Autor: Gor, Francisco. 
   Devolver al Estado su exclusiva jurisdicción sobre el matrimonio     
 
 El País.    05/12/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

FRANCISCO GOR

Devolver al Estado su exclusiva jurisdicción sobre el matrimonio

La reforma de la institución matrimonial, cuyo debate se inició en la Comisión de Justicia del Congreso

de los Diputados, constituye en el fondo una innovación total respecto del derecho de familia instaurado

por el franquismo y que legalmente ha sido plasmado en el título cuarto del Código Civil. La reforma, de

la que el divorcio sólo es una parte, y seguramente no la más importante, aunque la más llamativa, tiene

por objeto adecuar la institución del matrimonio a los principios constitucionales de libertad y de igualdad

y a la realidad social de la comunidad española, cuya convivencia tiende a basarse, en las postrimerías del

siglo XX, en la tolerancia y en el respeto mutuo de las convicciones ideológicas y religiosas.

En esté objetivo se muestran de acuerdo, a pesar de sus diferencias muy acusadas en puntos concretos del

proyectó de ley, el Gobierno y su grupo parlamentario, los grupos de izquierda y las minorías

nacionalistas. Sólo la derecha, y muy concretamente Coalición Democrática, mantiene una actitud

reticente ante la reforma y pretende mantener, ´con otras fórmulas, la vieja estructura legal de la

institución matrimonial.

De entrada, el gran debate ya se produce en torno a las clases de matrimonio existentes, que el proyecto

de ley del Gobierno y el texto de la ponencia reducen a la civil, es decir, la que tiene existencia bajo las

exclusivas leyes del Estado, aunque admita la forma religiosa de su celebración, mientras que los grupos

de la derecha intentan mantener las dos clases de matrimonio: el canónigo y el civil, establecidas en el

actual Código Civil.En su artículo 42, propio más bien de un Estado teocrático y medieval, el actual

Código Civil no sólo reconoce dos clases de matrimonio: el canónico y el civil, sino que da preeminencia

al primero y reduce el segundo a una posición secundaria y marginada. Así, obliga a contraer matrimonio

canónico «cuando uno, al menos, de los contrayentes profese la religión católica», y autoriza el

matrimonio civil «cuando se pruebe que ninguno de los contrayentes profesa la religión católica».

Evidentemente, una formulación así choca de frente con los principios ¡y derechos reconocidos a los

españoles en la Constitución y con la forma de vivir de una gran parte de la sociedad española actual.

El nuevo texto que propone la reforma atribuye al Estado el papel que le es propio, y que nunca debió

abandonar, en el ámbito del derecho matrimonial, .estableciendo su única y exclusiva jurisdicción, y

reduce la forma religiosa del matrimonio a la esfera de las conciencias y de los grupos religiosos, si bien

reconoce sus efectos civiles mediante la correspondiente inscripción en el registro.

Esta posición, en la que coinciden UCD, socialistas y comunistas y las minorías nacionalistas, es

combatida por la derecha, y muy principalmente por el grupo de Coalición Democrática, que ha

defendido sin éxito el establecimiento de un sistema matrimonial doble, de carácter facultativo: el civil y

el religioso, el primero con posibilidad de disolución y el segundo de carácter indisoluble. La postura de

CD,apenas diferenciada de la desfasada formulación del actual Código Civil, pretende dar al matrimonio

religioso una formulación jurídica propia y atribuirle rango institucional, más allá de la propia conciencia

individual y de la esfera particular de los grupos religiosos. Al mismo tiempo, busca que los españoles

que elijan, por unos u otros motivos, la vía del matrimonio religioso puedan hacer uso de la posibilidad

legal de su disolución. Lo mismo que la desfasada formulación del actual Código Civil, este sistema

dualista de matrimonio, uno disoluble y otro indisoluble, choca con la Constitución, que reconoce un solo

matrimonio y establece que una ley, precisamente la que comenzó ayer a debatirse en la Comisión de

Justicia, regulará sus formas, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges,

las causas de separación y disolución y sus efectos.

 

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