Autor: R. V.. 
 Comisión de Justicia. 
 El cese de la convivencia     
 
 ABC.    18/12/1980.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Comisión de Justicia

El cese de la convivencia

Las causas de divorcio aprobadas ayer, salvo la de condena en sentencia firme por atentar

contra la vida del otro cónyuge, sus ascendientes o descendientes, se refieren al cese efectivo

de la convivencia durante dos o cinco años —las anteriores se referían a plazos de un año—. A

los dos años de separación efectiva puede accederse al divorcio en dos supuestos diferentes.

En uno de ellos se requiere la existencia de acuerdo y un convenio regulador; en el otro,

acreditar que el otro cónyuge se halla incurso en una de las causas de separación.

La Comisión mantuvo también la causa cuarta, que prevé el divorcio a tos cinco años de

interrumpida la convivencia a petición de cualquiera de los cónyuges.

Como, se verá, el divorcio aparece casi constantemente referido al cese efectivo de la

convivencia. Pero, ¿cuándo ésta se ha interrumpido efectivamente? La respuesta no es nada

fácil, ya que, en virtud del artículo 86 bis, es posible el cese efectivo de la convivencia, aunque

tos esposos mantengan o reanuden la vida en el mismo domicilio. Eso sí, el mantenimiento

debe obedecer a razones de necesidad de uno de los cónyuges, al intento de reconciliación o

al interés de los hijos.

Pero, si hablamos de quiebras matrimoniales con cese efectivo de convivencia, tampoco

parece muy razonable que hasta siete años después el juez puede denegar el divorcio si se

acredita que causa perjuicios de extraordinaria gravedad a los hijos menores o incapacitados o

al cónyuge. Se abre, en suma, la posibilidad "de mantener el vínculo de un matrimonio que

hace años que ha dejado de existir en la práctica, con todas sus consecuencias.

El proyecto señala también que la disolución del matrimonio por divorcio sólo se producirá por

sentencia y sólo perjudicará a terceros a partir de su inscripción en el Registro Civil. Y si, una

vez firme la sentencia, se produce, la reconciliación de los cónyuges, éstos deberán contraer

nuevo matrimonio.

Y una vez que quedan regulados nulidad, separación y divorcio, el proyecto entra en la

consideración de sus efectos comunes. En primer lugar el convenio regulador a que se refiere

en varios lugares de su articulado deberá determinar a quién corresponde la custodia de los

hijos, quién seguirá usando la vivienda familiar: la contribución a las cargas del matrimonio, la

liquidación, cuando proceda del régimen económico del matrimonio y la pensión que

corresponda satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

Estos acuerdos serán ratificados por el juez, salvo que sean dañosos para los hijos o

gravemente perjudiciales para el otro cónyuge. Y desde su. aprobación judicial podrán hacerse

efectivos por vía de apremio.

Pero, en cualquier caso, la sentencia no exime a los padres de sus obligaciones para tos hijos y

sólo podrá privarles de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.

Se establece igualmente la obligación de los padres de satisfacer alimentos a los hijos y el

derecho a visitarlos.

El proyecto contempla también la posibilidad de que la separación o divorcio suponga un

empeoramiento de la posición económica de uno de los cónyuges y se concede al juez la

asignación de una pensión en atención a sus circunstancias personales e incluso profesionales

y necesidades. Uno de los elementos a tomar en consideración es la participación de cada uno

en los hechos que hubieran determinado la separación o divorcio, lo que en cierta forma

equivale a penalizar su culpabilidad.—R. V.

 

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