Trescientas mil firmas recogidas ya para un referéndum antidivorcio     
 
 Ya.    18/03/1981.  Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

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Trescientas mil firmas recogidas ya para un referéndum antidivorcio

El número de firmas recogidas hasta la fecha en la «campaña por un referéndum nacional para evitar que

el divorcio se legalice en España» asciende a 300.000, según informa la Comisión Gestora de dicha

campaña en Madrid. Se «espera completar en breve plazo una cifra muy superior a la requerida para este

fin por la Constitución vigente». La campaña ha sido promovida por la Asociación de Seglares Católicos

de Zaragoza, se han creado delegaciones, hasta el momento, en las provincias de Zaragoza, Huesca,

Santander, Sevilla, Mallorca, Madrid y Barcelona, y se han recogido firmas en otras 10 provincias más.

El texto que se firma es el siguiente: «Presto mi firma a la iniciativa popular, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 87 de la Constitución, con el fin de convocar un referéndum nacional para que el divorcio

no esté reconocido en las leyes españolas.»

El boletín informativo del mes de marzo de la Federación de Asociaciones Españolas «Pro Vita» presenta

las estadísticas que el «Demographic Year Book» publica sobre el progresivo aumento de divorcios en los

países donde está permitido legalmente. Estados Unidos está a la cabeza, seguido de Suecia, Inglaterra y

Canadá. La conclusión que se deduce dice el boletín, es que la legalización del divorcio, lejos de

consolidar la estabilidad del matrimonio, tiende a favorecer su ruptura.

El boletín «Pro Vita» comenta que: «Las víctimas más inocentes del divorcio son, sin duda, los hijos,

cuyo derecho al hogar, al cariño de los padres y a que perdure la unión de que son fruto, resultan

destruidos por el divorcio. Y estas víctimas inocentes experimentan una sensación de vergüenza,

inseguridad y tristeza, cada vez más estacada por sociólogos y educadores.»

El número de niños afectados por el divorcio pasó en los Estados Unidos de 361.000 en 1956 a 1.117.000

en 1975. A la vista de estas y otras estadísticas, en todos los países en que el divorcio está legalizado

deduce el boletín que el divorcio parece no ser el remedio eficaz para resolver las crisis matrimoniales.

«Muy pocos de los que se pronuncian pública o privadamente sobre el tema del divorcio han leído con

atención la declaración de los obispos, y mucho menos del proyecto de ley dictaminado por la Comisión

de Justicia del Congreso», afirma en unas manifestaciones al diario «Ultima Hora» el obispo de Mallorca,

doctor Ubeda Gramaje, presidente de la Comisión de Pastoral de la Conferencia Episcopal española.

Refiriéndose a esta Permanente dice, según Logos, que «es más representativa de todos los sectores del

Episcopado y asegura la continuidad en el camino de la renovación general según el Concilio Vaticano II,

en la que venimos empeñados desde el comienzo de la Conferencia, hace quince días; renovación que por

ser general, es decir, de toda la Iglesia española, necesariamente ha de tener sus luces y sombras, sus

aceleraciones y sus frenazos.» El arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal

Española, monseñor José Delicado Baeza, ha afirmado que «las grandes presiones contra la familia

española no la harán desaparecer». En una entrevista publicada en el «Boletín Diocesano» ha añadido:

«Es una institución necesaria para el hombre, para el desarrollo biológico, psicológico y moral de la

persona humana. El Vaticano II dice que, a pesar de las dificultades y tormentas que ha tenido que

sortear, como institución natural básica, ha podido superar todos los huracanes y sobrevivir a las crisis de

civilización; pero determinadas leyes pueden perjudicarla seriamente. En el pasado sínodo de obispos

sobre la familia se dijo que el estado que la lesiona se vulnera a sí mismo.»

Preguntado si al final se oirán en las Cortes las enseñanzas del Episcopado en torno al divorcio, y si con

este nuevo Gobierno se enmendarán estos errores, monseñor Delicado ha señalado: «No lo sé. Desde

luego, no desearía citas episcopales en esa asamblea, que respetamos y en la que no queremos entrar. Esta

intervención obedece a la actitud libre de la Iglesia (a la qué tiene derecho para responder a su misión de

iluminar y educar las conciencias de sus miembros), que no coacciona más que en la medida en que a

todos obliga la verdad, sino que deja a la prudencia política su también libre responsabilidad. Quisiéramos

que se vean con serenidad y objetividad las razones que aducimos, puesto que alguien tenía que ofrecerlas

en esta coyuntura —y los obispos nos sentimos con derecho como ciudadanos y con deber como

pastores.» Al ser preguntado por qué cree que la clase política tiene tanto temor a la visita del Papa a

España, monseñor Delicado dice: «No me consta que tenga temor. En todo caso, pienso que no hay

ningún motivo para ello, porque el Papa es un hombre que, por donde va, anuncia la paz evangélica y

todo lo que más ennoblece al hombre mismo. Esta es su gran preocupación, además de animar y conferir

esperanzas, realidades de que tan necesitados estamos los españoles en esta hora para poder trabajar con

entusiasmo y conjuntamente.»

Sobre si teme que a la larga el aborto pueda tolerarse con el argumento de ser un método legítimo de los

estados para regular la natalidad, por imperativos sociales o económicos, monseñor Delicado manifiesta:

«Que haya personas y grupos que lo deseen, a la vista esta. Espero, sin embargo, del sentido común y

cristiano del pueblo español que no se caiga en esta aberración. Todos los derechos del hombre tienen su

fundamento en el derecho a vivir. No es el reconocimiento (protección o permisividad de las leyes, o

juicio valorativo de las personas) el que constituye ese derecho; es algo anterior y previamente dado a su

propio reconocimiento. Su negación, por el aborto legalizado, es una incoherencia que se da en ciertas

sociedades modernas, que no sólo elimina vidas humanas, sino también la moral natural, minando los

cimientos del mismo derecho que debe regular la convivencia de los ciudadanos y hasta la autoridad de

los estados. Una peligrosa regresión ética.»

 

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