Autor: Peiró, Luis. 
 En determinados casos. 
 Se mantienen las facultades del juez para denegar el divorcio     
 
 ABC.    18/12/1980.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

En determinados casos

Se mantienen las facultades del juez para denegar el divorcio

MADRID (Luis Peiro). La discusión acerca de las atribuciones que se deben conceder al juez

para denegar un divorcio centró ayer los debates de la Comisión de Justicia, en una sesión

que, por lo demás, resultó sumamente fructífera en lo que supone avance sobre el articulado,

ya que quedaron aprobados la mayor parte de los preceptos que establecen los efectos de la

nulidad separación y divorcio.

El tema del juez era uno de los últimos escollos del proyecto del ley a debate, puesto que ya no

habrá discrepancias de fondo hasta que entremos en las disposiciones adicionales, que

marcan los procedimientos para el divorcio.

Darle más o menos atribuciones al juez supone enfrentar más o menos al grupo centrista con

los partidos de la izquierda o de la derecha. Pero también consigo mismo, pues es conocida la

aspiración de los democristianos por subrayar la relevancia del juez sobre las disposiciones

legales sobre el divorcio, de tal forma que no se convierta en un mero certificador de que se

cumplan o no los requisitos que marca el proyecto para resolver sobre una demanda de

divorcio. Pero este debate, que tiene aún que, realizarse en UCD, no se traslució en la

Comisión. Ayer, UCD volvió a ser un solo hombre con su portavoz —o mejor a la inversa—,

tras los incidentes de la reunión anterior.

El proyecto de ley original, elaborado por el democristiano Cavero, otorgaba al juez una

facultad excepcional para denegar un divorcio —aumentando el plazo hasta siete años—

Cuando se probase que ocasionaba a los hijos o al otro cónyuge perjuicios de excepcional

gravedad. Esto, que se vino a llamar «cláusula de dureza», fue modificado por la Ponencia en

su informe al aceptar en parte el espíritu de numerosas enmiendas al artículo 87, que lo

contenía.

La «cláusula de dureza» pasó a ser «cláusula de salvaguardia, y las potestades judiciales

reducidas solamente a los casos en que el divorcio se funde en el cese efectivo de la

convivencia —con lo que se exige un plazo para solicitarlo de entre tres y cinco años— y

siempre a petición de la parte que se considere perjudicada. Con e!lo se excluyen otros -

supuestos de divorcio, como ios que están fundados en separación de mutuo acuerdo o

libremente consentida. A todos los grupos les pareció bien la modificación, que es la que

contiene el texto finalmente aprobado por la Comisión, aunque insuficiente.

MAS PARA EL JUEZ Insuficiente por defecto le pareció a Coalición Democrática, cuyo

representante, Juan Luis de la Vallina, pidió la vuelta al texto original del Gobierno, aunque con

un matiz, que !a denegación no quedara como una facultad excepcional, sino ordinaria. Lo

mismo que al señor Díaz Pinés, quien además solicitó la figura de un defensor de la familia en

todos los casos de divorcio. No hubo ni siquiera debate, por ser contrarios a los postulados de

las enmiendas al resto de los grupos de la Cámara. Por tanto, fueron rechazadas unáni-

memente por las minorías, la izquierda y el centro.

Pero a todos ellos, salvo al centro, el artículo le parece insuficiente por exceso. Por lo que

pidieron simplemente su supresión y, por lo tanto, la de las facultades denegatorias del juez en

los supuestos señalados.

MENOS PARA EL JUEZ

El comunista Solé Barbera cree que el articulo concede facultades al juez para poner

cortapisas a un derecho subjetivo y se preguntó con qué criterios iba a actuar. Trías de Bes, de

Minoría Catalana, opinó que para solucionar los problemas que contempla el proyecto ya es

suficiente el tiempo de tres a cinco años que los cónyuges tienen que esperar para el divorcio.

Carlos Aguilar, del Grupo Andalucista, reconoció que el artículo ha mejorado sobre su primitiva

redacción, pero fue sumamente concluyente: «Con azúcar está peor.»

Virgilio Zapatero, por los socialistas, aludió también a las razones de tiempo ya señaladas para

oponerse. Pero entró en mayores profundidades. ¿En beneficio de quién esta medida?, se

preguntó. No de un matrimonio, explicó, que tras todo ese tiempo no es más que un mero

formalismo. No de los hijos, a quienes, en su opinión, poco puede beneficiar mantener

artificiosamente esa unión. No de la estabilidad económica del más afectado, añadió, porque

eso se resuelve con los artículos de la ley que contienen la pensión de divorcio. No de las

personas, porque ésta no es !a mejor forma de hacerlo. En su diagnosis lo único que se hace

es perjudicar a un nuevo matrimonio que uno de los dos cónyuges puede estar a punto de

contraer.

A todos respondió José Antonio Escartín, por UCD, oponiéndose a los razonamientos

anteriores y explicando que mucho se había avanzado sobre el proyecto original, y que

estábamos ante una actuación ante instancia de parte, para unos casos muy concretos, por lo

que no se podía decir que se dieran al juez facultades inquisitoriales o dejar el problema a su

arbitrio. La base de su argumentación es que aquí estamos ante problemas humanos

sumamente delicados.

¿QUIEN TIENE LA LLAVE?

Aún hubo una réplica de Zapatero, que le dijo que con esto se conseguía que el cónyuge que

tiene la llave para lograr el divorcio no la suelte. Le replicó Escartín que la llave la puede tener

una anciana de setenta y ocho años y cuarenta de matrimonio, que tendría que irse al asilo

para poder subsistir.

Por supuesto, todo el debate estuvo sazonado de numerosas invocaciones al Derecho

comparado, más cercano a las posiciones qué se defienden. La Comisión escuchó

pacientemente varias sentencias en uno y otro sentido. La primera de las enmiendas que se

votó, la del PCE, dio lugar a un empate. Las demás se agruparon en la votación y fueron

derrotadas por dos votos de diferencia.

 

< Volver