A partir del 15 de agosto podrán presentarse las demandas en los juzgados de familia. 
 Texto íntegro de la ley de Divorcio     
 
 El País.    21/07/1981.  Página: 16-18. Páginas: 3. Párrafos: 215. 

Las separadas contra la ley de divorcio

Femando Gracia MADRID, 6 (D16). — La Asociación Española de Mujeres Separadas (AEMS) disiente

del espíritu extraído de las noticias que días pasados han circulado sobre la posible nueva ley de divorcio.

La AEMS tacha de "atentado a la libertad y a la capacidad de los españoles como ciudadanos el hecho de

que el tema sea pactado entre Gobierno e Iglesia".

Un portavoz de dicha Asociación comentó a D16: E1 derecho ciudadano al divorcio ha sido reconocido

universalmente por los países civilizados; no puede ser "pactado" entre el Gobierno y la Iglesia a espaldas

de los ciudadanos del país, bajo pretexto de situaciones históricas y privilegios religiosos que deben

considerarse definitivamente periclitados.

La AEMS califica de antidemocrática la posición adoptada por él Gobierno: "Este acuerdo apresurado

del Gobierno, a quince días de las elecciones, no beneficia las normas de una convivencia democrática."

"Por otra parte —.dice dicha Asociación—, se carece de titularidad política para celebrar semejante

acuerdo, del que además, al limitarse el derecho al divorcio (solamente a los casados civilmente) , sólo se

podría beneficiar una exigua minoría de españoles, puesto que los contrayentes del matrimonio se han

visto obligados durante cuarenta años a casarse bajo la forma canónica. Por todo ello, el acuerdo en

cuestión se convertiría ,en una medida injusta, por descriminatoria, para la mayoría de los matrimonios

españoles."

Nota de desacuerdo al Rey

Una nota de desacuerdo para con estas. inexi fue cursada el pasado sábado al Rey, al presidente del

Gobierno, presidente de las Cortes Españolas y ministro de Justicia

Entre otras consideraciones la Asociación de Mujeres Separadas puntualiza: "La AEMS es la entidad

legal .más idónea para pronunciarse sobre la materia del divorcio."

"Respetando los derechos que a la Iglesia corresponden .—siguen—, en orden a su. misión propia de

velar por el bien de las almas, no podemos: justificar ni admitir que sus representantes jerárquicos puedan

ostentar autoridad auténtica para interferir la libre decisión de los ciudadanos de un país, pactando á ip r

esuradUmente sobre derechos de los ciudadanos con el Gobierno que no es representativo de la voluntad

nacional."

EL PAÍS, martes 21 de julio de 1981

A partir del 15 de agosto podrán presentarse las demandas de divorcio en los juzgados de familia

Texto íntegro de la ley de Divorcio

A partir del próximo 15 de agosto, los españoles cuya situación familiar así se lo aconseje podrán

presentar su demanda de divorcio en cualquiera de los sesenta juzgados de familia creados recientemente

en toda España. Sin embargo, dichos juzgados no empezarán a funcionar hasta el 1 de septiembre, pero

las vacaciones judiciales no afectan a la admisión de demandas, sólo a su tramitación. El texto de la ley de

Divorcio —que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y que reproducimos en estas páginas—

no contempla una tramitación larga en los casos de divorcio, estado al que podrá llegarse, cuando exista

mutuo acuerdo, entre tres y doce meses de papeleo. Cuando esta situación no se dé entre los cónyuges,

naturalmente, la tramitación sufrirá un retraso que tampoco podrá exceder los cinco años. La ley de

Divorcio patrocinada por el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, ha supuesto casi dos años

y medio de trabajo jurídico y político, y ha tenido que salvar no pocos escollos dentro del propio partido

del actual ministro de Justicia. Aparte del lógico apoyo del PSOE, la ley Fernández Ordóñez ha sido

votada afirmativamente gracias a la ruptura de voto dentro de UCD, aunque, dada la fuerte oposición de

la Iglesia, los católicos que se decidan a hacer uso de este nuevo derecho de los españoles, se verán

privados de la posibilidad de recibir la eucaristía. A este respecto, hay que recordar que el primado de

España,cardenal Marcelo González, prohibió a Fernández Ordóñez presidir la procesión del Corpus

Christi en Toledo, a pesar de que ya es tradicional que el ministro de Justicia abra la comitiva en unión de

las autoridades eclesiásticas en esta señalada fecha. Los costes económicos del divorcio, uno de los

aspectos que más inquietud despiertan entre los beneficiarios de este derecho, dependerán de la situación

económica de la propia pareja que presenta la demanda y de los honorarios del abogado elegido. Las

costas judiciales del proceso se sitúan entre las 1.000 y las 6.000 pesetas. Los expertos en el tema estiman

que en el primer año de la ley posiblemente se presentarán unas 500.000 demandas de divorcio.

Artículo primero.

El título IV del libro primero del Código Civil quedará redactado de la siguiente forma:

TITULO IV Del matrimonio

CAPITULO PRIMERO De la promesa de matrimonio

Artículo 42. La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se

hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración.

No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento.

Artículo 43. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta dé matrimonio hecha por persona mayor de

edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos

y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido.

Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.

CAPITULO II De los requisitos del matrimonio

Artículo 44. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de

este Código.

Artículo 45. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.

La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta.

Artículo 46. No pueden contraer matrimonio:

1° Los menores de edad no emancipados.

2° Los que estén ligados con vínculo matrimonial.

Artículo 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:

1° Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.

2° Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.

3° Los condenados corno autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.

Artículo 48. Él Ministro de Justicia puede dispensar, a instancia de parte, el impedimento de muerte

dolosa del cónyuge anterior.

El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del

grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de

edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores.

La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada

judicialmente por alguna de las partes.

CAPITULO III

De la forma de celebración del matrimonio

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 49. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:

1° Ante el Juez o funcionario señalado por este Código.

2° En la forma religiosa legalmente prevista.

También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del

lugar de celebración.

Artículo 50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio en España con arreglo

a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de

ellos.

SECCIÓN II. DE LA CELEBRACIÓN ANTE EL JUEZ O FUNCIONARIO QUE HAGA SUS VECES

Artículo 51. Será competente para autorizar el matrimonio:

1° El Juez encargado del Registro Civil.

2° En los municipios en que no resida dicho Juez, el Alcalde o el Delegado designado

reglamentariamente.

3° El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.

Artículo 52. Podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:

1° El Juez encargado del Registro Civil o el.delegado, aunque los contrayentes no residan en su

circunscripción y, en defecto de ambos, el Alcalde.

2° En defecto del Juez, y respecto de los militares en campaña, el Oficial o Jefe superior inmediato.

3° Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el Capitán o Comandante de

la misma.

Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de expediente, pero sí la presencia,

en su celebración, de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada.

Artículo 53. La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de

nombramiento legítimo del Juez o funcionario que lo autorice, siempre que al menos uno de los cónyuges

hubiera procedido de buena fe, y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente.

Artículo 54. Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministro de Justicia podrá

autorizar el matrimonió secreto. En esté caso, el expediente se tramitará reservadamente, sin la

publicación de edictos ó proclamas.

Artículo 55. Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente qué no resida en el distrito

o demarcación del Juez o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya

concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro

contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las

circunstancias; personales precisas para establecer su identidad.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia de apoderado o por la muerte de

cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica

antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez o funcionario

autorizante.

Artículo 56. Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado

conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este

Código.

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá

dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Artículo 57. El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez o funcionario correspondiente al domicilio de

cualquiera de los contrayentes y dos testigos mayores de edad.

La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por delegación del Juez o funcionario

encargado del Registro Civil competente, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio ante un Juez

o encargado de otro Registro Civil.

Artículo 58. El Juez o funcionario, después de leídos los artículos 66, 67 y 68, preguntará a cada uno de

los contrayentes si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho

acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y

extenderá la inscripción o el acta correspondiente.

SECCIÓN III. DE LA CELEBRACIÓN EN FORMA RELIGIOSA

Articuló 59. El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión

religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación

de éste.

Artículo 60. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico, o en cualquiera de las

formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de

los mismos se estará a lo dispuesto en el capítulo siguiente.

CAPITULO IV

De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil

Artículo 61. El matrimonio produce afectos civiles desde su celebración.

Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil.

El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

Artículo 62. El Juez o funcionario ante quien se celebre el matrimonio extenderá, inmediatamente

después de celebrado, la inscripción o el acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y

testigos.

Asimismo, practicada la inscripción o extendida el acta, el Juez o funcionario entregará a cada uno de los

contrayentes documento acreditativo de la celebración del matrimonio.

Artículo 63. La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la

simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las

circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil.

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro

conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título.

Artículo 64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción en el libro especial del

Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, sino

desde su publicación en el Registro Civil ordinario.

Artículo 65. Salvo lo dispuesto en el artículo 63, en todos los demás casos en que el matrimonio se

hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente, el Juez o funcionario encargado

del Registro, antes de practicar la inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para

su celebración.

CAPITULO V

De los derechos y deberes de los cónyuges

Artículo 66. El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. . Artículo 67. El marido y la mujer

deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Artículo 69. Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos.

Artículo 70. Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia,

resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia.

Artículo 71. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido

conferida.

Artículo 72. Suprimido.

CAPITULO VI De la nulidad del matrimonio

Artículo 73. Es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración:

1° El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.

2° El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de

dispensa conforme al artículo 48.

3° El que se contraiga sin la intervención del juez o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los

testigos.

4° El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades

personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento.

5° El contraído por coacción o miedo grave.

Artículo 74. La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio

Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los artículos

siguientes.

Artículo 75. Si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el contrayente sea menor sólo podrá

ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso, el Ministerio Fiscal.

Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, salvo que los cónyuges

hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada aquélla.

Artículo 76. En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de nulidad

el cónyuge que hubiera sufrido el vicio.

Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos durante un año

despues de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo.

Artículo 77. Suprimido.

Artículo 78. El Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma si al menos uno de los

cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo lo dispuesto en el número 3 del artículo 73.

Artículo 79. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de

los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.

La buena fe se presume.

Artículo 80. Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio

canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden

civil, a solicitud de cualquiera de las partes si se declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución

dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil.

CAPITULO VII De la separación

Artículo 81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del

matrimonio:

1° A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurrido el primer

año del matrimonio. Deberá necesariamente acompañarse a la demanda la propuesta del convenio

regulador de la separación, conforme a los artículos 90 y 103 de este Código.

2° A petición de uno de los cónyuges, cuando el otro esté incurso en causa legal de separación.

Artículo 82. Son causas de separación:

1º El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y

cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales.

No podrá invocarse como causa la infidelidad conyugal si existe previa separación de hecho libremente

consentida por ambos o impuesta por el que la alegue.

2" Cualquier violación grave o reiterada de los deberes respecto de los hijos comunes o respecto de los de

cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar familiar.

3º La condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a seis años.

4º El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del otro cónyuge o

el de la familia exijan la suspensión de la convivencia.

5º El cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido. Se entenderá

libremente prestado este consentimiento cuando un cónyuge requiriese fehacientemente al otro para

prestarlo, apercibiéndole expresamente de las consecuencias de ello, y éste no mostrase su voluntad en

contra por cualquier medio admitido en derecho o pidiese la separación o las medidas provisionales a que

se refiere el articulo 103. en el plazo de seis meses a partir de! citado requerimiento.

6" El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el plazo de tres años.

7º Cualquiera de las causas de divorcio en los términos previstos en los números 3°, 4° y 5° del artículo

86.

Artículo 83. La sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados y cesa la

posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Artículo 84. La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo en

él resuelto, pero los cónyuges deberán poner aquélla en conocimiento del juez que entienda o haya

entendido en el litigio.

Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en

relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.

CAPITULO VIII De ¡a disolución del matrimonio

Artículo 85. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la

muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.

Artículo 86. Son causas de divorcio:

1" El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la

interposición de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el

consentimiento del otro, cuando aquélla se hubiera interpuesto una vez transcurrido un año desde la

celebración del matrimonio.

2* El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la

interposición de la demanda de separación personal, a petición del demandante o de quien hubiere

formulado reconvención conforme a lo establecido en el artículo 82, una vez firme la resolución

estimatoria de la demanda de separación o, si transcurrido el expresado plazo, no hubiera recaído

resolución en la primera instancia.

3º El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos:

a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o desde la firmeza de la

resolución judicial, o desde la declaración de ausencia legal de alguno de los cónyuges, a petición de

cualquiera de ellos.

b) Cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso

en causa de separación.

4" El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cinco años, a petición de

cualquiera de los cónyuges.

5" La condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o

descendientes.

Cuando el divorcio sea solicitado por ambos, o por uno con el consentimiento del otro, deberá

necesariamente acompañarse a la demanda o al escrito inicial la propuesta convenio regulador de sus,

efectos, conforme a los artículos 90 y 103 de este Código.

Artículo 87. El cese efectivo de la convivencia conyugal. a qué se refieren los artículos 82 y 86 de este

Código, es compatible con el mantenimiento o la reanudación temporal de la vida.en el mismo domicilio,

cuando ello obedezca en uno o en ambos cónyuges a la necesidad, al intento de reconciliación o al interés

de los hijos y así sea acreditado, por cualquier medio admitido en derecho en el proceso de separación o

de divorcio correspondiente.

La interrupción de la convivencia no implicará el cese efectivo de la misma si obedece a motivos

laborales, profesionales o a cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Artículo 88. La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges y por su

reconciliación, que deberá ser expresa cuando se produzca después de interpuesta la demanda.

La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer

entre sí nuevo matrimonio.

La reivindicación del divorcio se ha expresado en numerosas iniciativas ciudadanas. La foto muestra una

manifestación celebrada en Madrid en el pasado mes de enero.

Artículo 89. La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo

declare y producirá efectos a partir de su firmeza. No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su

inscripción en el Registro Civil.

CAPITULO IX

De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

Artículo 90. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá referirse,

al menos, a los siguientes extremos:

A) La determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad

de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el

progenitor que no viva con ellos.

B) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

C) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y

garantías en su caso.

D) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

E) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o

divorcio serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para

uno de los cónyuges. La denegación habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los

cónyuges deben someter a la consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación, si procede.

Desde la aprobación judicial, podrán hacerse efectivos por la vía de apremio.

Las medidas que el Juez adopte en. defecto de acuerdo, o las convenidas por los cónyuges, podrán ser

modificadas judicialmente, o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.

El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.

Artículo 91. En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, en

defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo

establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con

anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del

régimen económico y las cautelase garantías respectivas, estableciendo ¡as que procedan si para alguno de

estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren

sustancialmente las circunstancias.

Artículo 92. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con

los hijos.

Las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas en beneficio de ellos,

tras oírles sí tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de doce años.

En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para

ello.

Podrá también acordarse, cuando así convenga a los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o

parcialmente por uno de los cónyuges o que el cuidado de ellos corresponda a uno u otro, procurando no

separar a los hermanos.

El Juez, de oficio o a petición de los interesados, podrá recabar el dictamen de especialistas.

Artículo 93. El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los

alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las

prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento.

Artículo 94. El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de

visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez determinará el tiempo, modo y lugar

del ejercicio de éste derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo

aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

Artículo 95. La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del

régimen económico matrimonial.

Si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno sólo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena

fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas

al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por

su consorte.

Artículo 96. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y

de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los Hijos y al cónyuge en cuya compañía queden,

Cuando algunos de los hijos queden en la compañíá de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá

lo procedente.

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije,

corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su

interés fuera el más necesitado de protección.

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el

consentimiento de ambas partes o, en su caso,autorización judicial.

Artículo 97. El cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con

la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene

derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes

circunstancias:

1" Los acuerdos a qué hubieren llegado los cónyuges.

2" La edad y estado de salud.

3º La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

4º .La dedicación pasada y futura a la familia.

5º La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro

cónyuge.

6º La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

7" La pérdida eventual de un derecho de pensión.

8* El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

Artículo 98. El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una

indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el articulo

97.

Artículo 99. En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente

conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la

entrega de un capital en bienes o en dinero.

Artículo 100. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio,

sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuges.

Artículo 101. El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el

acreedor nuevo matrimonio o pervivir maritalmente con otra persona.

El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los

herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no

pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.

CAPITULO X

De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio

Artículo 102, Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la

Ley, los efectos siguientes:

1° Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.

2° Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al

otro.

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge

en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su

caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

Articulo 103. Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado

judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:

1ºDeterminar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria

potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y en

particular la forma en que el cónyuge apartado de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el

tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Excepcionalmente los hijos podrán ser encomendados a otra persona y, de no haberla, a una institución

idónea,confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del Juez.

2" Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges

ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del

ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas

cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.

3º Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si procede las «litis

expensas», establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos,

retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos

conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.

Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de

los hijos comunes sujetos a patria potestad.

4" Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se

hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y

disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que

reciban y los que adquieran en lo sucesivo.

5" Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que

por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

Artículo 104. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio

puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren ¡os dos artículos anteriores.

Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a contar desde que fueron

ini-cialmente adoptados, se presenta la demanda ante el Juez o Tribunal competente.

Artículo 105. No incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal por una

causa razonable y en el plazo de treinta días presenta la demanda o solicitud a que se refieren los artículos

anteriores.

Artículo 106. Los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan, en todo caso, cuando sean

sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo.

La revocación de consentimientos y poderes se entiende definitiva.

CAPITULO XI

Normas de Derecho internacional privado

Artículo 107. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el

momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia

habitual del matrimonio y, si los esposos tuvieran su residencia habitual en diferentes Estados, por la ley

española, siempre que los Tribunales españoles resulten competentes.

Las sentencias de separación y divorcio dictadas por Tribunales extranjeros producirán efectos en el

ordenamiento español desde la fecha de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

Artículo segundo

Los artículos del Código Civil que a continuación se indican quedan modificados en la forma que se

expresa.

Artículo 176. Suprimido.

Artículo 195. Queda suprimido el párrafo último.

Artículo 855. La causa primera queda redactada así:

«1º Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.»

Articulo 919. Queda redactado así:

«El cómputo de que trata el articulo anterior rige en todas las materias.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los divorciados por sentencia firme al amparo de la Ley de Divorcio de dos de marzo de mil

novecientos treinta y dos podrán contraer nuevo matrimonió, salvo si la sentencia fue anulada

judicialmente.

Segunda. Los hechos que hubieren tenido lugar o las situaciones creadas con anterioridad a la entrada en

vigor de la presente Ley producirán los efectos que les reconocen los capítulos VI. VII y VIII del título IV

del libro I del Código Civil.

Serán computables los periodos de tiempo transcurridos a efectos de demandar la separación o el divorcio

conforme a lo establecido en el mismo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

En tanto no se modifique !a Ley de Enjuiciamiento Civil, se observarán las siguientes normas procesales:

Primera. Los órganos jurisdiccionales españoles serán competentes para conocer de las demandas sobre

separación, divorcio y nulidad del matrimonio en los casos siguientes:

Primera. Cuando ambas cónyuges tengan la nacionalidad española.

Segundo. Cuando sean residentes en España.

Tercero. Cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, cualquiera que sea

la nacionalidad y la residencia del demandado.

Cuarto. Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, sea residente en España.

Segunda. Uno, Corresponderá el conocimiento de Las demandas en solicitud de la eficacia civil de las

resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las

decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado al Juez de Primera Instancia del lugar del

domicilio conyugal, y si los cónyuges residieran en distintos partidos judiciales, al de la misma clase del

último domicilio del matrimonio o del lugar de residencia del otro cónyuge, a elección del demandante.

Dos. Presentada la demanda por cualquiera de las partes, el Juez dará audiencia por el plazo de nueve días

al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y si, no habiéndose formulado oposición, aprecia que la resolución

es auténtica y ajustada al derecho del Estado, acordará por auto la eficacia en el orden civil de la

resolución o decisión eclesiástica, procediendo a su ejecución con arreglo a las disposiciones del Código

Civil sobre las causas de nulidad v disolución.

Tres. Contra el auto que dice el juez no se dará recurso alguno, pero si fuera denegatorio o se hubiera

formulado oposición, quedará a salvo el derecho de las partes y del Fiscal para formular su pretensión en

el procedimiento correspondiente.

Tercera. Será juez competente para conocer de los procesos de nulidad, separación y divorcio el de

primera instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos

judiciales, será Juez competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el

de residencia del demandado.

Los que no tuviesen domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en

el de su última residencia, a elección del demandante.

Son nulos ios acuerdos de las partes que alteren lo dispuesto en esta norma.

Cuarta. Las resoluciones judiciales a que se refieren los artículos setenta y ciento cuatro del Código Civil

se dictarán previos los trámites establecidos en los artículos mil ochocientos ochenta y cuatro, mil

ochocientos ochenta y cinco y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las resoluciones a qué hace referencia el artículo ciento tres del Código Civil se dictarán por los trámites

de los artículos mil ochocientos noventa y seis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta. Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en la disposición adicional sexta, las

de nulidad por las causas comprendidas en los apartados dos y tres del artículo setenta y tres y las que se

formulen al amparo del título IV del libro I del Código Civil y no tengan señalado un procedimiento

especial se sustanciarán por los trámites de los incidentes, con las siguientes modificaciones:

a) No sera necesario intentar previamente la conciliación.

b) Cuando se solicite beneficio de justicia gratuita, por el actor o por el demandado, se sustanciará el

incidente en pieza separada, sin detener ni suspender el curso del pleito principal, cuyas actuaciones se

practicarán.provisionalmente sin exacción de derechos.

c). El plazo para comparecer y contestar a la demanda y proponer, en su caso, la reconvención será de

veinte días.

d) Si se hubiera formulado reconvención, el actor contestará dentro del plazo de diez días.

e) No se admitirá reconvención que no estuviera fundada en alguna de las causas que puedan dar lugar a

la separación, al divorcio o a la nulidad por causa prevista en los apartados dos y tres del artículo setenta y

tres del Código Civil.

f) El período de proposición y práctica de la prueba será de treinta días comunes a las partes.

g) Cuando alguno de los litigantes proponga prueba en los dos últimos días del período, tendrán derecho

las demás partes a proponer, a su vez, prueba sobre los mismos extremos, dentro de los dos días

siguientes a la notificación de la providencia en que aquélla sea admitida. En este caso, la práctica de la

prueba propuesta tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes.

h) No regirán en estos procesos las inhabilitaciones previstas en el artículo mil doscientos cuarenta y siete

del Código Civil.

i) El Juez a quien se le ofrezcan dudas sobre la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas

por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio podrá acordar, para mejor proveer,

cualquier prueba, incluida la testifical.

j) El recurso de casación sólo se admitirá a instancia del Ministerio Fiscal y en interés de la ley.

k) En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en la disposición adicional

sexta, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que en la misma se

establecen.

Sexta. Uno. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o

por uno de ellos con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento establecido en la

presente disposición adicional.

Dos. La petición se formulará por escrito y a la misma deberá acompañarse: certificación de la.

inscripción del matrimonio y, en su caso, del nacimiento de los hijos en el Registro Civil, propuesta de

convenio regulador conforme a lo establecido en el: artículo noventa del Código Civil y el documento o

documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho.

Tres. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior deberán aportarse los siguientes documentos:

Primero. En el supuesto del artículo ochenta y uno, uno. del Código Civil, el acta o inscripción del

matrimonio que acredite que éste se ha celebrado al menos un año antes de la presentación del escrito de

petición deseparación.

Segundo. En él supuesto del artículo ochenta y seis, uno, la resolución estimatoria de la demanda de

separación o testimonio que acredite la interposición de la demanda de separación.

Tercero. En el supuesto del artículo ochenta y seis, dos, la resolución estimataria de la demanda de

separación o testimonio, acreditativo de la interposición de la demanda de separación personal, siempre

que el otro cónyuge se adhiera a la misma.

Cuarto. En el supuesto del artículo ochenta y seis, tres, a) la resolución judicial o cualquier otro

documento que acredite el derecho.

Quinto. En los demás supuestos en que sobreviniere acuerdo en la presentación del escrito de petición de

separación o divorcio, el cónyuge o cónyuges deberán acompañar al citado escrito los documentos que lo

acrediten, asi como el cumplimiento de los demas requisitos que deban concurrir.

Cuando los cónyuges no aportaren los citados documentos, se admitirá cualquier medio de prueba

reconocido en Derecho, que deberá practicarse en el plazo improrrogable de diez días.

Cuatro. En el plazo de tres días a contar desde la presentación de la petición, el Juez requerirá a las partes

para que dentro de igual plazo se ratifiquen por separado en. su petición de separación o divorcio.

Cinco. La admisión o inadmisión a trámite de la solicitud revestirá la forma de auto.

Sólo procederá la inadmisión si no se presentaren los documentos a que se refieren los números dos y tres

de esta diposición, o si los cónyuges no hubiesen ratificado la petición. En el primer caso se concederá un

plazo de diez días para subsanar los defectos y completar, en su caso, el convenio regulador. El auto de

inadmisión, podrá ser recurrido en apelación dentro del plazo de 5 días.

Seis. Si hubiese hijos menores o incapacitados, el Juez dará audiencia por cinco días al Ministerio Fiscal,

sobre los términos del convenio relativo a los hijos, y, en su caso, dará audiencia a los mismos. Emitido

informe por el Ministerio Fiscal o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez, si considerase que el

convenio no ampara suficientemente el interés de los hijos, acordará que las partes, en el plazo

improrrogable de cinco días, le sometan un nuevo texto y propongan los medios de prueba de que

intenten valerse para su aprobación. Practicada la prueba propuesta, el Juez, en plazo no superior al de

diez días, podrá acordar para mejor proveer la práctica de cualquier otra que considere necesaria.

Siete. El juez dictará sentencia en el plazo de cinco días. Si la sentencia declarase la separación o el

divorcio, pero no aprobase en algún punto el convenio regulador a que se refiere el número anterior,

concederá a los cónyuges un plazo de diez dias para proponer nuevo convenio en lo relativo a este punto;

y, presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido, dictará auto dentro del tercer día,

resolviendo lo procedente.

La sentencia y, en su caso, el auto ratificador del convenio podrán ser recurridos en apelación dentro del

plazo de cinco dias.

Ocho. Las ulteriores solicitudes de modificación del convenio o de las medidas judiciales, por variación

en las circunstancias tenidas en consideración, se tramitarán por el mismo procedimiento seguido para su

adopción.

Nueve. En el procedimiento establecido por la presente disposición será preceptiva la intervención de

Abogado y Procurador, pero ambos cónyuges podrán valerse de una sola defensa y representación. Será

de aplicación supletoria el procedimiento establecido para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento

Civil.

Diez. Contra la sentencia podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia

respectiva, en el plazo de cinco días.

Once El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en. todo caso, los cónyuges podrán

solicitar del Juez la aprobación de un nuevo convenio, tramitándose con arreglo a ¡o establecido en los

números anteriores, en el supuesto que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta

con anterioridad.

Doce. En estos pleitos será preceptiva la asistencia de Abogado y Procurador, pero podrán las partes, si

así lo estiman, valerse de una sola asistencia y representación.

Trece. En todo lo no expresamente regulado en esta disposición adicional se aplicarán, en cuanto no se

oponga a ello, las restantes disposiciones adicionales.

Catorce. La Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicará con carácter supletorio en sus artículos setecientos

cuarenta y uno a setecientos sesenta y uno al procedimiento especial regulado en esta disposición

adicional.

Séptima. Las demandas de nulidad por causas distintas de las previstas en la disposición adicional quinta

se sustanciarán por los trámites del juicio declarativo ordinario.

Octava. En todos los procesos a que se refieren las normas anteriores será parte el Ministerio Fiscal,

siempre que alguno de los cónyuges o sus hijos sean menores, incapacitados o ausentes.

Las diligencias, audiencias y demás actuaciones judiciales en los procesos de nulidad, separación o

divorcio no tendrán carácter público.

La tasa judicial correspondiente a las actuaciones a que se refiere esta Ley quedará reducida al cincuenta

por ciento.

Novena. Las sentencias de separación, nulidad y divorcio se comunicarán de oficio a los Registros Civiles

en que consten el matrimonio de los litigantes y los nacimientos de los hijos.

A petición de parte, podrán ser anotadas o inscritas en los Registros de la Propiedad y Mercantil las

demandas y sentencias de separación, nulidad y divorcio.

Décima. Con carácter provisional en tanto se dé una regulación definitiva en la correspondiente

legislación, en materia de pensiones v Seguridad Social, regirán, las siguientes normas.

Primera. A las prestaciones de la. Seguridad Social, sin perjuicio de lo que se establece en materia de

pensiones en esta disposión adicional, tendrán derecho el cónyuge y los descendientes que hubieran sido

beneficiarios por razón de matrimonio o filiación; con independencia de que sobrevenga separación

judicial o divorcio.

Segunda. Quienes no hubieran podido contraer matrimonio, por impedírselo la legislación vigente hasta la

fecha, pero hubieran vivido como tal acaecido el fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la

vigencia de esta Ley, el otro tendrá derecho a los beneficios a que se hace referencia en el apartado

primero de esta disposición y a la pensión correspondiente conforme a lo que se establece en. el apartado

siguiente.

Tercera. El derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o prestaciones por razón de

fallecimiento corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo

vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación

o el divorcio.

Cuarta. Los que se encuentren en situación legal de separación tendrán los mismos derechos pasivos

respecto de sus ascendientes o descendientes que los que les corresponderían detestar disuelto su

matrimonio.

Quinta. Los derechos derivados de los apartados anteriores quedarán sin efecto en cuanto al cónyuge en

los supuestos del articulo ciento uno del Código Civil.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez creados los Juzgados de Familia, asumirán las funciones atribuidas en la presente Ley a los de

Primera Instancia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley setenta y seis/mil novecientos ochenta, de veintiséis de diciembre, por la que se

determina el procedimiento a seguir en fas causas de separación matrimonial.

Por tanto,

Manda a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y Hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a siete de julio de mil novecientos ochenta y uno

JUAN CARLOS R.

El presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO.

 

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