Autor: Contreras, Lorenzo. 
   Conflicto de jurisdicciones     
 
 ABC.    08/06/1986.  Página: 24. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

24, ABC

OPINIÓN

Cuaderno de notas

CONFLICTO DE JURISDICCIONES

LA campaña electoral viene tapando algunos asuntos de singular relieve. Entre ellos se cuenta ef de la

resistencia gubernativa a dar cumplimiento a una decisión judicial firme de la Audiencia Nacional, capaz

de piantear por primera vez en España un «conflicto de jurisdicciones» en el ámbito penal. Este conflicto

deberá ser resuelto por un organismo nuevo, concretamente la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo,

integrada por magistrados y consejeros del Estado.

El origen del conflicto se encuentra en la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Gilberto

Rodríguez Orejuda, formulada tanto por su país como por (os Estados Unidos. La Audiencia Nacional,

por razones complejas y diversas, acordó acceder a las peticiones de ambos países, si bien concediendo

prioridad a Colombia. Pues bien, en este momento el Gobierno español, por presiones policiales nor-

teamericanas, pretende evitar el cumplimiento de esa resolución judicial firme.

La Sala Especial de Conflictos de! Tribunal Supremo, antes mencionada, se reunirá el próximo día 9. Este

órgano colegiado fue creado por el artículo 38 de la ley Orgánica del Poder Judicial para decidir sobre las

cuestiones de competencia planteadas entre los Juzgados, Tribunales y la Administración. Hasta ahora

soto se había reunido para constituirse como Sala.

Durante el régimen anterior correspondía al jefe del Estado la decisión final en tos conflictos

jurisdiccionales. Ahora, con una Constitución democrática, esos conflictos han de ser resueltos por este

órgano colegiado, integrado por e! presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por cinco vocales,

concretamente dos magistrados de la Sata de los Contencioso-Administrativo, designados por el Pleno del

Consejo General del Poder Judicial (don Pedro Antonio Mateos García y don José Luis Ruiz Sánchez), y

los consejeros permanentes de Estado, don Gregorio Peces-Barba del Brío, don Landelino Lavilla Alsina

y don Miguel Vizcaíno Márquez. Actuará como secretario, sin voto, don Isidro Almonacid Hernández.

Como antes dijimos, es la primera vez que un conflicto de jurisdicción se plantea en el ámbito penal. A lo

largo de cien años de jurisprudencia de ^ conflictos jamás había ocurrido. Y precisamente por tratarse de

un asunto penal en el que, además, existe persona privada de libertad, se ha dado prioridad al conflicto

frente a otros ocho que, previamente, aguardaban resolución.

Este conflicto fue planteado por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, siguiendo

orientaciones del Ejecutivo. En la resolución judicial en la que se elevan las actuaciones a la presidencia

del Tribunal Supremo se califica dicho conflicto como «resistencia a cumplir lo acordado» por los

Tribunales. Incluso se habla en la resolución de «fraude de ley», como única manera de explicar las

últimas actitudes gubernamentales.

En efecto, y como al principio de esta crónica se apuntó, desde la detención de Gilberto Rodríguez

Orejuela han existido constantes presiones políticas y policiales norteamericanas sobre las autoridades

españolas para que dicho ciudadano colombiano sea «ex-traditado» a los Estados Unidos, pese a que la

solicitud de Colombia fue aceptada con preferencia, de manera reiterada y con carácter firme por los

Tribunales españoles.

La preferencia del Gobierno por los Estados Unidos puede tener una explicación. Se trataría de satisfacer

un concretísimo interés norteamericano por las actividades de Rodríguez Orejuela, en un asunto de

narcotráfico en el que podrían estar implicadas determinadas autoridades del actual régimen nicaragüense.

Lorenzo CONTRERAS

 

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