sobre la

estructura del sistema educativo, como hace el borrador. Basta, a mi juicio, referirse tan sólo a la

enseñanza obligatoria para declararla gratuita.

Tercero: ¿Debe incluirse algún precepto sobre la gestión de los ceñiros docentes?

Ya hemos dicho que debe garantizarse la autonomía de todos los centros y no sólo de los universitarios.

Creo que se trata de una materia constitucional en la que hay pleno consenso. Ahora bien, ¿"quid"

respecto de la gestión autonómica?

Me parece muy aventurado en garantizarse a nivel de Estado, la participación de padres, profesores

y alumnos en la gestión y dirección del centro.

Aunque he sido, por razón de espacio, muy breve, creo haber podido fundamentar una nueva redacción

del artículo 31 para un consenso en materia de educación que no remita sus problemas al poder político

ocasional (ver y comparar en. los recuadros lo que dice el actual borrador y lo que propongo que debería

decir).

Juan DAMIÁN TRAVERSO

Profesor de Política Educativa y secretario general del INCIE

 

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