Autor: Morán López, Fernando. 
   Las elecciones municipales y la democracia     
 
 El País.    22/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

POLÍTICA

El PAIS, jueves 22 de septiembre de 1977

TRIBUNA LIBRE

Las elecciones municipales y la democracia.

FERNANDO MORAN Miembro del comité ejecutivo del PSP

La democracia es una forma de organización política cuya instauración y mantenimiento exigen un

cuidado, un cultivo, preciso y entusiasta. Como apuntaba certeramente el profesor Aranguren en una

ocasión en que predominaban consideraciones técnicas (en el coloquio convocado por CITEP para

estudiar las técnicas y sistemas electorales y sus efectos políticos, noviembre de 1976), la democracia,

aparte de método para formar la voluntad general y organizar el poder, es, fundamentalmente, una forma

de vida e, incluso!, una forma utópica de vida, tomando el término utópico en su sentido de estructura

fundada en la esperanza la perfectibilidad de la sociedad y de la vida política. La condición para que la

democracia conserve su excelencia, su indiscutible superioridad ética, reside en que no se convierta en

una mera técnica política (modo de obtención de la voluntad popular y de organización del Estado), sino

en que no pierda su co´ntenido como modelo cultural y moral. En el plano concreto, la superioridad de la

democracia se basa en la. disminución de la distancia que separa a gobernantes y gobernados, al

designarse lo más directamente posible los primeros por los segundos y al ejercer sobre éstos el control

más estrecho y constante que quepa. La democracia pierde su carga ética y, por consiguiente, parte dé su

eficacia como sistema organizativo, si no son combatidas la distancia y las situaciones oligárquicas de los

representantes. La imposibilidad práctica de la democracia directa en los grandes Estados hace inevitable

la repre-sentación.y la existencia y desarrollo de esos mediadores entre los individuos y el Estado: los

partidos políticos. Desempeñan éstos funciones inexcusables que no es preciso enumerar aquí. Su

existencia, reconocimiento, vigor y pluralidad son esenciales al sistema e irrenunciables para el

mantenimiento y progreso ascendente de la cota democrática alcanzada en España. Los representantes y

las instituciones en que se encuadran —los partidos— viven una tensión entre su vocación y función de

representar lo más directamente posible a los electores y a la colectividad, y la tendencia de cualquier

grupo a constituirse en oligarquía. Se trata, en este caso, de la tendencia oligárquica de los partidos ya

señalada por los primeros tratadistas de dichas formaciones, Ostrogorski (1903), Michels (1911) y

confirmada por los autores contemporáneos, Duverger, Rae, etcétera. La tendencia al distancia-miento y

los reflejos endogámicos son denunciados como peligros a evitar por quienes desean fervientemente la

pureza y vigor de la vida democrática y proclamados como desviación inevitable por los enemigos de lo

que denominan parti-tocracia. En España, no se olvide, hemos estado sometidos durante unos cuarenta

años a la denuncia del sistema de partidos. Es lógico, pues, presumir que la crítica haya calado hondo en

un número importante de personas, incluidas bastantes de buena fe. De ahí la necesidad en que estamos

de cuidar exquisitamente»nuestro sistema representativo y de mantener muy viva una constante comente

de control por el elector sobre sus representantes. Necesario, también, evitar —no solamente mediante

normas, sino también en prácticas y usos— toda tendencia hacia la partitocracia. Como decía Aranguren

en la ocasión citada, desde su libertad de intelectual crítico sin adscripción partidista, no es admisible salir

de una dictadura personalizada para caer en manos de una oligarquía dictatorial píuripersonal. La

democracia es una forma de vida que tenemos que asumir plenamente, y esta asunción no se limita a actos

periódicos de depositar una papeleta escrita en una urna. La solución a la que apuntaba Aranguren no era

formal, sino que convocaba a un esfuerzo de todos; mantener una relación estrecha y constante entre

representantes y representados. Nuestro sistema político se está configurando ahora; Comenzó con el pie

forzado de la ley de Reforma que esquivó por la borda la ruptura. El Gobierno impuso un sistema

electoral (el proporcional, con la regla de D´Hondt) que penalizaba a los partidos menores e incluso a las

opciones ideológicas muy definidas; efecto al que se acumulaba la bonificación a las zonas rurales,

supuestamente más conservadoras y menos ilustradas políticamente. En todo caso y, pese a estos

condicionamientos, gran parte 4el electorado votó a tendencias que, consideraba, correspondían a su

voluntad,: sea de cambio o ruptura, sea de reforma,de lo existente conservando lo esencial de su con-

tenido. Pero es de suponer que el elector no tenía la voluntad de conceder un cheque en blanco para que

los estados mayores de los partidos alterasen, mediante negociaciones y pactos, substancialmente el

resultado de su opción. Ahora bien, ciertas tendencias desarrolladas en las Cortes (regia del secreto en la

ponencia constitucional, acuerdos para la formación de las comisiones, reglas sobre los debates, etcétera)

permiten pensar que existe el riesgo de creciente separación entre la voluntad del electorado y la

actuación de los partidos. Distancia que, de no ser atajada, favorecería la crítica de quienes son contrarios

al sistema de partidos, de los enemigos de la democracia. Si la democracia directa aparece como un

imposible, si, a pesar de ello, crece en nuestra época la corriente a favor de la participación lo más directa

posible (movimiento estudiantil, cogestión y autogestión en la empresa, movimiento ciudadano y de

barrios, colectivos familiares, etcétera), en un ámbito concreto es imperativo disminuir al máximo la

distancia de la representación: en el municipal. En efecto, la despersonalización de la vida municipal, la

delegación excesiva en la gestión, la dificultad de imputar responsabilidades, favorecen efdescontrol y la

irresponsabilidad de los gestores, y, a la postre, la indiferencia del ciudadano, que comprende que su voto

no sirve para designar a quien administra en su. nombre, sino que es un mero-dato para fundamentar

acuerdos entre los estados mayores de los partidos. Termina por concluir que las elecciones son una

ficción jurídica. Crece en él el desinterés, la indiferencia, el cinismo, la abstención. En definitiva, se

deteriora la credibilidad de la democracia. Estos peligros exigen que prestemos una atención preferente al

sistema electoral que se haya de emplear en las próximas elecciones municipales. Si deseamos que la vida

política sea genuina, si nos proponemos como objetivo convertir en ciudadanos a quienes han sido hasta

ahora subditos y meros contribuyentes, habremos de escoger un sistema en el que el electorado pueda

decidir quiénes han de ocupar los puestos de responsabilidad y de mando en la gestión municipal. El

alcalde debe ser elegido por e! pueblo y no deber su cargo al acuerdo entre los partidos que hayan

obtenido concejalías. Esto último ocurriría, por ejemplo, íuando´ei elector votase una lista, no cerrada, ni

bloqueada, de concejales y el alcalde fuese cooptado entre los/elegidos, dé acuerdo con la estrategia y

tácticas de los partidos, que introducirían en la operación razones globales ajenas a la vida municipal.

En lo que se refiere a las grandes ciudades, los poderes y competencias del alcalde-presidente son tan

amplios y de tanta repercusión económica y social,-que la responsabilidad debe ser directa. El éxito o

fracaso en la gestión´del titular deben ser valorados en una próxima elección. El miedo a no ser reelegido

por los ciudadanos, de fracasar o prevaricar, no debe quedar amortiguado por el conocimiento de que su

partido, en alianza con otros, podrá manipular de nuevo la cooptación. La confianza y aprecio de los

ciudadanos encontrarán en la elección de los cargos una forma institucionalizada de expresión, a la vez

que la primera forma de control. Una elección que eludiese o distanciase esta relación entre-elegido y

electores convertiría en arbitro de la vida municipal no ya a los partidos, sino precisamente a los

miembros de las burocracias de los partidos. Caeríamos en el reino de los hombres sin rostro, cuya pro-

liferación anuncia siempre la crisis, o, al menos, el declinar de la democracia, la pérdida de su

superioridad ética.

 

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