Amplio resumen de los ocho folios, a un espacio, de que consta el documento. 
 Esta es la sentencia favorable a Tejero     
 
 Diario 16.    15/10/1982.  Página: 6-7. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

Amplio resumen de los ocho folios, a un espacio, de que consta el documento

ESTA ES LA SENTENCIA FAVORABLE A TEJERO

Ni la Junta Electoral Provincial de Madrid, ni el ministerio fiscal que ostenta la representación pública y

la defensa de la l^aldad»¿cuestionan que el candidato Antonio Tejero Molina, presidente nacional de

Solidaridad Española» se encuentre en pleno uso de sus derechos políticos obstante su situación de

procesado por un delito de rebelión militar

La sala es consciente de la gravedad y trascendencia de los en la sentencia dictada por el Consejo

Supremo de Justicia Militar, pero también lo es del insoslayable deber que tiene de someter sus decisiones

al imperio de la ley

Declaramos la invalidez de exclusión Antonio Tejero Molina y> coM||íetttemerite, proá|tnamos al mismo

como E^panoÉ con el húmero uno déla lista presentada por este partido.

La sentencia emitida por la Sala Tercera de lo Con-tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de

Madrid, por la que se reconoce el derecho del teniente coronel Tejero, condenado por el Consejo

Supremo de Justicia Militar a treinta años de reclusión por el intento de golpe de Estado del 23-F, tiene un

total de ocho folios, escritos a un solo espacio, en los que se contienen cuatro resultandos, nueve

considerandos y el fallo.

El texto de la sentencia, al que ha tenido acceso Europa Press, es, en esencia, el siguiente:

El artículo 3.1, en relación con el 2.1, ambos del real decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas

Electorales, dice que serán elegibles todos los españoles mayores de edad, incluidos en el censo electoral

—con la dispensa que para este requisito establece el artículo 3.2 — que se hallen en el pleno uso de sus

derechos civiles y políticos, siempre que no se encuentren incursos en alguna de las causas de

¡nelegibilidad a que se refiere el artículo 4 de las mencionadas normas. Entre estas normas se encuentra la

contenida en el apartado 1 .d del indicato artículo, relativa a ¡os oficiales generales, jefes, oficiales,

suboficiales y clase de tropa de los tres Ejércitos, Policía Armada y Cuerpo de la Guardia Civil de

acuerdo con lo previsto en el real decreto-ley 10/1977, de 8 de febrero, que, con el propósito de mantener

la neutralidad de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto a las distintas opciones políticas,

prohibe, en su artículo 2.4, a quienes con carácter profesional formen parte de las mismas, entre otras

actividades, ejercer cargos públicos o aceptar candidaturas para los mismos cuando sean electivos y

tengan carácter político o sindical, salvo que, como se establece en su artículo 5, soliciten ,/ obtengan el

pase a !a situación de retirado, s¡ se trata de jefes, oficiales, suboficiales y clases profesionales, o a la

situación especial creada por el mencionado real decreto-ley, si se trata de oficiales generales.

Conformé ala Constitución

Esta regulación de la capacidad electoral pasiva, y concretamente en relación con los miembros de las

Fuerzas Armadas —añade la sentencia—, es en lo sustancial conforme con lo que posteriormente ha

venido a establecer la Constitución al proclamar en su artículo 68.5 el principio de que «son electores y

elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos», e igualmente con el

contenido mínimo que en materia de ineiegibilidades {en compatibilidades) de diputados y senadores

Impone e¡ articulo 70 del texto constitucional a la futura ley Electoral, en cuanto que ésta deberá

comprender, en todo caso, a los «militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Segundad y Policía en activo».

Ni la Junta Electoral Provincial, de Madrid, ni el ministerio fiscal que ostenta, a tenor del artículo 73.4 del

real decreto-ley 20/1977, la representación pública y la defensa de la legalidad cuestionan que el

candidato don Antonio Tejero Molina, presidente nacional de Solidaridad Española —asociación inscrita

por el Ministerio del Interior en el Registro de Partidos Políticos en 18 de agosto de 1982, al tomo I, folio

405, del libro de inscripciones— se encuentre en el pleno QQuso de sus derechos políticos, no obstante su

situación de procesado por un delito de rebelión militar en causa 2/81, en la que ha recaído sentencia

dictada por ei Consejo Supremo de Justicia Militar condenándole a la pena de treinta años de reclusión y

que ha sido recurrida ante e! Tribunal Supremo.

Es más —sigue la sentencia—, la Junta Electora!, al motivar la exclusión del mencionado candidato,

razona que no sería obstáculo a su proclamación la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia

Militar al no haber adquirido firmeza. Lo que sí se aprecia por la Junta, para negar capacidad electoral

pasiva al candidato excluido, es la concurrencia en él de una causa de inelegibilidad, concretamente,

continuar siendo miembro en activo de las Fuerzas Armadas por haberle sido denegada por el señor

ministro de Defensa, en resolución de 3 de septiembre último, su petición de pase a la situación de

retirado que impide, a juicio de la Junta, que pueda ser proclamado como candidato al Congreso de

ios Diputados, en íantc esta resolución no sea revocada.

No hay condicionamiento

El artículo 9.4 del rea! decreto 706/1977, al desarrollar el artículo 5 del real decreto-ley 10/1977, dice que

presentada la solicitud de pase a las situaciones previstas en el artículo 5 —retirado y situación especial—

se entenderá concedido el pase a la nueva situación al efecto de poder ejercer las actividades, cargos o

inclusión en candidaturas de carácter político o sindical, sin incurrir en responsabilidad, lo que queda

corroborado se repara en que el pase a la situación de retirado a petición propia no está sujeto a

condicionamiento legal alguno, como puede inferirse de los artículos 14 del real decreto 734/1979. de 9

de marzo, sobre situaciones militares, y 12 de la orden de 31 de julio de 1981, y a un rango normativo

superior de los artículos 211 y 223 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por ley

85/1978, de 28 de diciembre, el primero de los cuales es bien expresivo al decir que «todo militar que

acepte ser designado para e¡ desempleo de una función pública, se presente a elecciones para órganos re-

presentativos o participe de cualquier otro modo en la dirección de los asuntos públicos, pasará a la sitúa

ción que señale la ley, qu determinará los efectos qu por tal causa se derive para su carrera».

Entrando a examinar I legalidad del acto ministerial del 3 de septiembre de 1982 (por la que se denegaba

el pase a la situación de «retirado») ha quedado acreditada la ausencia d> condicionamiento lega

obstaculizante del pase a \¿ situación de «retirado» de candidato no proclamado pero no quedaría

complete el análisis de la legalidad di dicha resolución si no exa mináramos los argumento! que se

recogen en la moti vación de ésta y que no ha yan sido ya valorados come consecuencia de los razo

namientos anteriores:

Así, se invoca en el actc administrativo la situaciór de «procesado» y condenado del peticionario por e

Consejo Supremo de Justi cía Militar a la pena df treinta años de reclusión militar, cuya sentencia

h sido recurrida ante el Tribunal Supremo, para razón; que perdura la situación c procesado y que ella lle

(consigo el cese en los c; gos, mandos, destinos comisiones que desemp ñe aquél, efectos este que,

ciertamente, señale los artículos 9 del real dt creto 734/1979, 9 de ma¡ zo, y 11 de la orden de 3 de julio

de 1981, pero qut obviamente carecen d( efecto causal en relaciór con la petición deducida sin que

se revelen las razo nes jurídicas de estas cita; legales en relación con k decisión adoptada.

Se invoca también el artículo 182 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que impone a todc

militar un deber de neutra lidad frente a las distinta; opciones políticas o sindi cales con la consiguiente

prohibición a participar er actividades de esta naturaleza, pero se omite que e artículo 211 de las misma:

Reales Ordenanzas prescrisbe que todo militar qui acepte ser designado par, e! desempeño de una

función pública, se presente elecciones para cargos representativos —que es I que postulaba el

interesado— o participe de cualquier otro modo en la dirección de los asuntos públicos, pasará a la

situación que señale la ley.

Por último, conectando la condición de procesado del solicitante y la naturaleza del delito por el que

sido condenado con la re lición de pase, implícita explícita, a la situación de «retirado» para dedicarse a la

actividad política encabezando una candidatura para las próximas elecciones generales, se arguye que si

se accediera a lo pretendido se atentaría contra la propia esencia de las Fuerzas Armadas que, como dicen

los artículos 10y 3 de las Reales Ordenanzas, forman una institución disciplinada, jerarquizada y unida,

cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de la Patria, defender la integridad territorial y el

ordenamiento constitucional.

Se invocan razones de oportunidad

Cuando así se arguye, se están invocando, bajo la aparente cobertura de unos preceptos legales que

definen nuestras Fuerzas Armadas y fijan la misión de las mismas, razones de oportunidad política para

denegar el pase del peticionario a la situación de «retirado», con la consiguiente imposibilidad de

concurrir como candidato a las próximas elecciones generales, sin reparar que ía situación

administrativa solicitada es materia reglada, que está minuciosamente regulada cuando, como hemos

visto, el pase a ella se solicita para dedicarse a actividades políticas o para aceptar. candidaturas para

cargos públicos electivos.

La sala es consciente de la gravedad y trascendencia de los hechos que se imputan al teniente coronel de

la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, en la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia

Militar en la causa 2/81, pero también lo es del insoslayable deber que tiene, y que le impone el artículo

117.1 de la Constitución de someter sus decisiones al imperio de la ley, que impide el reconocimiento de

efectos a un acto administrativo que al discriminar a un candidato a las próximas elecciones generales

está viciado de nulidad radical como contrario a un derecho constitucional fundamental (sentencia del

Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 1981), el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la

Constitución que establece la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los cargos y fuciones

públicas, con los requisitos que señalen las leyes.

Como corolario de todo lo anterior —dice la sentencia—, es procedente concluir que el candidato al

Congreso de los Diputados por el partido Solidaridad Española pasó a la situación de retirado, a petición

propia, en la fecha en que interesó el pase a esta situación administrativa y como ésta, en cualquier caso,

fue anterior al 7 de septiembre de 1982, octavo día posterior a la publicación del real decreto de

convocatoria a elecciones generales («BOE» n° 207, de 30 de agosto), a que alude el artículo 4.3 del real

decreto-ley 20/1977, para la calificación de las causas de inelegibilidad, debió ser proclamado por la Junta

Electoral, por lo que al no haberlo sido procede estimar el presente recurso con los demás

pronunciamientos inherentes.

Fallo de la sentencia

El fallo de la sentencia dice textualmente: «Estimando el recurso contencioso-electoral interpuesto por el

procurador señor Murga, en nombre de Solidaridad Española, contra el acuerdo de la Junta Electoral

Provincial de Madrid, que excluyó de la candidatura presentada por dicho partido al Congreso de los

Diputados al candidato número uno de la lista presentada por don Antonio Tejero Molina, declaramos la

invalidez de su exclusión y consiguientemente proclamamos al mismo como candidato al Congreso de los

Diputados de Solidaridad Española con el número uno de la lista presentada por este partido; no hacemos

especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.

Comuniqúese inmediatamente esta sentencia, con remisión de certificación de la misma, a la Junta

Electoral Provincial de Madrid para que disponga la oportuna rectificación en la lista de candidatos al

Congreso de los Diputados por Solidaridad Española que fue proclamada, lleve a efecto las publicaciones

ordenadas en el artículo 33.3 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, y lo demás que proceda para

el cumplimiento de este fallo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

 

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