Autor: Medina Cruz, Ismael. 
   ¿Sólo torpeza em el Ministerio de Defensa?     
 
 El Alcázar.    22/06/1982.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

¿Sólo torpeza en el Ministerio de Defensa?

Las declaraciones a El País de los tenientes generales Alvarez Rodríguez y Gómez de Salazar

ponen seriamente en entredicho los argumentos exhibidos por los servicios de Oliart para

justificar una actuación extraordinariamente confusa Seamos serios. Lo sucedido días atrás en

el seno del Consejo Supremo de Justicia Militar no fue un incidente, según aduce la

propaganda oficial. Se trató de una nueva manifestación, esta1 vez gravísima, del conflicto

abierto por el poder político frente alas Fuerzas Armadas. Si verdaderamente alguien desea

poner remedio al caos en que está sumida España, es necesario un diagnóstico apurado, sin

que se oculten ninguno de los síntomas de la enfermedad.

Una nota que no desmiente nada sustancial

UN médico que no fuera un ignorante jamas aplicaría un tratamiento sin un previo estudio del

paciente y una diagnosis legitimada por el conocimiento. Lo contrario sería inmoral y peligroso,

además de una barbaridad. Esto último es lo que ha hecho el Ministerio de Defensa, en

relación con lo acontecido el´ pasado jueves en el Consejo Supremo de Justicia Militar. Corona

así una actitud beligerante mantenida durante todo el´ proceso por los acontecimientos del 23

de´ febrero. ¿Sólo en este caso? En realidad´ estamos ante una constante de comporta* miento

del régimen partitocrático en sus relaciones con la institución militar, marcada por el recelo,

cuando no por el revanchismo. La nota oficial del Ministerio de Defensa en relación con lo

sucedido el jueves en el Consejo Supremo de Justicia Militar, ratifica la torpeza justificativa de

que dicho departamento hace gala desde que fue creado bajo la titularidad de Gutiérrez

Mellado. En vez de la corrección informativa se practica la técnica de la ocultación, de la

cucamona y de las evasivas. La nota no desmentía ninguno de los hechos objetivos, sino

eventuales incorrecciones en su interpretación. Resulta, sin embargo, que las

ontrainterpretaciones del Ministerio de Defensa han quedado muy pronto en entredicho. Las

deja en precario la, lectura de los artículos 120 y 121 del «texto refundido del reglamento

orgánico y de régimen interior del Consejo Supremo de Justicia Militar». Y con mayor estrépito

aún las declaraciones hechas a El País por los tenientes genera/es Alvarez Rodríguez y

Gómez de Salazar, en relación con e/ regreso del primero a la presidencia del más alto

organismo de la Justicia. Militar. Conviene empezar por éstas.

La extraña pasividad de un presidente

REPRODUZCO: «El teniente general Alvarez Rodríguez manifestó a El País que desde hace

ya algunos días acude diariamente a su despacho para resolver asuntos pendientes, pero que.

hasta ayer por la mañana (viernes) no ha reasumido con plenitud sus funciones.» Conviene

subrayar, aunque parezca obvio, tres hechos: desde varios días antes, el presidente titular del

Consejo Supremo de Justicia Militar, una vez superada la enfermedad, estaba en condiciones

físicas de reincorporación; el teniente general Alvarez Rodríguez trabajaba normalmente en su

despacho desde entonces, si bien, por las razones que fueran, reducía su actividad a ´os

asuntos pendientes; reasumió, sin embargo, supuesto, sólo después que terminara la reunión

de la Sala de Justicia, en yuyo orden del día figuraban los asuntos oendientes de los recursos

derivados de la causa 2/81. Quiere decirse, en definitiva, que el teniente general Alvarez

Rodríguez judo muy bien reasumir la presidencia varios días antes, la jornada anterior e incluso

con antelación de cuatro o cinco horas. Se ha desmentido reiteradamente —también lo han

hecho los interesados— que hubiera enfrenamiento entre los tenientes generales Alvarez

Rodríguez y Gómez de Salazar por disparidad de criterios respecto al momento de la

reincorporación de aquél a fe presidencia. Pero ñola comunicación "a los consejeros de que la

retomaba, al parecer realizada a las 10,45 horas del jueves. De ser así, a partir de ese instante

era de nuevo presidente, a todos los efectos, el teniente general Alvarez Rodríguez. De otra

parte, según dice El País que le ha declarado el interesado, «el jueves se encontraba en la

sede del Consejo», si bien «en ningún momento tomó posición ni intentó asumir la

presidencia». Es evidente, sin embargo, que pudo hacerlo. Y que incluso su presencia en el

Consejo debía tenerse como indicación de que iba a presidir, más aún si, como parece, se

había producido la aludida comunicación a cada uno de los consejeros a las 10,45 horas. ¿Por

qué no lo hizo? Según se excusa el teniente general Gómez de Salazar ante El País,porque

«aguardaba a que se liquidaran los aspectos que le competían al Consejo sobre la causa del

23-F». Y tanto es así, que el presidente accidental declara: «Cuando terminó la reunión le fui a

dar la novedad y a continuación reasumió sus funciones.» En la Milicia sólo se da la novedad,

que yo recuerde, al superior, y el teniente general Alvarez Rodríguez sólo lo sería en este caso

una vez reincorporado formalmente a su puesto. Lo correcto habría sido que el teniente general

Alvarez Rodríguez recuperase el mando y que el teniente general Gómez de Salazar le

informara. Es evidente que en el ánimo del presidente accidental estaba la convicción de que

ya no lo era. ¿Desde cuándo? Lógicamente desde el momento en que el titular se había

reincorporado a su despacho para resolver los asuntos pendientes, entre los cuales se

encontraban los flecos últimos de la causa 2/81. Queda en pie una duda sistemática: ¿Por qué

había tanto interés en que el teniente general Alvarez Rodríguez no presidiera aquella reunión

de Consejo, constituido en Sala de Justicia, cuando estaba en perfectas condiciones físicas y

reglamentarias para hacerlo?

El baile dé las suplencias

ACEPTEMOS la coartada de que prefirio aguardar a que concluyeran «todos los aspectos

lega/es que le competen a este organismo (el Consejo) en la citada causa» y que

«precisamente, la última materia a trataren este asunto fue la decisión de conceder o no ¡a

prisión atenuada a tres capitanes condenados». Dejo a un lado la posibilidad de que el teniente

general Alvarez Rodríguez no quisiera mojarse en tan enojoso asunto ni desequilibrar la

paridad de votos establecida corrió consecuencia del cese de dos consejeros suplentes, por

decisión fulminante del ministro de Defensa. Ambos, según ¡aprensa mercenaria, eran

partidarios de lo que el despotismo parlamentario se empecina en denominar la línea blanda

respecto a las sentencias. Aduce el Ministerio de Defensa que «finalizada la causa y dictada

sentencia, una vez desaparecidos los motivos que determinaron los nombramientos de los

consejeros militares suplentes, cuya presencia ya no era preceptiva de conformidad con lo

prevenido en los artículos 112, en relación con el artículo 767 del Código de Justicia Militar,

cesaron en esta condición los generales Barrio Balan y González Fuster». Resulta, sin

embargo, que el teniente general Alvarez Rodríguez retrasó su reincorporación varios días, e

incluso cuatro horas, precisamente porque quedaban por resolver los últimos aspectos legales

de la causa. Es el propio presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar el que pone

gravemente en entredicho la decisión política del ministro de Defensa, merced a la cual fueron

eliminados teóricamente dos votos que, ala vista de los resultados de la sesión, hubieran

inclinado la balanza en favor de la concesión de la prisión atenuada, ostensiblemente

repudiada por la clase política. Supongamos que el ministro de Defensa se movió estimulado

por una interpretación favorable o apresurada de Ios artículos 112 y 767 del Código de Justicia

Militar, cosa difícil de entender en un abogado del Estado, al que rodea una numerosa asesoría

jurídica. ¿Por qué, entonces, no fueron citados para asistir a la reunión los consejeros titulares,

generales Vigón Sánchez y Mejías, según parecía obligado, según se desprende de la lectura

de los artículos 120 y )21 del mismo Código? ¿Acaso por la misma razón que puede

sospecharse como motivo principal del cese fulgurante de los dos consejeros suplentes, los

cuales, de acuerdo con lo declarado por el presidente del Consejo, debían participar en el

debate de los últimos aspectos legales de la causa? Es presumible, en fin, que el cese de los

consejeros suplentes llevaba aparejada la reincorporación automática de aquéllos a quienes

suplían. ¿Por qué no les convocó entonces el presidente accidental? ¿Por falta dé tiempo, al

haberse introducido en el BOE los decretos de cese tan a última hora que ya estaba tirado el

Boletín Oficial de la Defensa? Sería inquietante la suspicacia pública, ya en circulación en

algunos ambientes judiciales y militares, de qué no se hizo en razón del interés político del

Ministerio de Defensa por asegurarse la negativa a la concesión de las prisiones atenuadas.

Una perniciosa falta de cautela

LOS artículos 120 y 121 hacen pensar que el presidente accidental del Consejo debió someter

«el asunto a nueva votación en la sesión inmediata con la asistencia de todos los residentes en

Madrid que no tengan impedimento legítimo que les exima de asistir». Muchas razones

avalaban la conveniencia de cumplir este requisito, habida cuenta, además, del confuso cese

de los suplentes y de la presencia en la sede del consejo del presidente titular, decidido a

recuperar sus funciones, como así lo había comunicado e hizo inmediatamente después de

terminado abruptamente el debate de la Sala de Justicia. El teniente general Gómez de

Salazar, sin embargo, se agarró desesperadamente, según cabe deducir, a un circunstancial

podrá que en ningún caso contraría el visible espíritu del legislador. Consciente como era de

las tensiones existentes en el seno del Consejo, a consecuencia del cese inesperado de los

dos consejeros suplentes y de la presión política desplegada en torno a la causa, el presidente

accidental debió dar una muestra de prudencia, la cual, de otra parte, hacían obligada los

artículos 120 y 121. ¿Por qué no ¡ó hizo? Cada cual puede pensar lo que quiera. Es evidente,

sin embargo, que esa falta de cautela desencadenó un gravísimo problema institucional, de

incalculables consecuencias.

Ismael MEDINA

 

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