Autor: Pablo, F. L. De. 
 Elecciones autonómicas: Se tambalea el poder autonómico socialista. 
 El PSOE sólo mantiene la mayoría absoluta en Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha     
 
 Ya.    11/06/1987.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

JUEVES 11 DE JUNO DE 1987

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Carlos Garaícoechea, José María Cullell y Soledad Becerril, tres de los protagonistas de la jornada

electoral de ayer.

Se tambalea el poder autonómico socialista

El PSOE sólo mantiene la mayoría absoluta en Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha

Madrid/F. L. de Pablo

Pasadas las cuatro de la madrugada, ningún órgano uncial del Gobierno había completado los datos sobre

las elecciones a las comunidades autónomas, cuyo hecho fundamental es que el PSOE sólo conservaba la

mayoría absoluta en las comunidades autónomas de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha y las

perdía en todas las otras nueve en las que había gobernado en la anterior legislatura. Resaltaba la ausencia

de datos oficiales especialmente de las regiones de Canarias y Asturias, donde el PSOE puede resultar el

partido más votado, pero también necesitar el apoyo de otros partidos para mantener el gobierno de estas

regiones. Por su parte, Alianza Popular mejoraba sus resultados al mantener el gobierno de las

comunidades de Cantabria y Baleares y abrirse la posibilidad de formar gobierno en coalición en otras

regiones. Por ejemplo, en Castilla-León, donde Alianza Popular empata con el Partido Socialista y puede

llegar a un pacto con el Centro Democrático Social. En Valencia, también Alianza Popular podría formar

gobierno si pacta con Unión Valenciana y el CDS. Igualmente en la Comunidad de Madrid los últimos

datos reflejaban la posibilidad de que AP y CDS pudieran formar gobierno, ya que el PSOE mantenía la

mayoría en votos y escaños, pero estaba a punto de ser sobrepasado por AP y en todo caso Izquierda

Unida no obtenía los votos suficientes para formar gobierno con el PSOE. En Rioja también el PSOE

resultaba el primer partido, pero la posible coalición de AP y CDS le arrebataría el gobierno donde hasta

ahora el PSOE tenía mayoría absoluta. En Aragón, el Partido Aragonés Regionalista puede formar

gobierno con Alianza Popular sin necesidad del CDS. La situación más difícil se registraba en Navarra,

igual que ocurrió en el 83, donde el PSOE resultaba el partido más votado, seguido de UPN. quien podría

formar gobierno con Unión Demócrata Foral, Alianza Popular y el CDS.

Subir los techos

Por otra parte, las doce regiones con estatuto de régimen común y la foral de Navarra que ayer renovaron

sus parlamentos tienen dos objetivos prioritarios en su segunda legislatura autonómica: terminar de

asumir sus competencias, aplicar el mecanismo de financiación que se acordó el pasado año con el Estado

y no seguir aumentando la deuda que ya tienen, próxima al medio billón de pesetas en conjunto. Para e!

Estado, en cambio, además de completar ese proceso de traspasos en competencias básicas como las de

educación, sanidad o empleo, lo más urgente es lograr que los tres niveles de administraciones funcionen

sincronizadamente, que aumente la cooperación y colaboración entre los gobiernos municipales,

regionales y nacional. Lo impone el hecho de la descentralización de los ingresos y de los gastos, así

como la aplicación de la política europea. Pero el desequilibrio en los niveles de competencia que existen

entre las nacionalidades históricas, los regímenes forales de Euskadi y Navarra; los comunes de las demás

regiones, y los especiales de Canarias, Ceuta y Melilla, dan lugar a una desigualdad en el reparto de los

recursos y por tanto de los servicios que pueden prestar las distintas administraciones autonómicas. Una

desigualdad que, lejos de reducirse, ha aumentado en los últimos cuatro años.

Más desigualdad

Ese ha sido el principal fracaso de la estructura autonómica del Estado, debido no sólo a la mala

aplicación del Fondo de Compensación Interterritorial, sino a que no se ha utilizado éste para igualar el

nivel mínimo de prestación de los servicios que garantiza la Constitución. Es cierto que se han acercado

físicamente las administraciones al ciudadano, pero también que la mejora de Jos servicios que prestan

varían mucho de unas regiones a otras. Basta rodar por cualquier carretera para comprobarlo. Y si uno se

baja del coche y experimenta la calidad de los servicios públicos, es obvio que no son los mismos en las

dos Castillas que en Navarra o Cataluña.

Imitación del Estado

En cambio, sí se ha generalizado en todas las comunidades el afán de imitar en gastos a la

Administración central, tanto en su organización y boato como en sus instalaciones. El propio partido en

el poder hubo de llamar la atención a sus compañeros gobernantes de muchas autonomías por el aumento

indiscriminado del gasto institucional, simplemente para destacar ante los ciudadanos que existía otro

nivel de administración entre el Estado y los municipios. Pero los contribuyentes eran los mismos.

Mayor austeridad

Los propios costes iniciales de instalación, que eran imprescindibles y necesarios para poner en marcha

las nuevas administraciones regionales, han sido una carrera por el gasto. La prueba es que muchas

administraciones regionales se han llevado a los mejores funcionarios de la central, porque les pagan más.

Aparte de los casi 365.000 funcionarios transferidos, las nuevas administraciones regionales han creado

unos 35.000 nuevos puestos de trabajo que, en muchos casos, responden más al clientelismo político que

a las necesidades del servicio. La nueva legislatura autonómica exigirá la mayor austeridad en el gasto; la

definición de las relaciones de los gobiernos regionales con los de la provicia y el municipio, lo que

implicará la reordenación territorial y de funciones, de modo que las autonomías no traten de acaparar

competencias ¡ocales, igual que han intentado suplir las del Estado que no les habían sido transferidas. Y,

por último, las regiones han de aplicar y sugerir la política europea. En toda esa labor se podría dar un

mayor papel al Senado, a fin de que sirviera de instrumento para asegurar la lealtad constitucional,

propiciar la cooperación y colaboración entre administraciones, evitar los conflictos y garantizar ese

equilibrio interregional. Pero el PSOE no quiere dar esa función al Senado, la Cámara territorial, si

mantiene su hegemonía política y parlamentaría. Pretende que la cooperación y la colaboración

interadministrativa surja de las relaciones multilaterales Gobier-no-regiones-municipios. Una de las

cuestiones que la campaña electoral ha clarificadc es la asunción por todas las fuerzas políticas del hecho

autonómico. Así, prácticamente todas los partidos plantean en sus programas la elevación del techo

autonómico. Tanto Centro Democrático Social como Alianza Popular piden una igualación por arriba

de las competencias de todas las autonomías. El PSOE, por su parte, considen que el proceso debe ser

ralentizado y que se debe llegar hasta, donde marcan los diferentes estatutos, sin plantear ahora un nueva

revisión del Estado de la autonomías. Para los socialista dar ahora un nuevo impulso podría generar

problemas de duplicidades funcionariales y E nerar mayor gasto público.

 

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