Ante una nueva señal de alarma     
 
 ABC.    06/10/1982.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

U/ABC

OPINIÓN

MIÉRCOLES 6-10-82

Ante una nueva señal de alarma

La preparación de un golpe de fuerza contra la legalidad por parte de varios jefes militares es, en el plano

institucional, no sólo injustificable, sino carente, en un primer análisis, de circunstancias atenuantes que

puedan paliar la calificación gravísima del intento.

En el plano político urge aclarar varias cosas. Es necesario, en primer lugar, que la sociedad conozca si se

halla ante un episodio menor, sin organización, redes ni raíces. O si por el contrario nos encontramos ante

una conjura comparable a la que, el 23 de febrero de 1981, llevó a un trance crítico a España,

comprometiendo el funcionamiento mismo del Estado. Desarrollaremos brevemente estos dos puntos.

En el orden institucional es preciso salir de las frases hechas y de las imágenes literarias para definir de

una vez las instituciones con rigurosa precisión. Las Fuerzas Armadas son el instrumento de soberanía

con que la Nación se dota a sí misma para garantizar su independencia. Las funciones concretas de un

Ejército, en un país libre, son dos: una inmediata (que consiste en asegurar la integridad territorial) y otra

remota (garantizar, en última instancia, el cumplimiento de la ley y la Constitución).

Jugamos repetidamente con una dualidad que es al mismo tiempo una peligrosa contraposición: poder

militar y poder civil. Cuando lo cierto es que en un moderno Estado de Derecho no existe más poder que

el que dimana de la soberanía popular, distribuido por la Constitución entre las instituciones y órganos del

Estado. Podrá decirse que esto es una consideración jurídica, pero el Derecho debe aspirar a reflejar la

realidad, canalizándola en las normas. Mal papel constitucional desempeñan quienes pretenden atribuir al

Ejército un poder fáctico, ajeno en todu a su situación constitucional. De estas frases hechas («poder

fáctico», «poder militar») surgen gigantescos malentendidos que devienen, como en el caso español,

equívocos históricos.

Si se afirma que el Ejército es un «poder láctico», la espiral posterior es clara. De una parte, siempre

habrá alguien en el Ejército dispuesto a ejercer fácticamente este poder; y esto es algo que no deben

tolerar los órganos dotados de poder jurídico, ni los partidos que, en nuestro Constitución, «expresan el

pluralismo político». Porque, de otra parte, si admiten al Ejército como poder fáctico, se verán abocados a

aceptar su autonomía, y a ofrecerles pactos ?ara la realización de sus programas.

Y es claro que la autonomía no puede ser una característica de la institución militar, que por definición es

jerárquica y disciplinada. Baste recordar el ejemplo del Consejo de la Revolución portuguesa, que

institucionalizaba el poder militar con autonomía, para acabar en la democracia vigilada. Cuando algún

partido político habla de «pacto con las Fuerzas Armadas », olvida que en 1917 el Gobierno pactó con las

Juntas de Defensa, lo cual no sólo no acabó con el problema, sino que reconoció al poder que terminaría

por devorar la norma constitucional con el golpe de 1923.

Las Fuerzas Armadas no son ni deben ser un poder del Estado, sino precisamente el brazo armado del

poder del Estado. Todo lo que escapara a esta supeditación de las Fuerzas Armadas al tríptico orgánico

constitucional —Rey, Gobierno, Parlamento— transformaría a los Ejércitos en pura fuerza ilegítimp. * *

*

Atribuir poder autónomo desde el área civil a los Ejércitos es, además de reverencia adulatoria, convertir

al estamento militar en algo apartado, cerrado sobre sí mismo, superior y lejano respecto del conjunto de

la sociedad. Porque si una nación moderna no puede .vivir sin Fuerzas Armadas, hay un proceso mental

vicioso en quien, desde la órbita civil, otorga a la militar una condición de eje único, referencia y centro

de la vida colectiva. Una sociedad moderna tiene muchos ejes y muchas columnas vertebrales. El Ejército

es una pieza esencial, pero no la única. No está al margen, ni por encima, ni más allá de la sociedad, sino

que actúa como uno de sus tejidos vitales, encargado de la protección del cuerpo social. Que un grupo

militar, a quien la sociedad instruye, arma y mantiene, trate de subvertir la legalidad y secuestrar la

soberanía nacional por medio de un golpe de mano equivale a la amenaza del ingeniero que, en la famosa

ficción científica, quiso someter a todo un país desde su central nuclear. La pretensión de interrumpir en

una sociedad moderna una elección general con un golpe de fuerza es un motivo de alarma, pero es sobre

todo un inmenso despropósito. El abuso que comporta una pretensión así daña, en primer término, a la

colectividad militar. Porque en una democracia occidental, el Ejército, como los jueces, opera socialmente

como un paradigma: el colectivo militar se rige por unos supuestos éticos (lealtad, rectitud moral, aus-

teridad, valor personal, disciplina, jerarquía, obediencia) que le convierten en un conjunto de seguridades

sobre las que descansa la entera colectividad. Cuando la lealtad se transforma en deslealtad y la disciplina

en asalto al poder, la majestad del Estado tiene que ser contundente, no dubitativa. La última rebelión

armada en suelo europeo se produjo contra De Gaulle, que no era un antimilitarista. La energía, in-

mediatez y severidad de la respuesta, con la legitimidad nacional en la mano, contrastan con la

pusilanimidad surgida en el caso griego. Es necesario reflexionar sobre el «putch» de Argel, en 1962, y

compararlo con la iniciativa del coronel Papadopoulos en la Atenas de 1967.

* * *

Hasta aquí las reflexiones institucionales que un periódico como A B C se siente obligado a reiterar en

horas de inquietud e incompleta información.

Descendamos a la política diaria: en las investigaciones y en la transparencia informativa es preciso llegar

hasta el final. Hay que explicar públicamente si nos encontramos ante un grupo aislado, inexperto y

fanático, o ante una fría operación montada por especialistas de la toma técnica del poder. Esta última

hipótesis :—cuyo beneficiario último se nos escapa— desembocaría en un golpe de Estado con

liquidación instantánea de la Constitución, las libertades y la Corona. No se trata sólo de determinar si se

ha descubierto un eslabón conectado con la cadena de mando del 23 de febrero, sino de desentrañar la

eventual trama militar y civil que une estos acontecimientos con el permanente propósito de suprimir el

orden constitucional.

En otro frente de la política diaria, nos encontramos con que el nuevo proceso en marcha interfiere en un

momento electoral lleno de complejidades. La crisis económica y ia serena formulación de los programas

demandaban una elección presidida por la cordura y la normalidad democráticas. El nuevo proceso es un

elemento de distorsión, de crispación, de alarma y de inseguridad, que condiciona, para mal, la expresión

libre de la voluntad popular. La abrumadora mayoría que respeta a la institución militar como se le

respeta en una sociedad europea, vería con pánico la «galtierización» de este país, con su colorario de

represión, pobreza y aislamiento. Frente a ese peligro, y al ver de nuevo a la Monarquía democrática

amenazada, muchos españoles indecisos se inclinarán por el voto, por el cívico ejercicio del derecho a

elegir. Y presumiblemente por la opción que en horas inciertas traduzca mayor estabilidad, mejor y más

firme defensa de la libertad.

 

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