Autor: Marín López, Carmen (KARMENTXU). 
 El proyecto de ley sobre el matrimonio llega al Pleno del Congreso. 
 Los diputados debaten la regulación del divorcio en plena batalla laico-confesional     
 
 El País.    15/03/1981.  Páginas: 2. Párrafos: 17. 

Los diputados debaten la regulación del divorcio en plena batalla laico-confesional

KARMENTXU MARÍN

La aparición de varios documentos de procedencia eclesial, con análisis minuciosos del articulado del

proyecto que coinciden puntualmente con las variaciones contenidas en documentos de parlamentarios

centristas como Osear Alzaga y Manuel Villar Arregui, y las diferencias entre los sectores confesional y

laico de UCD, dejan en suspenso la actitud que tomará el grupo parlamentario del partido y si se llegará o

no a dejar libertad de voto, reclamada por un sector del partido.

La historia del proyecto de ley de Divorcio, que se remonta a una pequeña comisión compuesta por el

diputado del sector-crítico José Antonio Escartín y el secretario general técnico del Ministerio de Justicia,

Enrique Linde, a la que, en ocasiones, acudían también los diputados socialdemócratas Javier Moscoso y

María Dolores Pelayo, varía sensiblemente tras el documento de la Conferencia Episcopal del pasado 3 de

febrero. Si bien es cierto que desde el primer documento episcopal de noviembre de 1979 los obispos no

habían dejado de emitir comunicados contra el divorcio y de consultar a algunos círculos parlamentarios,

el texto episcopal de febrero de este año atacaba ya duramente aspectos concretos del proyecto, hasta el

punto de que el actual presidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán, votó en contra de

su aparición y calificó ésta de inoportuna. Este documento, inspirado por el jurista José María Díaz

Moreno, que asesora a la Conferencia Episcopal, fue conocido por el Ministerio de Justicia antes de su

publicación, en vísperas del congreso de UCD de Palma de Mallorca, mediante una gestión del director

general de Asuntos Religiosos, Luis Apostua, quien, al ser advertido sobre la gravedad del texto

eclesiástico, intentó pararlo.

El informe de Díaz Moreno lleva fecha de 9 de enero de este año —aunque los primeros consejos

episcopales sobre el proyecto Ordóñez se producen previamente, con anterioridad a la discusión por la

ponencia del artículo 80, que habla de la eficacia civil de las nulidades eclesiásticas— y coincide, no sólo

en los contenidos, sino en muchos análisis, artículo por artículo, con otro informe de similares

procedencias y paralelos destinos, Iglesia-parlamentarios cristianos (publicado el viernes por EL PAÍS) y

con las modificaciones propuestas al proyecto de divorcio por Osear Alzaga y Villar Arregui.

Curiosamente, el informe de Díaz Moreno termina diciendo: «Como exigencias mínimas señalaría estas

tres: 1, volver el texto al proyecto del Ministerio (Cavero); 2, dotar a los jueces de mayor poder

discrecional; 3, supresión de los artículos 82.5 y 86 bis».

Del artículo 82.5 (presunción de separación consentida mutuamente si en seis meses no se ha iniciado

acción judicial), los obispos deducirían luego la consagración del repudio. El artículo 86 bis hace

compatible el cómputo de plazos de cese efectivo de la convivencia conyugal con el mantenimiento de

la vida en el mismo domicilio por necesidad, intento de reconciliación o interés de los hijos, y en la última

reunión del grupo parlamentario de UCD alguien comentó que había sido «redactado por Alfonso Guerra

para arreglar su situación personal».

Elliot y el "Eclesiastés"

La lealtad debida a la jerarquía eclesiástica fue, de hecho, esgrimida por el ministro de Educación, José

Manuel Otero, en la reunión del Grupo Parlamentario Centrista del pasado miércoles. En esa misma

sesión, José Luis Meilán, diputado crítico y miembro del Opus Dei, dijo que como «se me acusa dé

confesional, y como al ministro le gusta la poesía, voy a hacer una cita laica, de Elliot: "Hay un tiempo

para la palabra y un tiempo para el silencio"». Fernández Ordóñez le respondió: «Esa frase no es de

Elliot, sino del Eclesiastés».

Las variaciones radicales de los democristianos en torno al proyecto de divorcio pueden significarse con

la postura de Osear Alzaga, quien en diciembre pasado, al ser aprobado el texto en comisión, explicaba a

EL PAÍS que su grupo no plantearía problemas al mismo «porque no hay que olvidar que este proyecto se

elaboró en la época de Landelino Lavilla, entró en el Congreso firmado por Iñigo Cavero y sus

modificaciones sustanciales han sido redactadas por Escartín». Casi dos meses después, durante el

congreso centrista de Mallorca, publicado ya el documento episcopal, Alzaga dijo que la frase la había

pronunciado medio en broma, y la puntualizó diciendo que «el proyecto de ley se ha deformado

fundamentalmente» con las introducciones «de un mecanismo de divorcio por mero disenso», fórmula a

la que «varios diputados de UCD negamos nuestro apoyo».

Junto a los dos documentos colectivos de los obispos se han ido produciendo innumerables cartas

pastorales y declaraciones eclesiásticas. La más sonora fue la del primado de Toledo, Marcelo González

Martín, de septiembre de 1980. La salvaguardia de los valores cristianos supuestamente atacados por el

divorcio ocupó también al mundo de las finanzas, como demuestra, por ejemplo, una carta del

vicepresidente del Banco de Vizcaya, Enrique de Sendagorta, a un directivo del Círculo de Empresarios

en febrero de este año. Sendagorta le manda «la instrucción pastoral del cardenal arzobispo de Toledo

sobre el divorcio, que contiene en sus anexos algunos textos del reciente magisterio de la Iglesia» y otras

publicaciones similares, y termina diciendo: «Creo que todo ello te interesará y reforzará tu punto de vista

y el de tus amigos en un asunto de tan gran importancia».

Mientras, los socialdemócratas se sorprenden de que «después de que el proyecto se haya aprobado en

una Comisión de Justicia dominada por los democristianos, después dé haber acordado el texto con ellos

y visto que UCD no es un partido confesional, según reciente opinión del presidente y de sus allegados, y

como lo demuestran los 44 votos del grupo parlamentario del miércoles a favor de la postura de

Fernández Ordóñez», los cristianos quieran «dar la vuelta al proyecto de ley». La afirmación

socialdemócrata de que «antes del documento de los obispos no había más diferencias que el artículo 82.5

y el procedimiento» fue ratificada la semana pasada por José Antonio Escartín, colaborador, desde un

principio, en la elaboración del texto y mantenedor de la postura crítica, y por el también diputado

centrista Joaquín Satrústegui.

Satrústegui dijo ayer a EL PAÍS que la consideración de libre consentimiento en la separación si un

cónyuge no ha ejercitado acciones legales en seis meses «fue un añadido en lo que se llama ley Ordóñez.

Al ir a votarse en comisión me dijeron que me ausentara y, como me tenía que ir igual, me marché. Al día

siguiente vi en los periódicos que el añadido no había sido bien pensado». El diputado centrista añadió:

«Si Alzaga no se opuso a ese añadido fue porque se creyó que no tenía importancia, como Alvarez dé

Miranda y otros».

Al indicarle que los sectores cristianos de UCD no habían puesto más que dos pegas al proyecto, mientras

que ahora pretendían retocar varios artículos, aprobados por los propios representantes democristianos,

Satrústegui explicó que «la teoría de legislar implica que uno puede meter la pata en la ponencia,

corregirla en la comisión, volver a meter la pata en la comisión y arreglarlo en el Pleno», pero sin que ello

tenga que estar vinculado a presiones eclesiásticas. También explicó que las declaraciones del ministró de

Justicia al término de los debates de la comisión, «inteligentes, pero poco matizadas», pusieron nervioso a

un sector del partido centrista, que tuvo la sensación de que se introducía «un divorcio por mutuo

acuerdo, por lo que se pensó que hay que meter unas frases aclaratorias. Y entonces se dice: ¿Por qué no

volver al texto anterior, al de Cavero? Se aprovecha la ocasión para dejar más perfilado lo que antes había

quedado menos perfilado».

Un ejemplo de las diferencias de interpretación a las que conduce la introducción en el texto de algunas

de esas «frases aclaratorias» a las que alude Satrústegui es el artículo 81.1, que recoge la posibilidad de

separación por mutuo acuerdo de los cónyuges. Los democristianos quieren añadirle una frase que

figuraba en el proyecto Cavero, que admite la separación «siempre que exista quiebra profunda y

difícilmente superable de la convivencia conyugal», expresión que José Antonio Escartín admitió que se

quitara en ponencia y que no había vuelto a salir a colación.

Evitar la separación por mutuo acuerdo

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el añadido de esa frase, conectado con las

modificaciones que el sector confesional de UCD pretende hacer en el procedimiento (abrir un período de

prueba para probar la causa de la separación o el divorcio y demostrar, además, la «quiebra profunda y

difícilmente superable de la convivencia conyugal», con lo que se deja en manos del juez y el fiscal

opinar sobre un concepto que jurídicamente es difuso) supondría la desaparición de la separación por

mutuo acuerdo del proyecto, Esta modificación es, para los socialdemócratas, «absolutamente

inaceptable». «Y si Escartín está de acuerdo en que la quiebra de la convivencia equivale al cese efectivo

de la misma», añadieron portavoces del citado sector, «esta modificación tocaría directamente los

artículos referentes al divorcio».

A este respecto, Joaquín Satrústegui se preguntó por qué rio podría añadirse la «quiebra profunda y

difícilmente superable de la convivencia conyugal», si eso, dijo,.«no significa nada». Al indicarte que

fuentes jurídicas opinaban lo contrario, que esa frase conducía a eliminar la separación por mutuo

acuerdo, el diputado citado reconoció: «Es que es precisamente lo que se quiere evitar».

Otro de los artículos en los que los socialdemócratas dicen «no cederemos un milímetro» es el articulo 86

bis (compatibilidad del cese efectivo de la vida conyugal con el mantenimiento de la vida en el mismo

domicilio por determinadas causas). Según José Antonio Escartín, habría que añadir que ese

mantenimiento del mismo domicilio fuera «en virtud de resolución judicial». Esto supondría, a juicio de

los sectores jurídicos consultados por este periódico, ir a un proceso judicial para probar, por ejemplo, que

los hijos necesitan que los padres sigan en el mismo domicilio y añadir un tercer proceso a los ya

necesarios de separación y divorcio. No se aceptarán modificaciones, dicen los mismos socialdemócratas,

al artículo 87, que contempla la cláusula de dureza y en el que los democristianos pretenden establecer

una casi omnipotente discrecionalidad judicial para denegar el divorcio.

Tampoco parece que los círculos cercanos al ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, estén dispuestos a

«modificar ni un solo apartado de artículos como el 60 ó el 80, que hacen referencia al derecho canónico.

«Quizá fuera recomendable suprimir toda referencia al derecho canónico y, si se encuentran discordancias

entre el texto y los acuerdos con la Santa Sede, que rijan los acuerdos», indicaron.

El único artículo en el que los socialdemócratas están dispuestos a reconocer que admitirían «posibles

matices, si es que como está es mal interpretado», es el 82.5, en el sentido de presumir la separación

libremente consentida salvo prueba encontraría y admitir cualquier actuación tendente a demostrar, en su

caso, que hubo abandono. También podrían «corregirse técnicamente» o «perfeccionarse» algunos puntos

del procedimiento.

 

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