Obispos y divorcio     
 
 Diario 16.    26/01/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Obispos y divorcio

La súbita premura de la Conferencia Episcopal en revisar sus planteamientos tolerantemente distanciados

con relación a la legislación civil sobre el divorcio constituye la primera muestra de la actitud beligerante

de que parece llegar imbuido el nuevo nuncio.

Los efectos dañinos que para la vida política nacional tienen estos nuevos modos episcopales empiezan a

ser ya patentes. Quienes se sienten cómodos con el actual estado de cosas que empapa la nación, no

podían encontrar mejor coartada para disfrazar de progresía su conformismo: lo que está enjuego, según

ellos, no es otra cosa sino la «derechización» de nuestra democracia bajo la batuta del Vaticano.

Sólo hay una opción peor que una conjura de esas características y es el observar a los obispos

comportándose como si existiera. Flaco favor han hecho a los sectores políticos de origen democristiano

estos prelados nuestros, más vigilantes de sus deberes como cristianos que de sus responsabilidades para

con una comunidad de demócratas.

Quede constancia que más que los efectos de su desafortunada iniciativa en el curso de los

acontecimientos políticos, es el fondo del asunto el que nos preocupa. Tras la coincidencia entre este

renovado celo episcopal por advertir a su rey de los males del divorcio y el inminente debate

parlamentario de la ley que lo regula, no podemos por menos que advertir una inaceptable interferencia en

los asuntos de la sociedad civil.

Hace tiempo que todos los ciudadanos, y en especial los católicos, sabemos que la indisolubilidad del

matrimonio forma parte de la doctrina de la Iglesia. Quienes acepten su magisterio tienen pues constancia

del serio problema de conciencia que les tocará afrontar si alguna vez se hallan ante la disyuntiva del

divorcio.

Junto a ellos, es preciso contemplar también los casos de muchos otros individuos para quienes ese

magisterio no significa otra cosa sino un referente cultural. Bastaría que existiera un solo hombre que

deseara anular los efectos civiles de su vínculo matrimonial para que el resto de la comunidad le

reconociera ese derecho. Nadie pide que el divorcio sea obligatorio, sino que simplemente deje de estar

prohibido.

¿Acaso quieren los obispos suscitar algún tipo de presión desde la calle y determinados medios de

comunicación —remedando así ciertas técnicas marxistas— hasta impregnar de emotividad y fanatismo

la atmósfera ciudadana que rodeará al debate parlamentario del mes entrante?

Es posible que no anden descaminados quienes señalan determinadas deficiencias en las últimas

modificaciones introducidas durante la discusión de la ley en la Comisión de Justicia. Por fortuna sobran

en el Parlamento español cabezas con suficiente capacidad jurídica para paliar estos fallos en el caso de

que existan.

No es presionando sobre las convicciones de algunos de ellos como los obispos conseguirán «mejorar»

restrictivamente la ley, puesto que la inmensa mayoría de los españoles tienen muy asumido que no basta

cerrar los grifos para que nadie colme su sed.

Mucho mejor sistema sería redoblar los esfuerzos de todos en pro de una sociedad más convivencial,

integrada y justamente libre en la que no sea tan corriente que las frustraciones de todo tipo deriven en

fracasos matrimoniales.

 

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