Autor: Espinosa, María. 
   La despenalización del adulterio     
 
 Informaciones.    26/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

LA DESPENALIZACIÓN DEL ADULTERIO

Por María ESPINOSA

LAS lluevas reformas legales, contempladas, en el pacto de la Moncloa, y que pronto serán discutidas en

las dos Cámaras, incluyen, como todo el mundo sabe ya, la despenalización del adulterio y el

amancebamiento. En su día recibimos el proyecto con ganas y pensamos que con él se eliminaría una

discriminación totalmente vejatoria para la mujer —por el trato diferente que le da la ley en función de su

sexo—, y se otorgarían a las instituciones Jurídicas los deberes que las corresponden y que no pueden ser

en ningún caso el penetrar en la intimidad de las personas.

Sin embargo, tras la lectura del nuevo texto, nos hemos «desinflados: el principio de la reforma no se basa

en algo tan sano como la igualdad y la libertad del ciudadana, sino en el principio de subsidiariedad, esto

es, «la Ley Penal no debe intervenir con sus drásticas sanciones nada más que cuando no existan otros

remedios jurídicos adecuados para prevenir o sancionar el hecho de que se trate».

El farragoso texto jurídico excluye en sus planteamientos lo que debería haber sido su móvil fundamental:

eliminar discriminaciones por un lado, y el no juzgar conductas que pertenecen a la vida y a la conciencia

de cada uno: Por otro lado, el adulterio se despenaliza «per se», pero el adúltero no dejara de ser culpable

ante la ley. En los casos de separación, el adulterio será una causa de gran trascendencia, tanto en el

régimen personal —patria potestad—, como en el régimen patrimonial —sucesiones y herencias.

Y ay! de quien piense que no existirán, denuncias por infidelidad matrimonial. El proyecto deja una

puerta abierta para que no sólo el «otro», sino también terceras personas puedan denunciar al cónyuge

«libertino» por escándalo público. ¿Con qué baremo sutil se medirá la seriedad de cada denuncia? ¿A qué

concepto de la moralidad, se va a atener el denunciante-tercera persona? Y algo más grave, ¿con qué fines

reales se denunciará a los dos amancebados? ¿Con el de proteger la moralidad pública o con otros, bien

distintos, ya sean económicos, de venganzas personales, de puritanismos trasnochados?

Por todo esto, que no es poco, esperamos que en el debate de ambas Cámaras se clarifiquen posturas y se

mejore la exposición de motivos. Ya es hora de que se enfrenten nuestros juristas con un tema alegando,

sin timorateces, que se afronta para evitar la discriminación, bandera lo suficientemente bella como para

airearla sin vergüenza.

 

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