Opinión de los obispos sobre el divorcio. 
 La ley Ordóñez compromete el futuro de la familia y daña el bien común     
 
 ABC.    12/02/1981.  Página: 16,17. Páginas: 2. Párrafos: 23. 

POLÍTICA

Opinión de los obispos sobre el divorcio

La ley Ordoñez» compromete el futuro de la familia y daña él bien común

Madrid. «Pensamos que si el proyecto de ley al que nos referimos —el dictaminado por la Comisión de

Justicia del Congreso— llegará a promulgarse tal "como está formulado, quedaría seriamente

comprometido el futuro de la familia en España y gravemente dañado el bien Común de nuestra

sociedad.» Este párrafo, perteneciente al documento que la Permanente publicó ayer, resume el criterio de

los obispos sobre la llamada «ley Ordóñez». Otra frase utilizada también en el documento matiza esta

misma opinión: «este proyecto de ley es, pues, rechazado desde el punto de vista moral» y en lo que

afecta sobre todo al divorcio consensual.

Tal y como se puede comprobar tras la lectura del documento, la postura episcopal no ha variado

sustancialmente de la ya adoptada en anteriores ocasiones (noviembre de 1979) si bien se ha endurecido

al concretarse en te «ley Ordóñez». &a lo que ya se preveía. Ha sorprendido, con todo, la acertada y

fluida redacción del documento, muy superior al estilo, a veces duro, que suelen emplear los obispos en

sus documentos. Transcribimos a continuación los párrafos más sobresalientes del pronunciamiento

episcopal.

«El futuro del pueblo español se está configurando con nuevas leyes, cuya trascendencia hace

especialmente importante al actual período legislativo. Entre ellas, merece la máxima atención el proyecto

de Reforma de la Regulación del Matrimonio en el Código Civil, la llamada ley de Divorcio (1). En

efecto, e! bien de la sociedad y el progreso verdaderamente humano de los pueblos dependen en gran

parte de la estabilidad y de la salud moral de la familia.

Nos ocuparnos de! proyecto de ley tal como ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia del

Congreso: es ésa la formulación que suscita en la conciencia cristiana no pocos interrogantes y reservas,

consideración desde la fe y aun desde un punto de vista meramente ético.

Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española somos bien conscientes

del respeto que se debe a la competencia propia de los legisladores; pero al hacer pública nuestra opinión

sobre el citado proyecto de ley ejercemos nuestro derecho de ciudadanos y sobre todo cumplimos nuestro

deber de pastores del pueblo de Dios, que nos obliga a iluminar con la luz del Evangelio, como otras

veces hemos hecho (2), aquellas cuestiones morales que afectan a ¡a vida del hombre, en asuntos de

índole individual o social, «incluso sobre materias referentes al orden político», siempre que entren en

juego «los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas» (C. Vaticano II, G. S. 76).

Este es el caso presente. El matrimonio y la familia son instituciones naturales anteriores al Estado,

básicas en el ámbito moral y social y, para el cristiano, realidades que pertenecen a lo más entrañable del

ser y de la´ vida de la Iglesia. Y pensamos que si el proyecto de ley al que nos referimos llegara a

promulgarse tal como está formulado, quedaría seriamente comprometido el futuro de la familia en

España y gravemente dañado el bien común de nuestra sociedad.

CRITERIOS MORALES SOBRE EL DIVORCIO

No vamos a repetir aquí cuanto dijimos en la instrucción colectiva sobre divorcio civil», publicada por la

Conferencia Episcopal Española el 23 de noviembre de 1979, que ratificamos y resumimos en sus puntos

esenciales.

Manifestábamos entonces que el divorcio no es, en principio, un derecho de la persona. La regulación

civil del divorcio es, a lo más, «un supuesto remedio a un mal social». Pero tal pretendido remedio

implica a su vez una grave amenaza contra la estabilidad del vínculo matrimonial, «valor sumamente

importante para la vida afectiva de los esposos, para el bien de los hijos, para la firmeza de la familia y, al

mismo tiempo, un elemento integrante fundamental del bien común de la sociedad». De ordinario una ley

de divorcio «induce a pensar que el matrimonio es disoluble y supone la introducción legalizada de una

permisividad que socava las bases más firmes de la sociedad y de la familia»; es un «tipo de legislación

prácticamente irreversible», que tiende progresivamente a «la multiplicación de causas que declaran

legalmente roto el compromiso matrimonial». El divorcio, al conceder la posibilidad legal de contraer

nuevo matrimonio civil, puede incitar a matrimonios sin problemas insolubles, pero en crisis transitoria, a

acudir a este recurso legal. del divorcio más que «un remedio al mal que se intenta atajar» se transforma

en «una puerta abierta a la generación del mal».

A este juicio añadíamos, sin embargo: «No ignoramos que en la sociedad actual no todos los ciudadanos

entienden el matrimonio desde nuestra perspectiva cristiana. Respetamos la justa autonomía de la

autoridad civil a la que corresponde legislar atendiendo a las exigencias del bien común compuesto por

diversos elementos (3). En orden a este bien común, la prudencia política del legislador, dentro de un

marco legal que tutele y promueva los bienes de la comunidad familiar, al ponderar las consecuencias

negativas que pudieran seguirse de una absoluta prohibición del divorcio civil, tenga también en cuenta

los graves daños morales arriba enumerados, que se derivarían de su introducción,en nuestra legislación.»

EL DIVORCIO CONSENSUAL

En todo caso, cualquiera que fuese la decisión que los legisladores estimen necesaria para el bien de la

sociedad, tiene el deber de asegurar los elementos fundaménteles del orden común y entre ellos de la

familia y del matrimonio.

Todo matrimonio es por derecho natural intrínsecamente indisoluble, es decir, no puede ser disuelto por el

mutuo y privado acuerdo de los cónyuges. Cuando varón y mujer contraen matrimonio acceden a una

institución de la que brota para ellos un vínculo de carácter permanente. El matrimonio así contraído

rebasa tos intereses privados de los cónyuges y aunque ellos fueron ubres para contraerlo, no lo son para

romper el vínculo que nació del mutuo consentimiento. Esta indisolubilidad del matrimonio es la

expresión de las exigencias de fidelidad que brotan del auténtico amor conyugal, de la alianza personal de

los esposos, del bien de los hijos, de la dimensión sosial de la institución matrimonial, que trasciende así

los intereses privados de los cónyuges e incluso limita el poder del Estado. La indisolubilidad del

matrimonio no es una imposición de la sociedad ni brota exclusivamente de un precepto religioso

sobreañadiendo, sino de la esencia misma de la realidad conyugal. «De ahí —decíamos— que las normas

jurídicas deberán reconocer, garantizar y fomentar esta estabilidad del matrimonio, para estar de acuerdo

con las exigencias del orden moral.»

EL ACTUAL PROYECTO DE LEY SOBRE EL DIVORCIO

El proyecto de ley, cuya redacción actual motiva nuestra reflexión, admite en el fondo, através de

complejas formalidades legales, un divorcio que equivale al divorcio consensual, es decir, deja

prácticamente la pervivencia del vínculo matrimonial a la simple disposición de los cónyuges. Es más,

cualquiera de ellos, por decisión unilateral, puede crear sin demasiada dificultad las condiciones legales

para obtener el divorcio y acceder a un nuevo matrimonio. Sin afirmarlo, viene a hacerse posible que una

parte pueda repudiar a la otra y hasta que pueda solicitar el divorcio precisamente él cónyuge culpable de

la ruptura.

De este modo, el tipo de matrimonio que ofrece este proyecto de ley tiene menos estabilidad que otros

contratos sobre aspectos de menor trascendencia para las personas y para la sociedad, enérgicamente

protegidos por las leyes, mientras que queda extremadamente frágil la unión matrimonial, sin suficiente

protección jurídica y judicial el al cónyuge más débil y los mismos hijos. En los aspectos a que nos hemos

referido este proyecto de ley es, pues, rechazable desde el punto de vista moral (4).

Al formular este juicio apelando a valores morales objetivos lo hacemos en una sociedad democrática y

refiriéndonos a un Estado no confesional, pero en todo caso servidor del bien común. La autonomía del

legislador ha de enterderse siempre como respeto a los derechos y deberes de la persona humana. Es

cierto que el orden jurídico no debe confundirse con el orden moral. Sin embargo, un poder político

indiferente a los valores mora-les carece de razones para oponerse a la injusticia y a la anarquía

perturbadoras del bien de la comunidad política o para hacer respetar los derechos humanos en la

convivencia social.

«La autonomía del legislador ha de entenderse como respeto a los derechos y deberes de la persona

humana»

LIBERTAD DEL MATRIMONIO CANÓNICO

Sorprenden también negativamente las graves (imitaciones a las que se somete el reconocimiento civil del

matrimonio canónico en el mencionado proyecto de ley.

Los ciudadanos que quieran contraer matrimonio católico y vivir en conformidad con las normas de la

Iglesia que lo rigen —hoy por hoy la inmensa mayoría de los españoles— se encontrarán con dificultades

administrativas y procesales mayores que los que acceden al matrimonio civil. Muchas parejas de las que

contraen matrimonio canónico o sacramental esperan que su libre opción no se reduzca ante la ley civil

únicamente al rito de la boda o celebración litúrgica: su matrimonio tiene consistencia jurídica y valores

propios, como aparece en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede. En el referido proyecto de

ley, estos Acuerdos no quedan suficientemente reconocidos (5).

Conviene recordar, por último, que el divorcio civil en ningún caso puede disolver delante de Dios el

vínculo matrimonial de quienes se casan por la Iglesia. Ante Dios y ante la Iglesia este vínculo

matrimonial seguirá subsistiendo.

LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD

Ofrecemos estos puntos de reflexión, como hicimos en nuestra pasada intervención, pidiendo "a cuantos

puedan influir en la modíficación de nuestro derecho de familia, especialmente a los legisladores, que

mediten muy sinceramente sus determinaciones". Estimamos que la oscilación extremosa de las leyes no

ayuda a la convivencia respetuosa de los ciudadanos, ni asegura un futuro de paz y de verdadero progreso

para las familias y para la sociedad.»

NOTAS:

(1) Proyeto de Ley: Modificación de la regulación de! matrimonio en el Código Civil y determinación

del procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. «Boletín Oficial de las Cortes

Generales», Congreso de los Diputados, 30 de diciembre 1980. Núm. 123-11.

(2) Entre los documentos de la Conferencia Episcopal sobre problemas concretos de moral social y poli-

fea podemos citar: «Algunos principios cristianos relativos al sindicalismo» (3-8-1968). «Sobre la Iglesia

y la comunidad política* (23-1-1973); «Los valores religiosos y morales de la Constitución» (26-11-

1977).

(3) El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social en las cuales los hombres,

las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección (C.

Vaticano II, G. S, 74, Cír. Juan XXIII, Mater et Magistra AAS 53 (1961) 417).

(4) Cfr. Proyecto de Ley, art. 81, 1.°; 82, 5.°; 86 bis; 87. Tampoco el Proyecto de Ley remitido por el

Gobierno al Congreso de Diputados evitaba la posibilidad del divorcio por mera decisión y consenso de

los cónyuges ni respetaba de modo suficiente las exigencias de libertad del matrimonio canónico. (Cfr.

art. 81, 2." con art. 86, 2.°, etc.) Pero hay que admitir que el proyecto dictaminado por la Comisión

empeora decisivamente desde el punto de vista de la valoración moral el proyecto del Gobierno.

(5) Proyecto de Ley, art. 60, 63; 49, 2.°; disposición adicional segunda número 2.

 

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