Autor: J. I.. 
   Obispos y diputados ante el divorcio     
 
 Ya.    23/12/1977.  Página: 38. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

OBISPOS Y DIPUTADOS ANTE EL DIVORCIO

DIJIMOS en el articulo "¿Registro sólo civil del matrimonio?YA, 20-XII), que votaba el divorcio quien

votaba a los que votarían el divorcio, como votaba el aborto o la nacionalización de los ferrocarriles

quien votaba a quienes sin duda los votarían: la responsabilidad de las leyes no termina en los diputados,

sino en los votantes, si la democracia significa algo.

Pensemos ahora en una hipotética ley del divorcio.

ESTADO ANTE CIUDADANOS

LA Iglesia ni cede ni va a ceder en materia de indisolubilidad (volvemos a dar un amplio margen a las

cañas, justas y torneos de los matrimonialistas), porque no puede malvender el Evangelio en el Rastro:

los católicos se casan para siempre, porque así, lo dispuso Cristo.

El Estado legisla para ciudadanos, y éstos pueden ser católicos, judíos, musulmanes, protestantes de

diversas denominaciones, agnósticos de mil colores. Ellos—los suponemos, siempre sinceros—son, en la

proporción de su sinceridad, moralmente libres para proceder según su fe y, aun suponiéndolos

insinceros, libres para no ser constreñidos a observar los preceptos que obligan a los católicos desde su

Iglesia. Añadamos todavía a los católicos que, sin romper con su fe, rompen por ignorancia o por pasión

con su disciplina: la Iglesia no utilizará al Estado como "brazo secular" para traerlos a mandamiento.

Tenemos, pues, un grupo importante de ciudadanos—¿millones?—que querrían una ley que autorizara el

divorcio. (No queremos equívocos: lo que quieren no es una ley que regule la "separación" conyugal, sino

el registro civil de una "nueva unión" conyugal).

EL VOTO DE LOS DIPUTADOS

SI lo que esos ciudadanos quisieran fuera la legalización del aborto—inmoralidad criminal sin

atenuantes—o el registro de uniones homosexuales —columpio entre la psiquiatría y la basura—, los

diputados con sentido moral no podrían votar sino negativamente.

Pero aludimos ya a períodos históricos ya situaciones legales religiosas actuales en que la poligamia y el

repudio son admitidos; del mismo modo que no podemos ocultar la postura de confesiones religiosas pro-

testantes que autorizan con diversos criterios el divorcio, (Permítasenos no mostrar la misma actitud

respetuosa frente a los "divorcistas" católicos).

Ello llevó a nuestros jusnaturalistas a la sutil distinción entre derecho natural primarjo y secundario y, en

definitiva, a la atenuación de su firmeza ética contra el divorcio.

Ai diputado católico no se le plantearía el problema moral de votar una inmoralidad sin atenuantes, ni se

le pediría que obligue a los ciudadanos a obrar contra conciencia. Aun suponiendo que el diputado

católico no quiere el divorcio por-que es consecuente con su fe, no se ,le pregunta si vota una ley que

autoriza el divorcio a quienes creen poder acogerse a él.

No le vamos a dar nosotros la respuesta; porque aunque parece quedar libre su decisión desde el estricto

ángulo religioso, quedan a su cargo graves consideraciones políticas y humanas.

Guando se habla de divorcio se habla demasiado de los derechos de la conciencia: se habla menos de la

falta de con-ciencia y de la "inconsciencia´´, en la suerte del cónyuge abandonado, de los hijos, de las

tragedias psicológicas y del vendaval de odios desencadenados por el último "amor". Votar por la ley del

divorcio es introducir a un país en una curva exponencial de dolores ocultos: problema de prudencia

política, que no tratará de resolver un cura.

LEY CAUTELOSA, NO IRREFLEXIVA

SUPONGAMOS aprobada en principio una ley de divorcio. Tanta importancia como el principio la

tendrían las condiciones legales.

Incluso aprobando el divorcio seguirían punzantes las recientes exhortaciones episcopales a la protección

de la "estabilidad de la familia". La ley de divorcio puede ser una puerta y puede ser una muralla derruida.

¡Ay de los diputados que en materia tan fundamental para la sociedad como la familia, derruyan las

murallas!

No se diga que, tratándose de un contrato, el matrimonio es revocable por la simple exigencia de uno o el

consentimiento de los dos cónyuges: cualquier notario volcaría cestos de leyes que protegen la firmeza de

contratos sobre bienes materiales, cuando la revocación suponga la violación de cualquiera de una infinita

lista de derechos de tercero que el Estado se proponga proteger".

Pues el Estado está más obligado a proteger valores sociales que valores privados; y además, en el

divorcio hay siempre uno "más débil" que necesita protección.

PREVISIBLE REACCIÓN DE LA IGLESIA

SON recientes las posturas del episcopado ´italiano y del episcopado portugués ante las respectivas leyes

que autorizaban el divorcio. Es tradicional la coexistencia de los obispos norteamericanos, alemanes,

ingleses o austríacos con situaciones legales divorcistas: no hay, pues mucha necesidad de imaginación.

Por una ley de divorcio dada para todos los ciudadanos, se escurrirán "hacia la felicidad" muchos

casados católicos. Incluso si su matrimonio canónico fue reconocido civilmente como válido, el Estado

no tendrá muchos escrúpulos en pasar conforme a la ley del reconocimiento "civil" del primer matrimonio

al reconocimiento "civil" del sucesivo: los escrúpulos corresponden a los conyuges. La Iglesia carece de

poder coactivo.

A quienes tengan razones para plantearse una causa de nulidad les están abiertos dos caminos: uno, el

brutal de echarse el alma a la espalda y pedir el divorcio al Estado: lo más inmoral y lo más fácil.

El segundo camino es el de pedir a la Iglesia que comprueba que no están casados. Para este supuesto, la

ley estatal debería prever la validez civil de la sentencia eclesiástica de nulidad; porque si el contrato que

pasó a constar en el registro civil fue nulo antes de la constancia, toca decirlo a quien entonces intervino,

y no al juez que dio por válido lo que presumió ser válido por simple comunicación. Acudir a una

anulación de conciencia, y no sólo legal, es un derecho anejo al da libertad religiosa:, si la sentencia

eclesiástica de nulidad quiere contabilizarla el Estado laico como un divorcio, cosa suya es.

A partir de una ley al alcance de todos, a la Iglesia no le queda más que una tarea: aclamar que para la

conciencia de los católicos nada ha cambiado, que la distancia al juez civil es más corta que la distancia a

Brooklyn; peso que ambas oficinas distan infinitamente del Evangelio: "lo que Dios ha unido, no lo

separe el hombre".

J. I-

 

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