Autor: Cabaleiro, Alfonso. 
 Elecciones gallegas. 
 Galicia una de las comunidades autónomas más "castigadas" por la política del PSOE  :   
 La Junta ha planteado 24 recursos de incostitucionalidad. 
 ABC.    25/11/1985.  Página: 29. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Galicia, una de las comunidades autónomas más «castigadas» por la política del PSOE

La Junta ha planteado 24 recursos de inconstitucionalidad

Santiago. Alfonso Cabaleiro

Si nos atenemos a las cifras y a las declaraciones de los políticos gallegos casi podríamos concluir que

Galicia ha sido una de las comunidades autónomas más «castigadas» por el Gobierno central. Como

señaló Fernández Albor a ABC, quizá no sea sólo un problema de socialismo, sino de un «Gobierno

centralista que no quiere perder cotas de poder, limitando el desarrollo de nuestros Estatutos de

autonomía». También ha definido la postura del Gobierno central como de «obstruccionismo infantil»,

que se concreta en la presentación de recursos de inconstitucionalidad y el entorpecimiento de

inauguraciones del Gobierno gallego con la presencia, incluso, de la Policía Nacional.

Hablábamos de curas para confirmar el calificativo y señalar en ese sentido que la Junta ha planteado 14

recursos de inconstitucionalidad y 24 conflictos positivos de competencia. Contra la Junta han sido

planteados cuatro recursos de inconstitucionalidad y 12 conflictos positivos de competencia.

Actualmente, en cuanto a recursos y conflictos pendientes, y dentro de los planteados por la Junta, son

dos conflictos positivos de competencia y ningún recurso de inconstitucionalidad. Contra la Junta está

pendiente un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia. Para el Gobierno

gallego han sido siempre temas de especial interés para la comunidad autónoma, en cuanto a sus

relaciones con el Gobierno central, ocho asuntos: la industria conservera, el buque cablero, los pasos

fronterizos a Portugal, la autopista del Atlántico, los accesos a Galicia, la Policía autónoma, la fábrica

ATT y el INEF.

De especial interés

Ha sido siempre alta la preocupación del sector conservero ante las condiciones de la entrada de España

en la CEE. La Junta siempre quiso que los aranceles fuesen eliminados recíprocamente entre España y el

resto de los países miembros desde el momento de la adhesión. España ha aceptado la eliminación por

tramos anuales de los aranceles y la situación puede afectar gravemente a Galicia, ya que Portugal y

Marruecos tienen con la CEE aranceles de 10 por 100 y cero, respectivamente. El Gobierno gallego

estimó que no fue suficientemente explicada la postura española y entendió que se debería volver a la

posición inicial.

La Compañía Telefónica tiene previsto construir un cablero de alta tecnología y un valor aproximado de

5.000 millones. Ante esto, el Gobierno gallego pidió al central que dicho buque se construya en un

astillero gallego, y concretamente en Vigo, por tener en esa ciudad Telefónica su central, así como por ser

este puerto base de los buques cableros de España.

Ha solicitado también continuamente el Gobierno gallego del Gobierno central la ampliación de los pasos

fronterizos entre España y Portugal, que se declare obra de interés general del Estado y utilidad pública la

terminación de la autopista del Atlántico -actualmente sólo en servicio los tramos Santiago-Coruña y

Pontevedra-Vigo-, clave para el desarrollo de Galicia. Así como la «precisa e inaplazable terminación

urgente de todo el acceso centro a Galicia, con compromiso de calendario y presupuesto del Estado para

los distintos tramos».

Aunque el Estatuto de autonomía la supedita a la aprobación de una ley orgánica, el problema de la

creación de una Policía autónoma gallega podría solucionarse transitoriamente para la Junta «si el

Ministerio del Interior pusiera a disposición de Galicia, del Gobierno gallego, y bajo su autoridad, las

Fuerzas de Seguridad precisas para realizar funciones de custodia y vigilancia de las sedes de las

instituciones autonómicas, así como de vigilancia en materia de pesca, marisqueo y cultivos marinos en

aguas interiores».

Los recursos de inconstitucionalidad planteados por la Junta de Galicia fueron contra preceptos de la ley

20/84, de 2 de agosto, sobre concesión de ayudas a empresas periodísticas y agencias informativas, contra

la ley de Regulación de Bases de Régimen Local -por discriminar a Galicia en lo referente a comarcas y

parroquias, y por prescindir de competencias de la comunidad autónoma- y contra la ley orgánica del

Poder Judicial -por cuestiones como las demarcaciones territoriales, Tribunal Superior de Justicia e

idioma-, en lo que se refiere a los planteados por la Consellería de la Presidencia.

La de Economía presentó tres recursos de inconstitucionalidad. El primero contra la ley de Porcentajes de

Participación de las Comunidades Autónomas en los Ingresos del Estado, por fijar porcentajes de

participación para el año 1985, cambiando unilateralmente los criterios de la Comisión Mixta de

Transferencias. El segundo contra los Presupuestos Generales del Estado para el año 1985 y, el tercero,

contra la ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.

Actualmente los conflictos pendientes, de los planteados por la Junta -recurso de inconstitucionalidad ya

no hay ninguno pendiente-, se refieren a la inspección y control, análisis y conservación de

estupefacientes y psicotropos, y al plan nacional de electrificación rural. Señalar, finalmente, tres

requerimientos de la Junta al Gobierno de la nación, que fueron estimados fundados. El más importante

de estos tres se refería a un real decreto de control de la intervención general de la Administración del

Estado en las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.

 

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