Autor: García Pérez, Juan . 
   Obispos y divorcio civil     
 
 Ya.    18/03/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

18-III-1981 sociedad

Obispos y divorcio civil

EL tema del divorcio ha comenzado ya a discutirse en el pleno del Congreso. La declaración de los

obispos sobre el divorcio levantó una verdadera marejada de opiniones encontradas y de rechazos

virolentos. Se les acusó de intromisión abusiva, de irrumpir en el Congreso de los Diputados (o en sus

conciencias) con la mitra calada y el báculo en ristre. Se llegó a sugerir que la declaración de los obispos

fuese llevada a los tribunales para que se apreciasen si existían en ella indicios razonables de culpabilidad.

En todo caso se creía ver un caso más del doble juego que, a juicio de algunos, parece hacer la Iglesia.

Mientras ante la opinión pública se rasga farisaicamente las vestiduras ante la inminencia de una ley de

divorcio civil, en determinados tribunales eclesiásticos, exóticos o transoceánicos, algunos cheques

sustanciosos engrasan expeditivamente ios procedimientos de declaración de nulidad matrimonial.

Todos estos ataques, y otros muchos que podríamos recoger, dirigidos contra la Iglesia o contra el

documento último de los obispos, nos hacen ver que o no se ha leído, o no se ha entendido, o no se ha

querido entender el sentido de la declaración de los obispos. Las reflexiones que siguen pretenden ayudar,

modestamente, a una mejor comprensión del documento episcopal y la doctrina actual de la Iglesia sobre

las leyes de divorcio civil.

Resumiríamos el contenido en tres afirmaciones principales: los obispos tienen derecho a hablar sobre la

estabilidd de la familia. Los obispos, en segundo lugar, no se han opuesto frontalmente a toda posible ley

de divorcio civil. Pero en su documento han señalado en este proyecto de ley algunos puntos que

difícilmente resultarían aceptables para una conciencia cristiana.

Creemos, en primer lugar, que los obispos tienen derecho —ellos lo han sentido como un deber—de

hablar. No sólo para los creyentes españoles, sino como un grupo, socialmente relevante, en cuestiones

que tanto interesan a la propia sociedad. Aunque la España de hoy oficialmente no sea confesional y de

hecho sea una sociedad pluralista, la Iglesia cree que debe tener la libertad de «pronunciar el juicio moral,

aun en los problemas´ que tienen conexión con el orden político, cuando lo exijan los derechos

fundamentales de la persona» (GS, 76). El hecho de que la Iglesia no haya hablado siempre con la

necesaria claridad o decisión no puede ser invocado ahora como un motivo para reducir ahora a la Iglesia

a un silencio cómplice o complaciente.

Pero el documento de los obispos no se opone frontalmente a toda posible ley de divorcio civil.

Ciertamente les parece que el divorcio no puede ser considerado como un derecho radical de la persona,

sino como un supuesto remedio a un mal social: los matrimonios irreversiblemente rotos. Los documentos

internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a contraer matrimonio. Al divorcio sólo se

alude de una madera hipotética e indirecta «para asegurar la igualdad de derechos .y responsabilidades en

caso de disolución del mismo».

Ño ignoran los obispos que, una vez que se abre la puerta al divorcio, es muy difícil después volverla a

cerrar. Y no hay que hundirse en los períodos más tenebrosos de ´ la Edad Media para constatar que la

legalización del divorcio crea un cierto clima de inestabilidad de fondo a los matrimonios.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta .todo esto, los obispos no han dicho que todo matrimonio es

absolutamente indisoluble por derecho natural. Lo que han afirmado es que todo matrimonio «es, por

derecho natural, intrínsecamente indisoluble». La frase, en lectura rápida y no técnica, ha podido inducir a

confusión a muchos. Pero los obispos la explican a renglón seguido, cuando afirman: «Es decir, no puede

ser disuelto por el mutuo y privado acuerdo de los cónyuges.» Lo cual equivale a decir o al menos

permite que se diga. que puede ser disuelto en determinados casos por las legítimas autoridades civiles.

En efecto, es doctrina común, aceptada hoy mayoritariamente en la Iglesia, que con la sola luz de la razón

no «e puede demostrar que el matrimonio exija una tal firmeza que por ninguna causa pueda ser disuelto.

Algunos autores contemporáneos, por lo que se refiere a la doctrina católica, creen que sería más exacto

hablar no de la indisolubilidad, sino de la disolubilidad extrínseca del matrimonio. Estas expresiones

resultan desde luego poco comprensibles para el gran público. Se podrían sustituir para negar a la

afirmación de que el matrimonio es simplemente disoluble por . la legítima autoridad, con tal que ésta

respete y proteja a la vez la estabilidad matrimonial, sin la cual el matrimonio pierde todo su sentido.

Dicho de otra manera: tal vez sea más exacto decir que lo que hay que defender no es tanto la

indisolubilidad sino la estabilidad del matrimonio.

Además, tanto en noviembre del 79 como en enero del 81, los obispos españoles han afirmado que

corresponde a las autoridades civiles legislar sobre esta materia . atendiendo a las exigencias del bien

común en una sociedad en la que no todos los ciudadanos entienden el matrimonio desde una perspectiva

cristiana. Es lógico que el Estado se preocupe por buscar una salida a los matrimonios fracasados

mediante una ley de divorcio civil. Este principia es aceptable no sólo por una mentalidad laica, sino

también por la propia conciencia cristiana.

Una ley de divorcio civil, sí. Pero ¿que clase de ley?

Ya en noviembre del 79 los obispos consideraban que un divorcio consensual era «absolutamente

inaceptable» para una conciencia cristiana. Desde el otoño pasado, el actual equipo del Ministerio de

Justicia ha venido insistiendo decididamente no sólo en la necesidad de una ley de divorcio, a lo cual

desde la Iglesia, en principio, no habría reparo que oponer, sino también a un divorcio por mutuo acuerdo.

Últimamente los altos funcionarios del Ministerio distinguen entre divorcio por mutuo acuerdo y divorcio

por mero acuerdo. Sólo este último, y no aquél, equivaldría al divorcio por mutuo consenso, rechazado

por los obispos.

Creemos que la distinción entre el mero acuerdo y el mutuo acuerdo es más aparente que real. Una serié

de enmiendas que el proyecta de ley ha ido recibiendo han ido cambiando no sólo la fachada externa de

las formulaciones, sino el contenido. Aunque nunca se diga, de modo expreso, la regulación de los

trámites de divorcio lo acercan mucho al divorcio consensual. Y si profundizamos en la filosofía que

subyace al proyecto de ley nos parece que entiende el divorcio como un verdadero derecho de la persona.

Todo esto puede apreciarse si se realiza un recorrido por algunos de los artículos más conflictivos. El

artículo 82, en los números 6 y 7, y el artículo 86, que recoge una significativa reducción de los plazos,

convierte dichos plazos más en una ratificación de la decisión de los esposos de divorciarse que en la

constatación, por parte del juez, de la quiebra irreparable de la convivencia matrimonial. En modo alguno

propugnamos la búsqueda, con ansiedad neurótica, de un culpable en el matrimonio sobre quien arrojar

todas las culpas. Ni una inquisición que hurgue inmisericordemente en los estratos más reservados de la

intimidad del matrimonio. Bastaría que, después de un plazo razonable de tiempo, el juez pudiese

constatar que el matrimonio parecía irreversiblemente roto. Pero el actual proyecto, en su artículo 87, ha

recortado drásticamente las facultades del juez, poniendo así de manifiesto que el vértice sobre el que gira

la concesión del divorcio no es la constatación de un fracaso irreparable, sino la voluntad reiterada dé los

esposos de poner fin, para siempre, a su matrimonio.

-Hacemos nuestra en este caso la opinión de «Razón y Fe», cuando en reciente editorial concluye: «se

puede decir, con pacífica firmeza, que el texto actual del proyecto de ley sobre divorcio rebasa los límites

expresados hace tiempo por los obispos y ofrece dificultades graves para una conciencia cristiana que

atienda a la doctrina de los obispos».

Se trata, por lo tanto, de conjugar la defensa dé la estabilidad matrimonial con la búsqueda de solución

para matrimonios definitivamente rotos. El cristiano no tiene por qué oponerse sistemáticamente a toda

posible ley de divorcio civil. Aunque puede apreciar dificultades serias ante esta ley concreta que ahora se

discute en el pleno del Congreso.

Si estas dificultades, brevemente expuestas, tuviesen algún peso, abrirían el camino a una reflexión

reposada, que no tiene nada que ver con la pancarta demagógica, el portazo, o el desconocimiento

displicente, aunque se barnice de fría cortesía. Un prestigioso intelectual español escribió, hace años, que

«la inteligencia de los hechos lleva a la moderación». Los obispos han pronunciado su palabra, con

moderación y con respeto. Al Congreso y a la sociedad corresponde ahora pronunciar la suya.

Juan GARCÍA PÉREZ

Doctor en Teología (Centro Loyola)

 

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